Tanto amaban la democracia, que se obstinaron en una convocatoria sin las mínimas garantías que prevé ese ámbito internacional al que tanto apelan. El balde para ropa sucia de bazar chino empleado como urna es la imagen que mejor representa ese gran aprecio al sistema democrático. Ni la propia ley ilegal creada para este simulacro de referéndum ha resistido a este insólito fervor demócrata: ni órgano electoral de supervisión, ni régimen censal, ni recursos o reclamaciones, comprobación de resultados o papeletas oficiales. Todo unido a la provocación de graves problemas de orden público orquestados precisamente para afianzar ese incomprendido sentimiento de democracia de cesto de la ropa aderezado del consabido martirologio de leyenda.
Ni desde la óptica más secesionista podría concebirse semejante escenario de surgimiento nacional: dos normas no solamente ilegales sino infumables desde el punto de vista formal, votadas por una mayoría que no sería ni capaz de modificar el Estatuto de Autonomía, y sin control alguno de la voluntad popular supuestamente expresada en cubos de plástico opacos.
Si nunca ha nacido ningún país contra más de la mitad de su propia población, mucho menos con unos mimbres así, de modo que toca pasar página y situarse en lo que cabe hacer con este desdichado asunto a partir de ahora.
Para empezar, quizá proceda dejar de confiar en que la actual generación política catalana se comporte de forma razonable, leal y acorde al ordenamiento. Parecen haber escogido desde hace tiempo una suicida deriva radical que ya es materia de los tribunales de justicia, que actuarán porque es su deber. Su patético discurso preliberal sobre la legitimidad y la legalidad, superado hace siglos por el pensamiento occidental, no cuela como eximente ante los jueces, como pronto se habrá de ver.
Adicionalmente, sería deseable que el Estado tomara de una vez la iniciativa y adoptara aquellas decisiones que el derecho prevé, además de que resulte obligado por el principio de legalidad. Me refiero al artículo 155 de la Constitución, que contempla situaciones que se llevan dando en Cataluña como mínimo desde las últimas elecciones autonómicas, con continuos desafíos a decisiones constitucionales o legales, creando incluso normas con esa finalidad. No es necesario para ello "suspender la Autonomía", como se escucha a veces, sino de hacerlo con aquellos órganos incumplidores, siendo relevados temporalmente por los órganos estatales o de Comunidades limítrofes.
Lo que sucederá en los próximos días, aunque no se sepa a ciencia cierta, se puede intuir. Al victimismo tradicional de estos demócratas de contenedor, seguirán previsiblemente sus magnas declaraciones independentistas contra más de la mitad del pueblo al que dicen mesiánicamente representar. Por eso, ha de darse respuesta ya desde el Estado, y actuar en consecuencia interviniendo en un territorio en el que lleva cuatro décadas sin estar presente por meros cálculos electoralistas en Madrid, permitiendo que una educación sectaria y el adoctrinamiento nacionalista y mentiroso haya generado este lamentable estado de cosas.
Seguir la hoja de ruta del secesionismo sería un notable error. La comunidad internacional ya conoce sus maniobras y reconoce a España como una nación respetuosa de los derechos humanos y el imperio de la ley, que jamás utilizaría como escudos a los niños para defender ideas, como han hecho este fin de semana estos grandes demócratas del Tupperware. Por eso, lo más sensato es estar un paso por delante de los acontecimientos y poner coto a estos bochornosos desmanes, dejándose guiar por la ley a la hora de atajarlos, además de facilitar la actuación de la justicia frente a todos aquellos que, por acción u omisión, la han violentado.
Nunca ha prevalecido el caos sobre el orden, ni las hordas totalitarias sobre una sociedad sensata y prudente. Cataluña no será una excepción, porque allí no solamente existen millones de españoles que así piensan, sino que cuenta España con un inmenso patrimonio que no puede dejarse en manos de quienes defienden que la democracia es un asunto de contenedor.
