Al tomar posesión un cargo público habrá que entregarle un kit caza-ratas. En lugar de queso, dejemos billetes de 500 euros a ver cuánto tarda, si es corrupto, en dar una rueda de prensa con la mano vendada. El método es chusco, sí, pero también el hartazgo es inmenso.
Claro que la mayoría de políticos y gestores públicos son honrados y trabajan para que tengamos una vida mejor. Sin embargo, esa minoría corrupta, que se mete hasta el dormitorio pa- ra robarnos la cartera, no tiene perdón.
Saquear la caja común es miserable y canalla. Y lo es porque esa caja se nutre de nuestros impuestos, un tajo en toda la frente al que cada uno de nosotros dedica 6 meses de trabajo al año para saldar las deudas con el fisco estatal, autonómico y muni- cipal.
Esto en un país exhausto por tantos esfuerzos realizados mientras lidera tasas de paro alarmantes, con casi la mitad de los empleados que no llega a mileurista, con recortes sociales que golpean a los más débiles y con un aumento de la desigualdad que roza la desvergüenza.
Quien la hace la paga, dice el presidente. Pues vale, pero se equivoca. Pagamos nosotros, Sr. Rajoy. En sentido estricto, pagamos los contribuyentes porque muy pocos de estos grandes delincuentes han reintegrado hasta el último céntimo que trincaron.
Que vayan a prisión nos importa un mojón si no devuelven el botín. Y no sólo los euros que robaron. También otros cuantiosos daños provocados a tenor del estudio que la ULPGC realizó hace algunos años.
Un informe que cifró en 40.000 millones anuales el coste social de la corrupción en España, lo que viene a ser más del doble de la cantidad que Montoro ha fijado en los nuevos presupuestos para abonar las prestaciones por desempleo.
Mejor no saber por dónde va la cuenta después de los últimos escándalos y teniendo en cuenta que la universidad canaria incluía en esa estimación el freno directo a la economía que representa vivir entre tanto chorizo.
Las consecuencias son tremendas: merma la imagen y la credibilidad internacional; las inversiones extranjeras y nacionales se retraen; y se elimina el efecto multiplicador que estos recursos hubieran tenido de haberse quedado en la economía productiva.
Por tanto, Sr. Rajoy, estos corruptos no tienen suficientes años de cárcel, y ni siquiera vida, para pagar y compensarnos por unos comportamientos que nos acercan muy mucho a las soleadas repúblicas bananeras.
Por no hablar de los 48.000 millones anuales que la CNMC calcula de sobrecostes en los concursos públicos por hacer las cosas al estilo chapuza: permitir un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otras actuaciones sospechosas.
Y mientras esto ocurre, tengo que oír al presidente Rajoy su frase del año: "Quien la hace la paga". Pues de eso nada, presidente, porque esta ronda la pago yo junto a varios miles de contribuyentes.
