Más de un candidato estaría dispuesto a ingresar en la cárcel con tal de ganar las elecciones. La sociedad debe protegerse de estos excesos autopunitivos, para no favorecer a una opción en vísperas de las urnas. En cambio, el Supremo ha decidido tomar partido. Al mantener a Oriol Junqueras en prisión, cercena la posibilidad de una campaña en igualdad. Concede una ventaja inicial a Esquerra Republicana. Aunque el augusto tribunal pretenda otro objetivo, ha votado en las catalanas con su prisión preventiva. Los autos judiciales, al igual que las declaraciones unilaterales de independencia, también tienen consecuencias.
A partir de aquí, quedan desactivadas las elecciones "libres y limpias" que Europa obligó a convocar a Rajoy. El Supremo también ha privado de valor alguno al último sondeo del CIS por lo que Junqueras ganará las elecciones gracias a que permanece en la cárcel. El tribunal reconoce que está disciplinando a los presos, para evitar una "explosión violenta", un "violento germen" o "ataques" indeterminados y que ningún parte de lesiones permite deducir del proceso, salvo en las cargas policiales de la jornada del referéndum.
Sin embargo, la parte más preocupante del auto del Supremo que consolida la victoria electoral de ERC consiste en retirar el poder a los ciudadanos, a quienes se reduce a borregos carentes de criterio y que obedecen a personajes maquiavélicos. Por supuesto, hay que suponer que los magistrados y quizás los notarios están exentos de este seguidismo del rebaño. El paternalismo judicial vigente en el auto propugna una sociedad piramidal, en que el poder de los jueces no emana del pueblo que ha votado a los encarcelados y que inspira los pronunciamientos del Supremo, sino que se impone a las clases populares como un ricino. Suerte que España no es el único país de credenciales impecables con candidatos en la cárcel. En Turquía, los aspirantes de los partidos kurdos a un escaño también se encuentran entre rejas. Estamos en buena compañía.
