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La Provincia - Diario de Las Palmas

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La Ley del Suelo, una gran oportunidad

La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, aprobada con el voto favorable de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) el pasado junio en el Parlamento de Canarias, entra en vigor este mes de septiembre, aunque aún queda pendiente su desarrollo reglamentario. La ley, resultado de un prolongado debate, es, principalmente, un instrumento destinado a la protección, ordenación y uso del suelo que tiene en cuenta el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo, de un modo racional y sostenible, como así consta en su preámbulo.

Comienza ahora un arduo trabajo en todos los ámbitos de la Administración para llevar a la práctica un texto no exento de complejidad, pero que supondrá, a la postre, la ordenación, simplificación y actualización de la normativa sobre el territorio. Las leyes en vigor hasta ahora han sido, por el contrario, un corsé asfixiante para cualquier iniciativa pública o privada.

Como toda la normativa precedente, esta ley se fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible aplicado tanto a ella misma como a sus posteriores desarrollos reglamentarios, especialmente como fundamento que debe guiar la labor de ordenación e intervención sobre el suelo de las islas. Sus ejes vertebradores son la aprobación de los planeamientos por los ayuntamientos y cabildos, la reducción de la intervención autonómica a lo estrictamente ambiental, la supresión de la mayoría de las directrices y la regulación del alquiler vacacional y el uso residencial en zona turística.

Además, es particularmente relevante la regulación del suelo rústico, de su régimen jurídico y de los instrumentos de intervención pública en el mismo, que recibe un tratamiento diferenciado. Así, un suelo hasta ahora minusvalorado legislativamente por su calificación pasa a ser considerado un suelo básico para un desarrollo sustentable.

En consecuencia, la nueva norma otorga a este suelo una ordenación legal sistemática y rigurosa, que permite su protección y, en su caso, utilización racional, lo que supone facilitar el desarrollo de actividades económicas complementarias que aseguren su rentabilidad y supervivencia en el tiempo. Esto es sumamente trascendental para unas islas que han encontrado su manera específica de desarrollo, como es el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro; un desarrollo que pasa por promover una economía estrechamente vinculada a la conservación de su medio ambiente.

Estamos convencidos, pues, de que la Ley del Suelo contribuirá a la protección de nuestro territorio, al mismo tiempo que a una gestión del mismo más eficaz y ágil en la que se hará compatible el desarrollo sostenible, la salvaguarda del suelo rural y la protección medioambiental.

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