Prácticamente a la misma hora de la mañana, en diferentes emisoras radiofónicas, Gustavo Matos y Patricia Hernández escenificaban un nuevo capítulo del combate fratricida que se ha abierto en el PSOE desde que Ángel Víctor Torres resultó elegido en primarias como secretario general. Sinceramente uno sospecha que esto no tiene remedio y que la organización socialista está condenada a una crisis interna atravesada por odios sarracenos y ferocidades purulentas. Hernández no dejará de encarnar el papel de única oposición socialista real a CC, al menos, hasta que consiga encaramarse de nuevo en el primer puesto de las listas electorales por la provincia santacrucera en 2019, insinuando claramente que Torres y sus directivas están dispuestos a llegar a acuerdos con los bárbaros coalicioneros. No deja de tener su gracia que quien cogobernó con CC acuse de filocoalicionerismo al que ha sido uno de los artífices de los pactos de izquierda en el Cabildo de Gran Canaria y en Las Palmas, pero en realidad eso es igual. Patricia Hernández no insiste en que el PSC-PSOE debe sumarse al PP, Podemos y Nueva Canarias para destituir a Santiago Negrín como presidente de RTVC porque crea que es imprescindible desde un punto de vista político, jurídico o ético. De la misma manera que Asier Antona se suma a fuerzas de izquierda para desgastar al Gobierno de Fernando Clavijo, Hernández utiliza al periodista para afearle la conducta a Torres y recuperar protagonismo mediático un par de días o semanas.
Ninguno de estas airadas señorías han explicado quién sustituiría a Negrín como máximo responsable ejecutivo de la tele autonómica, ni las razones para conceder una nueva y extralegal prórroga al actual adjudicatario, ni cómo se resolvería la renovación de la señal que vence el último día de diciembre, ni por qué debe destituirse fulminantemente a alguien cuyo mandato acaba en seis meses. Y no existen tales razones y explicaciones porque resultan irrelevantes para actores políticos que no han movido una paja para renovar el consejo de administración de la TVC. Con la destitución de Negrín, teatralizada como un excelso acto de justicia que purificaría el pecaminoso ambiente del canal público, se pretende conseguir un triple y maravilloso resultado: erosionar al Gobierno, conseguir la simpatía incondicional del actual adjudicatario, con el que se articularía una alianza político-mediática para convocar un nuevo y ergonómico concurso en la próxima legislatura, y ensayar fórmulas de colaboración parlamentaria con vistas al próximo año y medio. Después de veinte años es imposible distinguir un análisis riguroso y coherente que se necesita urgentemente para definir e impulsar un modelo de televisión pública, sobre todo, después del fracaso de esa disparatada nueva ley de regulación de la TVC que CC y PSOE frangollaron a toda velocidad a final de la pasada legislatura. Nada. No hay nada. Solo este atajo de monigotes que se agitan para un titular, para una pequeña obra de demolición, para la lucha personal en el interior de su organización política. Es hastiante y agotador. Una masturbación partidista interminable. Un fracaso en toda regla del parlamentarismo y del muy encochinado e inoperante ecosistema político canario.
