Como en el mito del eterno retorno, las nuevas aventuras adjudicadas a Emalsa llegan a las pantallas este fin de noviembre. Se ve que algo va a pasar. La portavoz Correas, precursora de malos vientos en estos temas, ya dio algunos toques morbosos hace poco, con Sercanarias y las subcontratas en general. Y fueron toques atrevidos, pues daba cifras y datos de cierto informe después de escribir "yo no he leído ese famoso informe pericial, pero por las noticias aparecidas en los medios, parece ser que?" Pero, ¿qué podemos decir, a estas alturas, del arrojo dialéctico con que la "ciudadana" Correas se aplica a esta causa?
El artículo del exconcejal Eusebio, un peso pesado (este sí) de dicha causa, me ha recordado este curioso rigor informativo. Porque al hacer historia desde su auténtico principio, Eusebio se remonta a aquél fin de año en que un alcalde angustiado, tras conocer en los medios de una denuncia en Versalles (Francia), en principio ajena a estos pagos, denunció en fiscalía "los acontecimientos que estaban apareciendo en prensa relativos a Emalsa". Aquella visita a la Fiscalía devino en una querella, aún en instrucción, contra 15 ejecutivos de Emalsa por un supuesto perjuicio económico a la operadora. Perjuicio que hoy, cinco años después, sigue sin aparecer por ningún sitio.
Nada punible pudo hallar el interventor de insigne apellido, después de año y medio de esfuerzos y recursos (a cargo de Emalsa), cuyos últimos informes fueron sustraídos de la atención pública por el mismo angustiado alcalde que los encargó. Tampoco lo ha hecho ningún consultor externo o interno ni, más recientemente, el Comité Técnico Asesor que el exconcejal Eusebio cita.
Y mucho menos el famoso informe pericial, en dos partes (una en 2015, otra en 2017), cuyas 500 páginas de densa prosa técnico-jurídica no sólo disuaden, al parecer, a la portavoz Correas. El dato de 13,1 citado en el artículo (el mismo, curiosamente, que apareció en prensa) tiene poco que ver con ningún otro parámetro citado en el informe, y menos aún con cualquier estimación de perjuicio contra nadie. Lo cierto es que, en su informe de 2015, el perito hizo un primer cálculo de posibles "perjuicios" por un total de 4,6 millones de euros. Tras dos años de exhaustiva investigación, en su informe de 2017, un tal resumen de perjuicios ya ni aparece.
Esta es la verdad de la vida, por más que la causa (representada por el exconcejal y la portavoz y algunos más) se agarre a un clavo ardiendo o pretenda marear las cifras. ¿Qué ha encontrado el informe pericial como perjuicio? En su página 117, dice que "si corresponde efectivamente al Ayuntamiento la asunción del coste del alcantarillado (y todo el mundo sabe que es así) y no se le repercute por Emalsa en el importe que corresponda por limitarse al presupuesto municipal sujeto a un contrato desfasado, el coste no repercutido representaría un perjuicio económico para Emalsa"
Ello nos hace retroceder a aquella sombría tarde de diciembre en que el alcalde angustiado envió su dossier de prensa a la Fiscalía. ¿Cuál era, concretamente, la angustia de aquel alcalde? ¿Era la tenebrosa Emalsa y sus malignos socios privados? Aunque muy bien nunca se cayeron, seguramente no, a la luz de lo que sabemos ahora. Más probable que fuera por el quilombo económico y contractual que le habían dejado en herencia sus no menos angustiados (aunque poco solidarios) predecesores.
Lo cierto es que LPGC tiene un grave problema en saneamiento y depuración. Pero no es Emalsa, ni sus socios o sus trabajadores. Seamos claros: en lo que convienen "todos los expertos" (esta vez sí) es en señalar como origen principal de los problemas del saneamiento a la ineficaz y desfasada regulación de un contrato "provisional", firmado en 1998 por el PP de entonces, cuya vigencia se prolonga inexplicablemente después de casi 20 años.
Durante ese tiempo, poco ha importado que dicho contrato implicara una "subvención" prohibida a la luz de los tratados de la UE, ni que su práctica entrara en contradicción con la letra de la directiva promulgada dos años después, ya traspuesta en la legislación española. Ni que el colosal desarrollo urbanístico de la ciudad de LPGC alejara la realidad de cualquiera de sus previsiones. Ni la continua insistencia de los expertos sobre el grave problema que suponía a largo plazo para sus infraestructuras y para la estabilidad de su gestión. Ningún gobierno municipal (de ningún signo) se ha dignado contestar a las innumerables propuestas de evolución presentadas y defendidas por la empresa mixta.
Por el contrario, las desgracias anunciadas sí han aparecido. Enfrentada a una red tres veces mayor de la existente en 1998, donde cualquiera puede verter a voluntad y sin control, los escasos medios proyectados "provisionalmente" aquel año chocaron muy pronto con la realidad y se agravaron con el tiempo. La inacción y la tacañería municipal llevaron muy pronto este servicio al déficit, y a Emalsa a una pesadilla recurrente: tener que cumplir con la realidad de un servicio contra la realidad de unas normas que le prohibían hacerlo. ¡Y que ningún munícipe quería cambiar!
La solución a este embrollo, imperfecta pero eficaz, se llamó Sercanarias. Una forma de externalizar algunos trabajos repetitivos, de menor tecnicidad y a menor coste, que ha permitido "estirar" la escasa retribución concedida por el Ayuntamiento para hacer cosas que no podía pagar. Y que ni siquiera ha podido aliviar un hecho repetido: cada año, los costes del servicio superan en 1,5 millones de euros el importe que, como obliga el contrato, se ha de facturar al Ayuntamiento. Y así lo han constatado las ingenierías externas. Algo que, a la luz de ese informe pericial tan comentado por la causa, constituye un evidente perjuicio para Emalsa. Pero no de sus socios privados, desde luego. Los socios privados estarían encantados de aparcar Sercanarias. Pero ahora no les dejan.
Vistos los números, arreglar estos problemas tampoco sería tan difícil. Siempre, claro, que la causa se soltara del clavo ardiendo y cayera (del guindo) por su propio peso. Defender la gestión pública del agua, tan eficaz contra la corrupción, en el mismo año en que los papeles del Canal (y de su presidente González) inundan la red, tiene algo de admirablemente atrevido. Pero no es la solución. La solución es coger el toro por los cuernos de una vez. El Ciclo Integral del Agua en LPGC tiene problemas, especialmente graves en su saneamiento y depuración. Pero Ninguno de ellos es Emalsa.
