Suscríbete

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

AL AZAR

La Audiencia está de rebajas

La idea de que Cristina de Borbón ha de volver a recibir dinero tras la sentencia de Nóos, en pago de costas y de una parte de la suma que adelantó, es jurídicamente irreprochable pero socialmente estrafalaria. La hermana del Rey cobró personalmente cientos de miles de euros públicos de una banda de la que su figura principesca constituía el principal señuelo, según confirmó reiteradamente el entonces president Jaume Matas como líder de los dadivosos. La Infanta ingresaba las cantidades en una sociedad de la que participaba al cincuenta por ciento. Se sobreentiende que una integrante de la Familia Real dispone de métodos y razones para averiguar de dónde proviene el río de dinero que maneja.

Después de un barullo de ocho meses, con riñas intestinas que no hubieran desentonado entre adolescentes, el tribunal que sentó a la Infanta en el banquillo la desentiende de la sentencia. Surge aquí un minúsculo problema histórico. Sin Cristina de Borbón, no hay caso. De nuevo, se trata de un texto impecable para marcianos, que no vivieran las circunstancias en las que se vio atrapada Mallorca entre los años 2003 y 2007.

Con un antidemócrata como el ministro Catalá al frente de Justicia, nadie dudará de que existe algo llamado política judicial. En esta línea, la Audiencia de Palma se distancia con el fallo de una línea en el combate contra la corrupción que le ha ganado un prestigio estatal. Modifica sus criterios para aproximarse al complaciente Tribunal Superior.

Matas confiesa ante Jordi Évole y ante Pedro Horrach para cinco años, y se queda con tres. Se convierte en el político más condenado de la historia de España, pero a la baja. El fiscal reclamaba 18 años para Urdangarin. Encoge a seis años y tres meses, donde se incluyen los correspondientes a su esposa.

La Audiencia está de rebajas. Ha repelado con tanto esmero a Urdangarin que lo sitúa por debajo en años de Diego Torres. Se llega así a la segunda incongruencia histórica. Narrar el Instituto Nóos sin el concurso majestuoso de la Infanta, resulta improductivo por fantasioso. Ahora bien, colocar al gerente o contable de ego hipertrofiado al frente de la banda, no admite ninguna compatibilidad con la realidad.

Diego Torres no hubiera obtenido por su cuenta ni un solo euro. Los seis millones recaudados por la banda a cambio de trabajos imaginarios se explican por la utilización de miembros de la Familia Real. La Infanta figura en destacadísima posición en el aparato publicitario del Instituto. Es cierto que no acudía a limpiar las oficinas de la lucrativa empresa, pero la albergó en su domicilio.

Domina en la sentencia una pretensión de hacer justicia dejando las cosas como están. La voluntad quirúrgica se ajusta a un robagallinas de poca monta, pero el saqueo de Nóos hunde sus raíces en las vísceras del Estado. O se afronta o se rechaza, pero no se bordea con una exculpación de la Infanta donde el tribunal se queda a un paso de exigir la reposición en el trono de Juan Carlos de Borbón. Por fortuna, la resolución judicial no puede interrumpir la historia, aunque sí aportarle unas gotas de humor. Por ejemplo al proclamar la utilidad de los foros basura para Mallorca.

El plebeyo Urdangarin no es responsable de lo que haga Cristina de Borbón. En cambio, Cristina de Borbón es responsable de lo que haga su esposo. Cualquier interpretación alternativa no solo incumple con la visión constitucional, sino que incurre en un machismo galopante y que sorprende de modo especial en un tribunal compuesto íntegramente por mujeres.

Ha tenido que ser Felipe VI quien advirtiera que la verdadera responsable del tinglado es Cristina de Borbón. Al suprimirle el título de Duquesa de Palma que su esposo solo disfruta en calidad de consorte, el Rey estaba suscribiendo el daño causado a la corona por su propia hermana. En esta amputación fraternal, se mostró más duro y también más exacto que el tribunal.

La posición subordinada y si se quiere parasitaria, por atender al criterio de la Zarzuela, de Iñaki Urdangarin se detecta en los efectos secundarios del escándalo. Durante la instrucción y el juicio, hasta el mismo día de la condena, el balonmanista ha fijado su residencia nada menos que en Suiza. O en cualquier otro país, porque nunca se ha adoptado la medida cautelar de privarle del pasaporte cuando pesaba sobre su egregia persona una petición de 18 años de cárcel. Al margen de constatar una desproporción pagada con fondos públicos en la escolta policial, ¿alguien cree que este trato favorable lo debe a su identidad, y no a su matrimonio vigente con Cristina de Borbón? Solo a partir de aquí puede empezase a analizar la influencia de los miembros del Instituto Nóos.

En el pugilato que ha perfilado el proceso, nadie podrá acusar al tribunal de haberse decantado por el instructor José Castro o el fiscal Pedro Horrach. Desacredita los autos del juez al sacar a la Infanta de la lista de condenados, pero al mismo tiempo desinfla muy sensiblemente las pretensiones acusatorias. Durante el juicio, la relación de la presidenta y ponente con el fiscal superó los límites de la fricción diplomática.

Probablemente es injusto ceñir la sentencia a la figura de Cristina de Borbón. Sin embargo, la presencia de la Infanta en Nóos genera un vuelco en la Jefatura del Estado. Por ella han arriesgado su prestigio figuras intachables. Ni siquiera su absolución puede empeorar el daño que ya ha causado.

Atizarle a Manos Limpias es demasiado fácil, dadas las circunstancias. El mérito queda reservado a quienes se enfrentan a los poderes fácticos, una corriente inaugurada por la Audiencia y que se ha visto bruscamente interrumpida.

La próxima vez que escuche a un abogado de corruptos pontificando ante un micrófono sobre la "presión mediática" en el caso Infanta, pregúntele cuánto cobra por defender a miembros de bandas saqueadoras de fondos públicos. A continuación, compare con el salario del informador que el letrado tiene enfrente.

Compartir el artículo

stats