Cristóbal Montoro tiene aire de elfo de los presupuestos, de duende que remueve la marmita de los números para que cuadren. O para que parezca que cuadran. Se intuye que hay algo de truco en los números del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, según han dado a entender el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y hasta FAES (fundación-refugio de José María Aznar) en sus comentarios sobre las cuentas, para las que busca apoyos parlamentarios el Gobierno. La magia, dicen, está como otras veces en los ingresos.

El potingue presupuestario parece elaborado siguiendo una receta estudiada para encajar las exigencias de Europa sobre reducción del déficit y la necesidad de complejas negociaciones políticas domésticas para aprobar el proyecto en el Parlamento. España tiene que rebajar su déficit del equivalente al 4,5% del producto interior bruto (PIB) registrado en 2016 al 3,1%: cerca de 16.000 millones de euros de ajuste, sea por la vía de mejorar los ingresos o de reducir los gastos. Teniendo como tiene el PP que ganarse el apoyo de una parte de la oposición, mal podría conseguir esas complicidades con un presupuesto abiertamente recortador, así que, como también en 2016, Mariano Rajoy y su duende Montoro han presupuestado un excepcional aumento de los ingresos vía impuestos y cotizaciones sociales conectado al crecimiento de nuevo vigoroso que va a tener el PIB.

Aun considerando que la economía vaya a crecer en torno al 3% (por encima de las previsiones) y que el Gobierno tendrá ayuda de la inflación en su misión recaudadora, cada institución que comparece en el Congreso para valorar los presupuestos cuestiona el "exceso de optimismo" de las previsiones de crecimiento de los ingresos: 7,9% en los procedentes de los impuestos (sobre todo del IRPF) y 6,3% en las cotizaciones. El Banco de España emplea siempre la mesura en sus alusiones públicas a la política económica, de modo que el hecho de que su gobernador, Luis María Linde, haya criticado la previsión de ingresos al comparecer en el Congreso es señal de que los números de Montoro han sonado abracadabrantes puertas adentro de la sede financiera del número 48 de la madrileña calle del Alcalá.

Piénsese en que, con un crecimiento del PIB del 3,2%, la recaudación por cotizaciones sociales creció el 2,98% el pasado año, la mitad de lo que se proyecta para 2017, y que tales ingresos ya presentaron entonces un desfase de 13.500 millones respecto a lo presupuestado. Así que para que se cumpla el conjuro de los ingresos tendría que producirse, por ejemplo, un incremento del empleo significativamente mayor que el de 2016 y combinado con un subidón salarial. Como sobre todo esto último no figura en la agenda de nadie, es fundada la sospecha de que los ingresos del proyecto presupuestario están inflados. Y por ello también es fundado temer que, avanzado el año, España vuelva a ser llamada al orden por Bruselas para hacer recortes o subir impuestos, como ocurrió en el tramo final de 2016 después de que por dos veces la Comisión Europea flexibilizara el objetivo de reducción del déficit (rebajándolo primero del 2,8% al 3,7% y luego hasta el 4,6% finalmente cumplido) ante la tendencia de las cuentas públicas, sobre todo por el lado de los ingresos, mutilados por las rebajas fiscales del ciclo electoral 2015-2016. España, al igual que Portugal, estuvo entonces bajo amenaza de sanción que finalmente quedó en suspenso entre llamamientos a no alimentar nuevos monstruos políticos y eurofobias.

Si ahora falla la marmita de Montoro, puede que Europa se ponga este año más severa con España, el país con el mayor déficit de la UE (4,5%) y el sexto con la mayor deuda pública (99,4%). Uno de los más expuestos, por tanto, al riesgo de empeoramiento de las condiciones financieras, a subidas de tipos de interés que, más temprano o más tarde, se van a producir y van a condicionar las cuentas públicas y privadas de los españoles.