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zigurat

La política judicial

Creo que no hay posibilidad dialéctica para decir que lo que está ocurriendo desde hace semanas con el proceso catalán de independencia ha cogido desprevenidos a los políticos del Parlamento español y más concretamente a la mayoría que lo conforma. La reiteración en las demandas catalanas es una de las claves para intentar entender el problema que han creado entre todos. Y ha fallado el aparato del Estado por la sencilla razón de que es posible que hayan oído pero no han escuchado, la escucha atenta es cualidad indefectiblemente positiva para dialogar, para reconocer dónde están los errores de unos y otros al tratar de fijar objetivos democráticos, limpios y duraderos.

Creían que la aplicación del 155 resolvería algunas cuestiones de interés estatal, tomándosela como el asunto más grave desde la entrada de Tejero en el Parlamento. Pero si se apela a la Constitución, esta nació amarrada, aplazada en contenidos, donde parece que todos cedieron un tanto para conseguir unanimidad en la nueva etapa democrática. No fue así, una carta que nació hace cuarenta años la tienen que poner en práctica unos políticos que son la nueva hornada de dirigentes, entre casta y castizos, que la encuentran demasiado angosta para dar cabida a la España plurinacional, que es lo que es y no un reino de taifas, con la corte áulica asegurando la monarquía.

Con la solemnidad que corresponde este hecho sin precedentes se votó y el grueso de la clase dirigente con el aliento del PSOE apoyando una vía constitucionalista para después, y si hay posibilidad, reformar a través de un pacto la Constitución: es decir, meses sin entenderse, sin hablarse, insultándose, abriendo brechas sociales y económicas, culturales y políticas, para llegar a un lugar por el camino más largo: el de la judicialización de la vida política. Pero esto no convence a casi nadie, porque la tan cacareada separación de poderes no ha resultado la herramienta que creían necesaria para este conflicto. Desde hace mucho tiempo en España los jueces, los magistrados y los fiscales generales hacen lo que les dice el gobierno de turno: el Partido Socialista inauguró la figura del fiscal general a dedo en democracia, sin que el titular pudiera serlo por ley y así han seguido porque las sentencias firmes, las imputaciones, las investigaciones o la separación del empleo han sido regulares en todo este tiempo. Y estos servidores públicos han sido apartados por prevaricación, por manipulación, por nepotismo... entonces la forma más lógica de enfrentar las cosas es hablando, haciendo política y no penalizando lo diferente por muy extraño que parezca.

Pero si para sentarse a la mesa hay premisas tan limitadoras como la Constitución reinante, es hora de avanzar en su reforma, teniendo en cuenta una fórmula válida en todos los procesos donde los pensantes no se ponen de acuerdo y es reconocer de uno y otro lado sus errores y de ahí partir sin agravios. Es lo que se suele hacer en estos casos y en otros, donde la violencia ha sido la principal transmisora de las aspiraciones de los pueblos.

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