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Gibraltar, paraíso fiscal entre las rocas

España exigirá que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal después del brexit, según se ha informado de acuerdo con un documento del Gobierno titulado Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, remitido al Congreso y filtrado a la prensa en el contexto de la elaboración de estrategias, avisos y amenazas a Londres, expresiones de unidad y fuerza, ya veremos si duraderas, que entre los países comunitarios está precediendo a las negociaciones con los británicos para su desconexión.

Se puede creer que la aspiración del Gobierno español es seria, no meramente táctica. Por mucho que lo disfracen las autoridades gibraltareñas con el eufemismo "régimen de baja fiscalidad", para corroborar que el Peñón tiene mucho de refugio de evasores basta con hacer una búsqueda en Google uniendo las palabras "empresas y Gibraltar". Lo primero que aparece es una consultora que ofrece la constitución, de un modo "simple, rápido y 100% anónimo", de sociedades off-shore, mercantiles radicadas en territorios generalmente de baja o nula fiscalidad para alojar y mover dinero y patrimonio de manera opaca.

Gibraltar tiene 30.000 habitantes y 80.000 empresas residentes. Al menos una de ellas, por cierto, forma parte del ovillo societario con el que supuestamente el exvicepresidente Rodrigo Rato ocultó ingresos millonarios al Fisco español. Son otros indicios de que Gibraltar cumple los requisitos para ser considerado un paraíso fiscal: una presión impositiva singularmente laxa, muy atractiva para las empresas y las grandes fortunas foráneas (el tipo del impuesto de sociedades es del 10%), y una legislación que favorece la ocultación y el secreto bancario. Aunque las autoridades gibraltareñas aleguen que tienen firmados acuerdos de intercambio de información y de doble imposición con decenas de países y también con la UE.

Se puede creer que, considerando que seguramente no pocos contribuyentes muy acaudalados evaden o eluden al Fisco español desde Gibraltar, el Gobierno estará en posición de forzar, una vez que se produzca el brexit, que se anule el trato de privilegio que el Peñón tiene dentro de la UE. Su condición de "territorio sujeto a descolonización" le ha permitido beneficiarse de la libre circulación de personas y mercancías y al mismo tiempo disponer de "un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal", como refleja el referido informe gubernamental. Con el Reino Unido fuera de la Unión, España podría ejercer su derecho de veto para poner fin a esos privilegios y hacer que se incluya a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de la UE, bajo amenaza de sufrir "represalias".

Pero no resulta fácil tener fe en que la Unión vaya a actuar de manera verdaderamente contundente contra los paraísos fiscales, sobre todo contra los propios o más cercanos. De forma muy parecida a como lo hace Gibraltar operan Liechtenstein, Mónaco o San Marino, tres microestados que no pertenecen a la Unión pero disfrutan de su espacio de libre circulación. Podemos añadir a Holanda, estado miembro y refugio de decenas de miles de sociedades instrumentales con fiscalidad privilegiada; también a Luxemburgo, especialista en acuerdos a la carta con multinacionales que consiguen tributar menos del 1%; incluso a Irlanda, que con su tipo de sociedades del 12,5% ha sido un imán para las grandes corporaciones y para los trucos de planificación fiscal agresiva que hacen aparecer en Dublín las ganancias de mucho de lo que se produce y vende en otros vecinos europeos y por lo que se debería tributar en ellos.

Gibraltar es importante, sí, pero es una roca entre un montón.

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