Finalizado el primer curso académico del nuevo ejecutivo canario con Soledad Monzón al frente de la Consejería de Educación y Universidades llega el momento de hacer balance. Tras las elecciones autonómicas del pasado año, nos pusimos en contacto con los responsables del área de educación de los diferentes cabildos de la provincia de Las Palmas así como con los responsables autonómicos y, más recientemente, mantuvimos una reunión con el Presidente del Gobierno de Canarias, D. Fernando Clavijo. En este encuentro, reunidos representantes de estudiantes de las dos universidades canarias, le trasladamos al presidente las demandas de nuestro colectivo y, de éstas, se han puesto dos en funcionamiento. La primera de ellas era la necesidad de fraccionar el pago de las matrículas en más plazos demandando que se aumentaran de 4 a 10. Finalmente el Gobierno aumenta, para el próximo curso, estos plazos a 6. Cumplimiento parcial. La segunda, una reivindicación histórica de este consejo; poner en marcha la preinscripción única para las dos universidades canarias que sí se ha cumplido.
Sin embargo, analizando y haciendo balance, quedan muchas cuentas pendientes de este gobierno con la Universidad que esperamos puedan irse resolviendo en los próximos meses. Seguimos situados a la cola de los rankings. Pero nadie se sorprende y, lo peor, nadie se sonroja. Lo vemos normal, algo habitual. Para mejorar en estos es vital que el gobierno regional entienda, de una vez por todas, que la investigación (y por tanto la inversión) y el desarrollo son vitales para el crecimiento, no sólo de las universidades, que también, sino de toda la sociedad en su conjunto. (También es necesario que entendamos dentro de la universidad que hay que ser más competitivos con nuestros títulos y cambiar el modelo, pero eso será en otro artículo).
Se hace necesaria, al igual que hace un año, una bajada de tasas generalizada. Sobre todo en las segundas y terceras matriculaciones. No puede ser que un estudiante de Enfermería pague 140 euros por la matrícula de una asignatura y que la tercera matrícula de la misma asignatura le salga casi 3 veces más: 400 euros. Y ese es el caso en el que le quede una sola asignatura. Imagínese si son dos, o tres. Por supuesto, es necesario también bajar las tasas de los másteres habilitantes. Recordemos, son másteres obligados para desarrollar profesiones tales como la de abogado.
También hay que hacer frente al sobrecoste que se produce cuando un estudiante reside en municipios alejados de la capital. Las becas no son suficiente, y para el que no las tiene el transporte se le hace cuesta arriba (nunca mejor dicho). Por ello, habría que regular, o compensar, el transporte insular dentro de la isla de Gran Canaria, para que los estudiantes de Santa Lucía, Agaete, Moya o San Bartolomé, no vean trabas económicas en su transporte diario al centro de estudios. Y si hablamos de transporte, es inevitable mencionar un tema vox populi en Canarias: el alto coste de los vuelos interinsulares que afectan a los estudiantes de islas no capitalinas.
Por otra parte, necesitamos una partida de becas específicas para la obtención de competencias idiomáticas. Seguiremos reivindicándolas hasta conseguirlas. No podemos entender cómo el gobierno exige que las universidades impartan determinado porcentaje de las materias en inglés para lo cual el estudiante debe salir del título con un nivel B1 y no facilita ayudas para que aquellos con menos recursos puedan pagarse una academia. (El Aula de Idiomas de la ULPGC, por ejemplo, sale a razón de 400 euros por cuatrimestre, 800 euros el curso). En este punto sería necesario que los profesores también contaran con formación específica en inglés. Se hace curioso que el gobierno exija que ese porcentaje de créditos se imparta en inglés y que sin embargo en muchas ocasiones no se cuente con el personal preparado para dicha labor. Nuestra Universidad, a pesar de ser joven, tiene edificios muy antiguos y en claro estado de deterioro. Por eso se hace necesario que el Gobierno disponga de una partida presupuestaria para que los estudiantes (y los docentes, por supuesto) puedan realizar su labor en lugares aptos. Lugares en los que no sea necesario dar clases en el pasillo por el calor en verano o dejar algunas sillas vacías por las goteras en invierno. En conclusión tenemos un gran problema de recursos económicos que sería solventado, en parte, con un nuevo modelo de financiación para las universidades en el que se debe trabajar intensamente de cara a los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Y en este punto no podemos evitar hablar del desequilibrio existente en financiación entre la Universidad de La Laguna y la nuestra. Necesitamos un equilibrio real. Necesitamos liquidar las cuentas pendientes con la Universidad.
(*) Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
