El encendido debate que se sustanció la semana pasada en el Congreso y la polémica posterior merecen a mi juicio una reflexión serena. La imposición de una pena pretende castigar a la persona que tras un proceso con las debidas garantías judiciales se la ha hallado culpable de la comisión de un delito, proteger a la sociedad de quien lo ha cometido el y, por tanto, ha agredido al resto de conciudadanos al perjudicar su libertad y debilitando la normal convivencia. La sanción busca también disuadir al potencial delincuente y obviamente procurar la reinserción del reo en la sociedad.

La prisión permanente revisable quiere proteger a los más vulnerables frente a crímenes execrables, aquellos que remueven nuestras conciencias como desgraciadamente hemos podido comprobar recientemente, crímenes de extrema gravedad que provocan alarma social. Los grupos políticos que votaron a favor de su derogación, PSOE, Podemos, Nueva Canarias, ERC ... establecen un paralelismo con la cadena perpetua. Quienes solicitan ahora su derogación "en caliente" parecen desconocer que ni es perpetua ni está en contra de la reinserción, pues prevé un plazo de 25 años después del cual se establecen mecanismos para averiguar si el delincuente está en condiciones de reingresar en la sociedad sin suponer un peligro para el resto de ciudadanos. Además, su aplicación es extremadamente reducida, en los tres que lleva en vigor solo se ha aplicado en una ocasión, al padre que asesinó a sus dos hijos utilizando una sierra radial eléctrica. En el ámbito internacional del derecho comparado esta pena la contemplan más de 25 países dentro de la Unión Europea, está recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y contemplada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La decepción que supuso el debate y posterior votación favorable a suprimir este delito nos permitió sin embargo agradecer desde el Congreso de los Diputados el ejemplo que ofrecen las víctimas de los crímenes brutales conocidos a menores recientemente. Su dignidad y entereza muestran la fortaleza y hondas convicciones democráticas de nuestra sociedad. Sin duda, nos retan a los responsables políticos a buscar y construir una legislación que dificulte la comisión de estos crímenes.

Tras la votación, sin embargo, sigo sin entender los argumentos que se formularon desde el PSOE y Podemos así como el voto a favor de Nueva Canarias y la injustificable igualmente, por su no compromiso, abstención de Coalición Canaria. Es de agradecer en este sentido el certero cuarto cambio de opinión de Ciudadanos, favorable en esta ocasión a mantener la prisión permanente revisable, sin que sirva de justificación para saber que este partido fue quien desbloqueó y por tanto permitió la tramitación parlamentaria de esta reforma que pone en riesgo su permanencia en la legislación española.

La labor de oposición y control al gobierno por parte de la oposición es indispensable para garantizar un sistema democrático y plural en el que todos los ciudadanos se encuentren representados. Permite influir en la mejora de la acción de gobierno, previene un uso inadecuado del mismo y ayuda a reducir el espacio a la comisión de errores. Pero la legítima acción de oposición no debería destinarse a abrir debates perjudiciales para la convivencia o a creer que la caída del gobierno merece la derogación de leyes justas.

Los nuevos tiempos que vivimos exigen políticos dispuestos a anteponer el interés general al de sus partidos, así como a poner la mirada en el largo plazo, en las nuevas generaciones que serán beneficiadas o perjudicadas por lo que construyamos quienes hoy ocupamos un escaño en el Congreso.