Perdida toda esperanza de salir en libertad, los encarcelados por el proceso secesionista han optado por un cambio de estrategia jurídica. Declina el discurso de aceptación de la Constitución y el Estatuto como reglas del juego con el que, en vano, intentaron convencer al juez Llarena de un cambio de actitud. La comunicación formal de los cargos que pesan sobre ellos permitió a los acusados por el procés encararse con un magistrado instructor al que reprochan que sea un mero ejecutor de las órdenes del Gobierno.
Los hechos, sin embargo, desmienten esa connivencia entre justicia y política, algo que no arruina el discurso soberanista, inmunizado frente a la realidad. Que Llarena es un juez incómodo también para el Ejecutivo lo demuestra su requerimiento al ministro Montoro para que acredite la afirmación de que el 1-O no se financió con dinero público. La defensa del titular de Hacienda del escrupuloso control, para evitar desvíos, de los fondos que la administración central trasvasaba a la Generalitat se ha convertido en el argumentario soberanista en la prueba de que nunca se produjo la malversación que figura en los escritos de acusación del magistrado. Hay un especial énfasis en negar el delito cuando el uso de dinero público para fines no autorizados es el fino hilo del que pende la decisión de los jueces alemanes, que ya han mostrado dudas al respecto, de extraditar a Puigdemont.
El favor de Montoro a la causa independentista es impagable. El ministro no está en condiciones de asegurar que no hubo desvío de otros fondos públicos, por ejemplo los que recauda la propia administración catalana, como aseguran responsables de su propio departamento. Basándose en informes de la Guardia Civil, cuyas dificultades probatorias pueden quedar en evidencia en la vista oral, el juez cifra en casi dos millones de euros la cuantía de la malversación, un dinero que no se recauda con aportaciones privadas, como sostiene el expresidente catalán.
La politización del proceso judicial es el escenario más favorecedor para el soberanismo, al que conviene que el torpe e impreciso discurso de algunos responsables públicos enturbie al máximo la instrucción. Una nueva colisión del proceder político y el jurídico, regidos por mecánicas muy distintas, que contribuye a afianzar la tesis de que en Cataluña no pasó nada.
