El Gobierno de Fernando Clavijo tiene problemas, comete errores y demuestra improvisaciones e inconsecuencias, pero curiosamente la oposición -descartado el Partido Popular, que se encuentra en un estado de momificación casi perfecta y solo se opone a sí mismo- prefiere utilizar criterios imaginarios para fiscalizar la acción del Ejecutivo. Su particular empecinamiento consiste en insistir -con una tozudez admirable y previa incluso a la investidura presidencial- en que Clavijo era un señor muy de derechas, recalcitrantemente de derechas, amén de insularista hasta las orejas. La apuesta general entre romanistas -los de Nueva Canarias- y emergentes -Podemos y Ciudadanos- es que Coalición Canaria pactaría a toda velocidad con el PP. Pero, maldita sea, no lo hizo. Los coalicioneros, pese a tensiones internas que han resuelto entre regular y pésimamente, cerraron un acuerdo con el PSC-PSOE con Patricia Hernández -que en la organización socialista no es conocida por blandenguerías- como vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales. Maldita sea, de nuevo. Pero, en fin, siempre queda el procedimiento de señalar que a los socialistas a) los engañan, b) se los vacilan, c) no pintan nada en el Gobierno, d) son completa o parcialmente idiotas, e) carecen de sentido político, de dignidad moral, de olfato táctico o estratégico. Nada que ver, en fin, con un prodigio como José Miguel Pérez, no sé si lo recordarán, un individuo que fue vicepresidente del Gobierno regional y que -según murmuran las leyendas- continúa ocupando la Secretaría General del PSC-PSOE, pero al que no se le conoce una palabra sobre absolutamente nada de lo ocurrido dentro o fuera de Canarias en los últimos ocho meses. Claro que antes tampoco hablaba mucho. Tampoco hacía mayor cosa.
El anteproyecto de la nueva Ley del Suelo ha supuesto otra oportunidad para evitar el engorro de hacer oposición por el procedimiento de calificarla como "regresiva" y de caricaturizar a Clavijo como un tenebroso aliado de los despiadados constructores isleños. Cualquier ciudadano con un mínimo de interés en este asunto -por no hablar de juristas y urbanistas- saben que la gestión del territorio en Canarias se puede ejemplificar actualmente como un bloqueo normativo perfecto. Hablan de la Cotmac como de la Comunión de los Santos, sin reparar en que bajo el mero y mixto imperio de la Cotmac, entre la última década del siglo XX y la primera del XXI se cometieron los mayores disparates urbanísticos en las costas isleñas. Como señaló atinadamente Hugo Luengo en un reciente artículo, la maraña normativa y reglamentaria ha transformado la Cotmac en inoperante y aprobar un mísero Plan Parcial obliga a cumplir, revisar, continuar más de una veintena de leyes, reglamentos y planes. Desbrozar esta disparatada maleza normativa sin socavar la seguridad jurídica es el objetivo de la nueva Ley del Suelo que, sin embargo, presente aspectos técnicos mejorables, en los que debería centrarse la oposición. Pero el anteproyecto legislativo del equipo de Clavijo no supone -sería interesante que alguien demostrase argumental y técnicamente lo contrario- la justificación leguleya para una explotación del suelo sin limitaciones. Supone una pequeña novedad: entrar a legislar y gobernar donde es imprescindible, es decir, asumir riesgos. Y necesitamos que políticamente lo hagan así todas las fuerzas parlamentarias en un asunto que tiene una importancia estratégica para este país.
