El proceso para la Reforma Electoral de Canarias se encuentra en un decisivo momento histórico. Tras 35 años de pervivencia del sistema electoral menos proporcional y más restrictivo del Estado, la gran mayoría de las fuerzas políticas ha venido a coincidir en un punto fundamental: en las elecciones de 2019, este anómalo sistema tiene que haber dejado de existir sustituido por otro de mayor calidad democrática.
La confluencia de circunstancias favorables y excepcionales en el tiempo (implicación cívica, acuerdo de expertos, consenso de partidos y simultaneidad de vías legislativas para la reforma en PARCAN y Cortes Generales), muy improbablemente se repetirá en el futuro. No podemos dejar pasar este tren.
Ciudadanos, inscritos o militantes en organizaciones políticas, asociaciones cívicas, académicos y partidos políticos, en definitiva, cada uno de nosotros, debemos asumir responsablemente la cuota de compromiso que nos corresponde frente a este reto en el que la sociedad canaria tiene depositadas sus esperanzas de cambio. No en vano, lo que dirimimos no es una ley más, sino una norma que va a marcar el futuro de Canarias y su democracia. Eso es lo que nos jugamos en las próximas semanas.
Perspectiva y trayectoria
La exigencia ineludible de la reforma nace de la espontaneidad de la sociedad civil más plural, y no de la propuesta de uno u otro partido político. Conviene resaltarlo. Es importante, porque es al conjunto del Parlamento canario al que se convoca a tomar una decisión aplazada durante más de tres décadas. Decidiremos en Canarias y decidiremos ahora, porque la ciudadanía ha puesto este asunto en el foco central del debate político.
Es preciso recordar también que, gracias a la demanda cívica -con diez años de trayectoria- organizada en torno al foro Demócratas para el Cambio, es como ha ido tomando forma la iniciativa de poner en marcha este proceso reformista que, finalmente, se ha visto hecho realidad en la constitución de una Comisión de Estudio en el Parlamento de Canarias. El papel jugado por la sociedad civil ha sido relevante al haber actuado como dinamizadora y, al tiempo, como mediadora entre fuerzas políticas muy dispares en sus planteamientos, siempre con el afán de conseguir un amplio consenso de voluntad reformista que, lamentablemente, no había podido materializarse hasta ahora desde 1982.
Este encuentro de tan heterogéneo grupo de formaciones políticas ha sido posible gracias al Pacto por la Democracia en Canarias. Su compromiso ha sido firmado por doce organizaciones políticas. Pero incluso aquellas que a día de hoy no lo han rubricado, sí que han corroborado en sede parlamentaria estar de acuerdo con sus tres puntos básicos: vigencia de un nuevo sistema electoral más proporcional y menos restrictivo en 2019. Este capital de impulso cívico no debe ser dilapidado.
Consideraciones políticas
Si hay una injusticia que impregne a toda la sociedad canaria, ésta es la que se manifiesta una y otra vez cada cuatro años en las elecciones autonómicas causantes de la mayor desigualdad de voto entre electores de todo el Estado y del mayor porcentaje de votos desperdiciados por efecto de sus excluyentes barreras electorales. Debemos dar juntos un paso adelante para que esto empiece a cambiar de una vez por todas.
Insistimos en que no puede malograrse la ocasión de llegar a los acuerdos necesarios para imprimir el primer impulso de cambio en la Comisión de Estudio del Parlamento de Canarias, y que este impulso inicial sirva como palanca para ulteriores avances a través de la reforma estatutaria en las Cortes Generales. Estamos convencidos de que hay margen suficiente para el acuerdo entre las distintas posiciones. Nadie podrá, sin embargo, pretender que la suya prevalezca sobre las demás sin que existan concesiones mutuas.
Se palpa una posibilidad muy real de acuerdo en la que la variedad de elementos vertidos por los distintos partidos y expertos puedan tener acomodo: la mejora de la proporcionalidad; la reducción de las barreras electorales; la combinación de una representación insular y otra del conjunto electoral archipielágico; la formulación de soluciones simultáneamente mediante ley del Parlamento canario y mediante Reforma del Estatuto en las Cortes; la pretensión de que la reforma pueda llevarse a cabo sin necesidad de aumentar el gasto global del Parlamento; y la aspiración de que todo ello se decida en Canarias.
En este punto entra en juego la responsabilidad de cada cual para saber ceder una parte y así obtener un bien común superior: la mejora de nuestro sistema de elección de representantes y, por ende, de nuestra democracia. Demócratas para el Cambio no elude su responsabilidad. Somos los primeros en decir que estamos dispuestos a ceder en nuestras pretensiones y los primeros en ofrecernos a todos para propiciar un entendimiento que culmine con éxito este proceso histórico. Pedimos a todos la misma actitud para la Reforma Electoral de Canarias. ¡Ahora!
