Estos días se cumple el primer año de la constitución de los gobiernos salidos de las elecciones autonómicas, insulares y locales. Un año que ha resultado en particular difícil para mantener la estabilidad política de las instituciones canarias y, por lo tanto, complicado para calibrar la eficacia y eficiencia en la gestión. Sin duda, la inestabilidad política estatal, en un periodo de vaivenes e incertidumbres, no ha ayudado. Y, lógicamente, en un periodo así no resultaba fácil mantener el buen funcionamiento de las administraciones canarias por parte de los nuevos equipos de gobierno surgidos de los comicios de mayo de 2015.

En cualquier caso estas circunstancias -la provisionalidad del Gobierno español y una anterior legislatura fallida - no deben servir como excusa para camuflar errores, tapar ineficiencias o esconder desvergüenzas propias. Mas bien es un argumento -legítimo, pero no único- que se puede exponer como un condicionante externo, aunque no por eso menor en el devenir político canario durante el último año. Aunque no todo son causas ajenas, ni todos los males proceden de fuera, ni se puede echar la culpa de los errores políticos propios a Madrid para perdonar o camuflar las frustraciones, torpezas y fallos internos, como si en los ayuntamientos, cabildos y Gobierno regional bastara con los buenos propósitos -faltaría más- para sacar al menos un aprobado en este primer año de gestión.

Los grandes asuntos canarios que han estado bloqueados en el último periodo del gobierno del Partido Popular aún siguen parados como consecuencia del largo periodo en el que estamos de gobierno en funciones. Así están paralizadas cuestiones tan importantes para Canarias como la reforma del modelo de financiación autonómica, que aporta recursos imprescindibles para la mejora de nuestro sistema educativo y sanitario, el Plan de Infraestructuras, que necesita también ser renovado para incentivar la inversión pública e impulsar los planes de empleo, y, en tercer lugar, la reforma del Régimen Económico y Fiscal, que resulta esencial para avanzar hacia un nuevo modelo que reequilibre y modernice la economía canaria.

Queda pendiente la inclusión de la denominada agenda canaria que el candidato a la presidencia de Gobierno por el PP, Mariano Rajoy, se ha comprometido a incorporar a su programa en caso de obtener la mayoría suficiente en el Congreso con el minoritario pero influyente voto de la diputada de CC, Ana Oramas, que puede rentabilizar al máximo el paradójico resultado electoral conseguido por los nacionalistas canarios en el que con tan poco pueden lograr tanto. Habituados a moverse en unas coordenadas que ocupan el centro del terreno político, de su capacidad estratégica para virar con mesura, habilidad y templanza a izquierda o derecha y aglutinar en torno suyo las demandas para arrancar el mayor compromiso del Gobierno con las Islas depende en buena parte el inicio de la reconstrucción política que CC se propone a partir de otoño.

Esas nuevas señas de identidad que buscan los nacionalistas canarios - en el que por un lado aparece la reminiscencia de un pasado esplendoroso con poder en Madrid a través de un grupo parlamentario propio y la traumática ruptura interna y por otro el nacimiento de un nuevo proyecto que aún está en la probeta - las pueden encontrar, al menos algunos genotipos, en las próximas semanas en función del devenir político nacional y su capacidad de influencia en la estabilidad del nuevo Ejecutivo.

A pesar de la preocupante parálisis en el Ejecutivo nacional arrastrada desde diciembre y que conduce al estancamiento, el nuevo Gobierno de Canarias ha realizado notables esfuerzos -es innegable- para impulsar y dinamizar la acción política, sobre todo si se compara con el último periodo de la legislatura anterior, aunque en este caso la comparativa con sus predecesores en nada ayuda a los actuales. Aunque es cierto que siempre se puede empeorar la situación, la paupérrima herencia recibida ya se revaloriza con poco que se hagan bien las cosas. Y aunque las buenas intenciones son encomiables, a un Gobierno se le debe examinar por algo más que por algo a lo que está obligado como es el diálogo con la oposición y el máximo consenso social en las grandes reformas legales. La mayor trampa en la que puede caer el Gobierno regional que preside Clavijo es la de mirarse en el espejo de su antecesor para examinarse. Si todas las comparaciones son odiosas en este caso son además engañosas. La imagen que refleja ese espejo es, sin duda, muy favorecedora, pero equívoca porque el anterior modelo no era en especial muy atractivo.

Es un hecho que hay un nuevo estilo, como también un propósito evidente de evitar la confrontación, transitar por los terrenos más suaves y propiciar un gran consenso social entorno a los proyectos estratégicos de esta legislatura así como una necesitada apertura a más sectores sociales, empresariales y económicos tras una clara pérdida de conexión con la realidad exterior durante el anterior mandato. Nadie lo duda, pero a quien gobierna se le presupone no sólo entrega y dedicación sino también valentía para asumir los retos impuestos tras transcurrir un periodo más que suficiente para tratar de encontrar el máximo respaldo a las trascendentales reformas y cambios legislativos que se ha propuesto el Gobierno regional sacar adelante durante este mandato. Ser prudente de más es tan malo como no serlo.

Una de las claves del éxito es concentrarse en una idea fundamental: que la obligación de los gobiernos es resolver los problemas de los ciudadanos y no enredarse en debates ideológicos, que muchas veces expresan solo luchas de poder y conflictos inútiles entre los partidos. De ahí que haya sido meritorio por un lado la cohesión interna lograda en algunos ayuntamientos de la Isla y el Cabildo de Gran Canaria ante la más que evidente preocupación tanto de los mismos miembros de los partidos que conformaron estas alianzas como de buena parte de la opinión pública ante un posible desgobierno como consecuencia de unos equilibrios internos cuya capacidad de resistencia y lealtad estaba por probar, pero, por otro lado, la propia idiosincrasia de estos equipos heterodoxos les lleva a veces a sacrificar el interés general por la estabilidad del pacto y los contrapesos domésticos.

Este año nos está enseñando que Canarias necesita a toda una nueva generación de jóvenes políticos, que están avanzando, aprendiendo y madurando, en el que la inexperiencia con la que accedieron a los cargos es una ventaja porque no arrastran los viejos vicios, pero el propio ejercicio del poder actúa como un atractivo y absorbente agujero negro de tentaciones en el que pueden quedar atrapados si no mantienen una prudente distancia. Solo terminarán de lograr la plena madurez si saben interpretar y gestionar los grandes retos de nuestras islas, junto a los difíciles desafíos que va a afrontar el Archipiélago canario en las próximas décadas