Nada hubiese sido más deseable que la celebración ayer del Día Internacional contra la Violencia de Género tuviese un carácter simbólico, circunscrito solamente al desgraciado aniversario del asesinato de las tres hermanas Mirabal en 1961 en la República Dominicana. Pero la trágica realidad supera esa aspiración de progreso de la humanidad. La conmemoración adquiere en pleno siglo XXI, en España, en cualquier autonomía del país, una fuerza reivindicativa sin parangón: desde enero han sido 44 las mujeres víctimas de la violencia machista en 2017. Se trata de una lacra que no respeta edades ni procedencias geográficas ni sociales, cuya expresión va más allá del asesinato para adentrarse en el maltrato -psicológico y físico-, en un daño irreparable a la familia o en cambios sociológicos que afectan a unos hijos tendentes a reproducir el comportamiento del padre maltratador, por citar algunas de las consecuencias. Y todo ello sin dejar atrás el coste que supone para el erario público la implantación de políticas preventivas y medidas de protección jurídico-policial para las víctimas.

Frente a la reclamación de la tolerancia cero, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género constata que en España menos del 3% de las denuncias por malos tratos en la pareja llegan desde la familia o allegados de la misma. A ello hay que unir otra alerta del Eurobarómetro: el 15% de los cuidados cree que esta lacra no debe salir del ámbito familiar. Los gobiernos de la democracia vienen desarrollando un esfuerzo ímprobo por atajar los asesinatos machistas con una gestión que, por desventura, no cosecha el resultado esperado. En 2017 estamos igual que el año anterior, con 44 muertes. Una cifra que remueve conciencias, pero que para bien de todos se aleja del pico alcanzado en 2008, con 76 mujeres asesinadas por el machismo.

Acabar con las estadísticas en negativo pasa irremisiblemente por la adopción de un compromiso político donde intervengan la estructura policial, el aparato judicial, la seguridad social, la asistencia sanitaria y las mismas empresas. Un conglomerado que tiene un objetivo de suma importancia: el descubrimiento del maltrato en su estado primario para la denuncia pertinente; la actuación de los agentes y el castigo ejemplar del maltratador. La casuística parece fácil de llevar a cabo, pero una y otra vez, cada vez que nos despertamos con un caso de violencia machista, comprobamos que los filtros o no son adecuados, o bien resultan demasiado débiles para anticiparse a un asesinato. Las cifras son una prueba fehaciente de que la sociedad democrática espera del Gobierno central y de las autonomías un plan contra la violencia de género que vaya más allá de las campañas preventivas, que se adentre en crear los cortafuegos necesarios en los pilares del poder. Crear un instituto de la mujer o un comisariado especial es lo más tentador, pero hay que establecer contenidos y dotar económicamente las intenciones.

Pero tampoco con ello se agota la actuación contra la lacra. Estos días hemos sido testigos de un caso prototípico de la complejidad que encierra el maltrato, en este caso el abuso sexual, cuando se trata de encontrar la condena unidireccional de todos y cada uno de los agentes sociales. Nos referimos al juicio por la violación de una joven en los Sanfermines, y de qué manera la defensa de los acusados -conocidos como la Manada- ha querido hacer creer que la condición de violada de la víctima y su vuelta a la vida normal eran comportamientos incompatibles. La aseveración resulta manipuladora y simplona, pero suficiente para sembrar dudas sobre el testimonio de la afectada, y fomentar una jocosidad machista que se retroalimenta sin pausa a través del insulto en las redes sociales.

En este punto adquiere una relevancia inusitada el papel de la educación en las escuelas. Una generación de españoles nacida en la posguerra, bajo el régimen franquista, ha tenido como código ético frente a la mujer la enseñanza de una tradición sociocultural de roles de dominación, tanto en el ámbito doméstico con el reparto de tareas como en el laboral con su consiguiente repercusión en el acceso a los puestos ejecutivos y a unos sueldos iguales a los de los hombres. Pero la situación con respecto a los adolescentes nacidos en democracia no muestra el reflejo de un cambio de época. Muchas son las encuestas que alertan sobre la naturalidad con la que circulan por las redes sociales los insultos a las jóvenes, y también la comprensión de ellas con respecto a los comportamientos machistas de ellos en las relaciones sentimentales o de pareja. La fórmula más eficaz de atajar esta visión está en las aulas de los colegios, una asignatura pendiente en el sistema educativo español debido al fracaso de la incorporación de la materia Educación para la Ciudadanía. Una aspiración aparcada por la oposición de los colectivos confesionales, que, sin embargo, han conseguido subvenciones públicas para sus colegios pese a segregar a los alumnos por sexo, una medida que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género considera contraproducente para caminar en el sentido correcto.

Cómo se debe enfrentar la víctima al maltrato tiene que ser una prioridad. La experiencia en los casos de muerte demuestra que las mujeres, en su mayoría, no han puesto la denuncia correspondiente; algo parecido ocurre con el entorno más cercano, que opta por una ley del silencio que en modo alguno beneficia a la maltratada. Todo lo contrario. El miedo al maltratador o la tolerancia a sus actos acaba creando un cóctel explosivo con un final fatal. Los expertos consideran inaplazable llegar a un consenso sobre lo que es el maltrato, sobre todo el psicológico, que cada vez provee a las consultas clínicas de más síntomas. En este sentido, destaca el conocido como Luz de gas, donde la opinión de la mujer pasa a ser irrelevante para su pareja, hasta el punto de adoptar una posición sumisa que finalmente destruye su autoestima y su capacidad de participación social.

España aún está a tiempo de frenar la lacra de la violencia de género. Las cifras de muertes de mujeres constituyen la parte más dramática del fenómeno, pero no hay que olvidar una serie de circunstancias en el contexto que no se pueden obviar para llegar al objetivo de una igualdad real. Las asociaciones y colectivos en defensa de la mujer maltratada deben hacerse oír y sus reclamaciones deben ser escuchadas para planificar la mejor gestión contra la violencia machista. Se han dado pasos significativos, pero siempre se puede llegar a una involución frente a lo conseguido con sacrificio y a golpe de asesinatos. No se puede bajar la guardia.