Recuerdo que José Manuel Baltar entró en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias como Jesús entró sobre un burrito en Jerusalén. Aunque algunos sostenían que en las tripas del asno se acumulaban contratos con las clínicas privadas, pero para muchos Baltar era el ungido. Era el sabio. Era el reformador que, desde una dilatada experiencia en la gestión sanitaria, transformaría el Servicio Canario de Salud en un conjunto de instrumentos y recursos eficientes, eficaces y sostenibles. Enseguida se recordó que en un momento de entusiasmo por sí mismo había declarada que con veinte (¿o era con treinta?) millones de euros arreglaba de una vez las listas de espera. Gran cabeza la de Baltar. A Baltar no se le escapa nada. Con Baltar esto va a cambiar. Un par de meses después ya se matizaba el milagro. El nuevo equipo de la Consejería de Sanidad no podría resolverlo todo en seguida. El año pasado el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública situó de nuevo al sistema sanitario de Canarias a la cola de España.

Por supuesto que es un problema de perras. Los presupuestos generales para 2018 suponen un fuerte incremento de más de 231 millones de euros para el Servicio Canario de Salud. Baltar y los suyos afirman que su gestión solo podrá ser evaluada razonablemente el próximo año con el impacto de las nuevas cuentas en contrataciones, infraestructura y tecnología. Es posible, aunque el gasto sanitario por habitante continúe actualmente en la mitad baja de la tabla. Pero mientras tanto no cabe una camilla más en los abarrotados pasillos del Hospital Negrín o del Hospital Nuestra Señora de Candelaria y los colegios de médicos advierten de un altísimo riesgo de colapso en los centros de atención primaria, un servicio en el que hacia 2017 se jubilará casi la mitad de los médicos. Y todavía no ha sido totalmente resuelta la oferta de empleo público de 2007. Es ligeramente espeluznante.

Sí, es un asunto de dinero, por supuesto, pero también de sostenibilidad y, sobre todo, de modelo de gestión y de responsabilidad colectiva. Cuando se articula e impulsa el Servicio Canario de Salud, a mediados de los años noventa del pasado siglo, bajo la dirección política de Julio Bonis y Román Rodríguez, el proceso se desarrolla a partir de modelos de gestión y esquemas organizacionales y operativos de la época. El núcleo de ese modelo de organización y gestión técnico sigue vigente actual y perniciosamente. La oposición inercial a los cambios de grandes estructuras es realmente notable y termina siendo más fácil dejarse llevar por la corriente. Alguien debería tener el valor de decir que el sistema sanitario no es financieramente sostenible a medio plazo, en especial si se continúa admitiendo que el crecimiento exponencial de la demanda puede ser ilimitado y puede ser afrontado por los presupuestos públicos. ¿Medidas? Están todas expuestas. Mejores programas informáticos y unificación de las historias clínicas. Introducir una medicina preventiva en escuelas y centros de trabajo. Potenciación de la atención primaria y las urgencias locales aumentando su personal especializado. Introducir un tique moderador del consumo en ambos servicios. Incrementar la transparencia en el desempeño de proveedores de servicios sanitarios. Fomentar la autonomía de gestión de los centros sanitarios y la atención domiciliaria a través de convenios con cabildos y ayuntamientos. El sistema sanitario público de Canarias no goza de buena salud. Y no se trata de una gripe. Seguir confiando en el sacrificio de sus profesionales y en incrementos presupuestarios que ni deben ni pueden ser indefinidos es jugar con su supervivencia como pieza fundamental del Estado de Bienestar.