Si Pascal viviese en estos tiempos de redes sociales, sin duda sostendría que el demonio cabalga sobre los dedos del "hater", ese odiador que vomita su cinismo, su supuesta incorrección política, su burdo ingenio -tanto como decir mal carácter, siguiendo con la evocación pascaliana- sobre cualquier personaje público que esté en el candelero, o que simplemente sea merecedor de la mala baba de quienes no dejan de ser los resentidos de toda la vida. Y lo que vale para el "hater", también podría aplicarse a los defensores de causas perdidas, arrumbadas por la historia, a los que hace diez años no hubiésemos hecho el mínimo caso, pero que han encontrado en esos canales de comunicación que son las redes sociales el medio de multiplicar al infinito el eco de su venenosa ideología. La extensión del odio social, de fenómenos políticos por todos conocidos que han puesto al sistema contra las cuerdas, no pueden explicarse sin el auge de las redes sociales, que se han convertido en una tierra franca, un bar gigantesco, un Far West donde lo mismo se hacen bromas con el cadáver aún caliente del Fiscal General del Estado, que se llama a la rebelión en las calles de Barcelona o se destroza una reputación, de las cosas más preciadas que tiene el hombre.
Poner vallas al campo, a estas alturas del partido, puede parecer un brindis al sol. La ley va casi siempre varias malditas millas por detrás de los forajidos y se hace difícil actuar contra quienes injurian o difaman en masa, cubiertos además por los "teóricos" que ensalzan las mieles de la democratización de la opinión y ven en los excesos un mal menor inevitable. Ahí están los policías municipales de Madrid que podrían verse acusados de un delito de odio por verter su desprecio a los inmigrantes y desear que la alcaldesa Carmena hubiese muerto en la matanza de Atocha del 77. Más éxito ha tenido últimamente la apelación al delito de enaltecimiento del terrorismo para tratar de contener la marea de odio. La Audiencia madrileña condenó el pasado marzo a Cassandra Vera por sus bromas sobre el asesinato de Carrero Blanco, que según el tribunal infamaban a las víctimas del terrorismo. Los juristas pusieron el grito en el cielo. Si de algo podía acusarse a Cassandra era de contar chistes más viejos que el clavo del calendario, pero no de haber incurrido en un delito vidrioso como pocos. Ahora, el Supremo acaba de condenar a un rapaz de la cuerda batasuna por colgar un vídeo en youtube y retuitear imágenes de homenajes a un gudari de pro, Josu Uribetexebarria Bolinaga, aquel que fue excarcelado por sufrir un cáncer terminal, después de dejar casi morir de hambre al funcionario José Antonio Ortega Lara en un sucio zulo de los que ETA solía servirse para ejercer su "justicia revolucionaria".
El año y medio de cárcel que le han impuesto a Andeka Jurado García es lo que le pediría el cuerpo a cualquier persona decente, pero los juristas -y también Podemos, que ha pedido la derogación del delito de enaltecimiento- no lo tienen tan claro. "Los delitos de apología del terrorismo no son discutibles, deben existir. El problema es discercir cuándo determinadas expresiones saltan la barrera de la libertad de expresión para convertirse en delitos", cree, por ejemplo, el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde. Y este experto tiene claro que eso solo se produce "cuando hay una incitación al uso de la violencia, unas amenazas claras". Volvemos a lo de siempre. España no es una democracia militante. Caben todas las opiniones, incluso las que desean la destrucción del sistema. Y en cuanto a la libertad de expresión, "las opiniones, incluso las molestas, tienen que circular". Basta con ignorarlas o incluso responderlas y rebatirlas, en un tono similar, si se quiere, aunque en ocasiones suponga rebajarse en demasía. "El límite no puede estar en la ofensa a la sensibilidad de terceros, no podemos condenar a alguien por ser un descabezado", cree Villaverde, partidario de darle una vuelta a ese delito de enaltecimiento del terrorismo, si no para eliminarlo -algo desaconsejable en estos tiempos de yihadismo a la caza de descerebrados que actúen como lobos solitarios-, sí para definir perfectamente este tipo de delito y evitar que se convierta en una norma que "desaliente la libertad de expresión", lo que supondría un evidente déficit democrático.
La sentencia que firma el magistrado del Supremo Ramón Soriano contra Jurado García tiene su miga. Considera que el enaltecimiento del terrorismo no exige que "el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro acceda a él, y le dé publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas". Andeka -que por cierto no es ninguna hermanita de la caridad, ya que cumplió tres años de prisión por pertenencia a banda armada- adujo que no era delito mostrar una fotografía tomada por otra persona o hacerse eco de un acto como los homenajes a Bolinaga, ya que, de serlo, muchos periodistas tendrían que estar entre rejas. Pero para el Supremo, "mostrar determinadas fotos, y más con mensaje añadido (que en este caso era el de "Adios y honor", en vasco), constituye un realce de la conducta y una incitación a la imitación, si al terrorista se le presenta como un prohombre, modelo a imitar o dechado de virtudes, cuando su fama procede únicamente de ser terrorista". En suma, para el Supremo, lo que hizo Andeka fue un enaltecimiento entre líneas del terrorismo. Lo cierto es que Andeka Jurado García hizo la misma argumentación que hacen esos individuos que guardan en sus ordenadores imágenes pornográficas de menores. "No he realizado esas imágenes, las he encontrado en la red", suelen aducir de manera automática algunos de ellos, a lo que el juez responde que es precisamente esa búsqueda de archivos ilegales -utilizados para satisfacer los más bajos instintos- lo que alimenta una "industria" que degrada la dignidad de los menores y ultraja el propio concepto de humanidad. Más si cabe si esas fotografías o vídeos se difunden a través de esos canales a los que los depravados recurren para hacerse con su degenerado material. El fallo, como todos los del Supremo, crea jurisprudencia, y quizá podría utilizarse en otros ámbitos distintos al del enaltecimiento del terrorismo, como por ejemplo cuando se difunde un chascarrillo ofensivo sobre la muerte de un Fiscal General del Estado. Luego, cuidado con los "like" y retuiteos automáticos. Como diría Pascal, si viviese en estos tiempos, nuestros dedos pueden llevarnos a la perdición.
