2016 ha sido sin duda el año de la reforma electoral, no por todo lo mucho conseguido, sino por lo profundo que ha interiorizado la sociedad Canaria la injusticia de nuestro sistema que adscribe de forma tan desproporcionada el voto a la elección de nuestros representantes canarios, de toda Canarias, según la isla de residencia; y, sobre todo, por las consecuencias políticas y sociales que ocasiona. Como botón de muestra, la profunda crisis política e institucional actual derivada de la distribución del Fondo de Solidaridad de Canarias, germen de la ruptura de Pacto de Gobierno en Canarias.
La reforma electoral es mucho más que una redistribución de los votos en escaños: rompe la estructura de reparto de poder en Canarias vigente en los últimos treinta años, genera mayor justicia y calidad democrática en una mayoría, pero también sensación de despojo en muchas minorías. Trasciende el mero ámbito político y colisiona en la vertebración social de una región distante en el territorio interior y poco cohesionada.
Por tanto el proceso de reforma produce a la par que anhelos y voluntades, grandes dosis de dudas. Y los procesos sociales fructifican no por lo elevado o benéfico de sus objetivos, sino por la propia gestión del proceso en si, que pasa irremediable por el análisis de sus riesgos. Detectar y gestionar los riesgos es un componente esencial para seguir profundizando en el proceso con garantías.
En primer lugar el proceso, como movimiento social, no puede nutrirse exclusivamente de la bienintencionada, y necesaria, justicia democrática y la voluntad de la mayoría social, sino que además debe ser integradora. Hay que esforzarse en comunicar, en seducir a los desafectos, y sobre todo, en escuchar las dudas de los que no desean cambios, aportar soluciones a cada inquietud concreta y generar el sosiego necesario.
En otro orden, uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la triple paridad que iguala en representación a ambas provincias, por un lado; dentro de una provincia iguala a la isla capitalina con la suma de las restantes; e iguala en tercer lugar a las dos islas capitalinas con las islas periféricas. La triple paridad es una aberración, un enorme disparate que no se sostiene bajo ningún criterio objetivo de orden histórico, geopolítico o humano. Pero es nuestro disparate, asumido legalmente por el Tribunal Constitucional y muro de contención de todo tipo de malas praxis, cuchilladas políticas y procesos autodestructivos que periódicamente nos provocamos los canarios. Es un bozal que nos quita capacidad y personalidad. Quitar el bozal no vuelve al perro rabioso, pero es conveniente sujetar bien al perro cuando le quitemos el bozal, observarlo y tener preparadas, con mucha mano izquierda, las derivas negativas. Debemos conseguir un sistema más justo, pero también un marco de convivencia estable y ampliamente aceptado.
Otro de los aspectos preocupantes del proceso de reforma electoral es la teoría del despojo. No hay chiquillo más llorón y perretoso que aquel que, recogiendo a manos llenas un montón de chuches de la piñata, ve que irremediablemente, se le va escurriendo una piruleta por un lado y un pito por el otro. Cualquier redistribución de escaños, por muy justa que sea, si se puede interpretar por los radicales como un despojo, va a generar una fuerte desafección en amplias capas de la población y peor aún, será el dedo que señale a los moderados como infieles a su isla.
Las soluciones algebraicas, de simple resta en unas circunscripción y suma en otras están abocadas al fracaso. Bajo el punto de vista del análisis de riesgo parece adecuada la propuesta de Demócratas por el Cambio, de suma de restos, o la propuesta de una nueva circunscripción regional, que en cualquier caso, resta a todas y cada una de las circunscripciones actuales.
