La oficina estadística europea considera a cualquier persona que esté en riesgo de pobreza a las que reciben ayudas sociales, las que tenga "privaciones materiales severas" o viva en "hogares con baja intensidad laboral". El porcentaje de europeos incluidos en, al menos, uno de esos tres casos, subió constantemente desde 2009 hasta 2012, hasta superar el 25% de la población, uno de cada cuatro ciudadanos. En Europa hay pobreza, 119 millones de europeos están en "riesgo de pobreza o exclusión social". Estas cifras del letargo nos deben hacer despertar. Insisto, en estos ocho años, la cifra de exclusión ha aumentado en 15 de los estados miembros (no hay datos disponibles para todos) siendo Grecia, Chipre y España los más afectados. En cambio, en el Este se han visto los mayores descensos, sobre todo en Polonia, Rumanía y Bulgaria, que pese a liderar el ranking negativo van claramente a mejor. En España hay tres millones más (13 millones) de personas en riesgo de exclusión social en relación al 2008. Y la situación más grave la viven más de 3,5 millones de personas en situación de pobreza severa, es decir, por debajo del umbral del 30% de la mediana de la renta (333,8 euros mensuales para un hogar de una sola persona). ¿Tendra este hecho correlación con el ascenso de las opciones mas conservadoras en los estados nacionales de Europa?
Un tercio de la población en Canarias está en situación de exclusión social y un 27% en desempleo. En nuestra tierra hay 215.000 personas que viven en la pobreza severa y el 37 por ciento de la población está en riesgo de exclusión social, lo que constituye una situación drástica y preocupante. Y el Parlamento se esfuerza -a empujones mediaticos- en aprobar sus sucesivos planes de erradicación de la pobreza y la exclusión social y el Diputado del Común en informar de forma exhaustiva a sus señorías. A todas luces, si los números hablan y las cifras gobiernan la toma de decisiones razonadas, es evidente que las mejoras son insuficientes. Las medidas paliativas incorporadas al gasto en las políticas de bienestar en el ejercicio presupuestario del 2016, aunque ha aumentado en más de 118 millones de euros con respecto a ejercicio del 2015, no modifica los indicadores aunque si inciden solo en algún tiempo en la vida de las personas. Que vivencialmente no es poco. Luego se reabrirá de nuevo el debate seguramente. Digamos que hay mejoras pero no cambio a pesar de los sucesivos planes. Sabemos que el cambio esencial no es mover mejor las ayudas de la gestión administrativa de las políticas sociales. Eso solo es corregir lo que se ha echo mal.
Y sí sabemos que básicamente los problemas estructurales de la economía canaria y sus políticas económicas están rela-cionados con el desempleo crónico, la falta de diversificación, los bajos salarios, la elevada tasa de temporalidad, la escasa competitividad de las empresas canarias, alta tasa de abandono escolar, la escasa formación. Y que, desde el año 1998 la pobreza tiene rostro de mujer, de familia monoparental -en España más de uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y/o exclusión social- y de discapacidad. ¿Por qué no se ha sabido atajar el problema? Es fácil preguntarse si cuando cada área del gobierno elabora sus políticas tiene presente su responsabilidad en ser el gobierno también para estas personas, como gustan reclamarse. Por ejemplo ¿las políticas en otras áreas del gobierno inciden en las perdida de salud, como consecuencia de los determinantes sociales (desempleo, pobreza, hacinamiento, desnutrición, emigración), y las políticas de salud deberían tener programas dirigimos a mejorar la salud de personas en exclusión? Entonces, seguro que apreciaríamos cambios, no solo tibias mejoras.
Por ello, parece cierto que la pobreza llego para no irse. Es insuficiente a todas luces estar satisfechos con aumentar el gasto destinado a estos sectores, como si ellos fueran subjetivamente los responsables y ofrecer más dinero al tercer sector para gestionarla de forma infinita. La responsabilidad recae en las políticas públicas que se ejercen en la democracia. Así, las directrices económicas de distribución de renta, de protección del empleo, de condiciones laborales conllevan decisiones ciudadanas tan variadas que pueden iniciar procesos de emigración / inmigración, adquisición o perdida de bienes inmuebles según niveles de renta y un largo etc, dificultades o fortalezas que pueden acarrear procesos de inclusión o exclusión social. Por ello, después de tantos y variados planes contra la exclusión social, este archipiélago no ha tenido efectos sostenidos en los cambios estructurales. O los planes son maquillajes o las políticas públicas siguen sin cambios. Las mejoras no indican transformación. Y ya van varios planes, cuántos hacen falta para el cambio, Imposible cálculo porque el cambio no viene por los planes que se colocan fuera o a un lado de las estratégicas decisiones de la política. Al parecer, los gobiernos para ser conscientes de esta problemática necesitan un comisionado, palabra en estos tiempos muy denostada, cuya misión esperamos que no se reduzca a intermediario de un nuevo negocio. La debilidad democrática de esta tierra no depende de la reforma electoral, que también, pero sobre todo, porque hay un número considerable de canarios y sus hijos que no disfrutan de los beneficios alcanzados por sus vecinos. Me viene a la memoria que hace años la OCDE hizo público en una cumbre celebrada en Santiago de Chile con asistencia de jefes de Estado latinoamericanos, un exhaustivo informe cuya idea central era que "la pobreza pone en riesgo la democracia". Para quien desee entenderlo.
(*) Profesor titular de Psiquiatría de la ULL
