Hay biografías que despiertan simpatías. Es el caso de Juan Antonio Ramírez Sunyer y sus setenta años. Siendo ingeniero de carrera, de los de entonces (voy a superar la tendencia a abuelo cebolleta), a sus 44 tacos decidió dar un cambio a su vida y entrar en la carrera judicial. El inicio de 2017 lo encuentra como titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde tuvo que encarar la denuncia contra su excolega y senador de ERC, Santiago Vidal, un tipo que subido en su independentismo radical, había comentado con total naturalidad que la Generalitat había conseguido los datos fiscales de todos los catalanes, algo que -reconocido por el propio exjuez- va contra la Ley de Protección de Datos; que existía una partida oculta en los presupuestos del gobierno regional para financiar el referéndum secesionista; y había un listado completo, de corte nazi, de jueces que eran favorables al procés.
La discreción del juez Ramírez hizo que pudiera mantenerse fuera de los medios, pero pocos meses después tuvo que salir definitivamente del anonimato al ordenar a la Guardia Civil las operaciones del 20 de septiembre. Un salto cualitativo frente al desafío independentista, con las detenciones de altos cargos y trabajadores de varias consejerías de la Generalitat, acusados presuntamente de organizar y promover, el referéndum del 1-O. Desde entonces ha tenido que dejar el apartamento que tenía alquilado en Port de La Selva y que soportar una cierta semiclandestinidad, estado que comparte con el juez Llarena.
Después de superar una apendicitis y de todas las recusaciones de la coraza legal del procés, a finales de enero, desestimando el recurso que varias de las defensas de los cargos de la Generalitat presentaron contra su decisión de aceptar a la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa, al juez le pudo su racionalidad, propia del buen ingeniero. Recordó en el auto que el FLA nació en 2012 como línea de crédito creada por el Gobierno en el contexto de la crisis para que el Estado prestara dinero a las comunidades autónomas con el objetivo de que no tuvieran que financiar su deuda en los mercados, ya sea para evitar pagar unos muy elevados intereses, ya sea por tener cerradas o disminuidas las posibilidades de obtener un crédito en función de la calificación concedida por las diversas agencias de rating.
El auto detalla que Cataluña recibió del FLA un total de 6.664 millones de euros en 2012, 10.050 en 2013, 7.912 en 2014, 11.133 en 2015 y 10.090 en 2016 (habiendo pasado unos meses, un servidor puede añadir nuevos datos a la lista: en 2017 Cataluña recibió 7.757 y para 2018 hay previstos 9.349). Teniendo en cuenta que la Generalitat desde 2012 recibía fondos del Fondo de Liquidación Autonómica y que el procés se desarrolla desde la consulta del 9N o, al menos, desde que se constituyó el Govern de Carles Puigdemont, el juez concluía que era ""evidente" que el importe destinado al 1-O "debe atribuirse al crédito obtenido" mediante ese fondo.
Y añade: "Estos créditos suponen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y, ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, es por lo que cualquier gasto deberá imputarse por lo menos y en la proporción en que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año".
El juez sostiene que "todo o parte de los pagos" vinculados al procés se pagaron con créditos del FLA, tanto si se realizaron directamente por la Generalitat "o indirectamente por personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas, dificultando así la investigación". El magistrado cree igualmente que está "sobradamente" justificado el interés del Estado en la malversación de fondos, dado que las "numerosas" resoluciones del Tribunal Constitucional "prohibían taxativamente la celebración de consultas y, en consecuencia, cualquier gasto realizado en su preparación y ejecución". A su parecer, "los indicios sobre la malversación resultan manifiestos".
Siempre ha quedado la duda sobre la lógica que tenía seguir manteniendo el FLA en Cataluña, cuando su gobierno tenía decidido independizarse de España. Incluso el Financial Times titulaba: "España amenaza con recortar los fondos en Cataluña por el plan del referéndum". Desde la distancia el artículo aseguraba que esta decisión del Gobierno español "ciertamente hará incrementar el malestar" de los catalanes y que la "amenaza" de cortar la financiación llega en un momento "tenso" y porque el referéndum está en un "punto de no retorno".
La visión del capital internacional acabó imponiéndose y los "contables madrileños" se sintieron poderosos: el Gobierno español "controlará inmediatamente" (¡al parecer hasta entonces nadie controlaba el FLA!) ya que todos los departamentos "tendrán que certificar al ministerio de finanzas cada semana que no han presupuestado directamente o indirectamente fondos para el referéndum". Con el ánimo de profecía autocumplida "ni un euro de los catalanes será utilizado para un referéndum ilegal", hoy sabemos que los contables nos han engañado.
Como es sabido el juez Llarena, menos dado a los recovecos de la financiación autonómica que el juez barcelonés, decidió recurrir a la Guardia Civil y hoy maneja dos millones de euros como malversación concreta. La incompetencia del actual gobierno frente al problema catalán sigue su carrera hacia el desastre. Con las corrupciones del PP en la mochila, ni Rajoy supo encararlo, ni la vicepresidenta supo elegir interlocutor, ni Exteriores supo explicarlo al resto de Europa, ni Justicia da una versión inteligible para todos y ahora con el dinero gastado (¿ha sido dinero negro?, ¿mafioso?) el ministro Montoro se empeña en decir que su contabilidad funciona muy bien y que ni un solo euro del FLA ha ido al procés.
Había que ser muy incompetente para no aceptar que el funcionamiento simultáneo del FLA y del procés eran incompatibles, pero Rajoy / Montoro y Puigdemont / Junqueras decidieron mantener esta incongruencia en beneficio propio. ¡Amorales filibusteros!
