Durante la toma en consideración del proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los diputados, dejamos nítidamente claro que ese texto carecía de legitimidad democrática, en tanto que no había sido participado por nuestra gente en un proceso que debe ser Constituyente. Ya en 1982 se impidió a la sociedad canaria participar en ese debate. Y ahora, en 2017 vuelven los partidos del régimen a ignorar a la mayoría social, dejándola al margen de la mejora de un documento que debe fijar nuestros objetivos como pueblo que avanza hacia un modelo social que ponga en el centro a las personas.

Admitido a trámite el Estatuto de la 'trama canaria', desde Podemos asumimos la responsabilidad de enmendar sus contenidos. Nuestro objetivo no es otro que intentar blindar los derechos de nuestra gente. Por un lado, definiendo en su articulado al Archipiélago como un territorio único, para acabar así con el juego insularista de las élites; divide y vencerás. Lo que significa que todo canario o canaria, independientemente de la isla en la que tenga fijada su residencia, tenga los mismos derechos, poniendo a su servicio herramientas como el REF, que deben unificar los costes de los servicios y equiparar los precios de los bienes de primera necesidad. Y por otro, defendiendo una mejor redistribución de la riqueza, a través de la implementación de mecanismos como la renta básica, medidas concretas para acabar con la pobreza energética o para garantizar una vivienda digna, suministros básicos y el sagrado derecho al trabajo con derechos de ese 35% de nuestra gente que está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para cumplir con todo esto, es imprescindible exigir y asumir un marco competencial más amplio que el actual. Un marco que incida en el reconocimiento que ya ha hecho Europa del carácter atlántico, y por tanto, ultraperiférico de nuestra tierra. Solo desde ese ámbito podemos pedir la transferencia de nuevas competencias que nos permitan asumir en Canarias la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva en materia de empleo. 280.000 paisanas y paisanos a día de hoy no tienen trabajo, y ya no pueden esperar más.

También es imprescindible caminar con paso firme por la senda de la soberanía alimentaria y energética. Por eso presentamos una batería de enmiendas que reconocen el tremendo potencial de nuestro patrimonio cultural y natural. Además de excluir de nuestra 'carta magna' cualquier medida pensada para proteger o aforar a quienes se esconden detrás de un escaños después de meter la pata o la mano. Una práctica indeseable que no es cuestión de anatomía, sino de decencia política.

Por último, necesitamos con urgencia una Ley Electoral que nos revalorice democráticamente. Ese invento de la triple paridad como 'premio' a las islas no capitalinas se derrumba como un castillo de naipes cada vez que aparecen los indicadores sociodemográficos que miden la desigualdad en Canarias, cada vez que se cuantifican los sobrecostes que las personas que residen en esas islas soportan en transportes, alimentos y servicios. Está demostrado: solo al caciquismo insularista le viene bien la triple paridad. Ya está bien de engaños.

Mientras CC, PP y PSOE prorrogan indefinidamente el debate sobre la modificación de nuestro Estatuto, la ciudadanía de Canarias le ha tomado la delantera a la vieja política, participado activamente a través de nuestros círculos para convertir la redacción de la 'constitución isleña' en el primer paso hacia el proceso constituyente que vamos a iniciar en 2019. Nos importa cada vez menos que los 'trillizos del poder' pretendan decidir por nosotras, negociando a puerta cerrada, de manera opaca y a cambio de favores personales y partidistas nuestras leyes fundamentales. El grito está lanzado y no lo recogeremos jamás: ¡en Canarias Podemos!