Cuando más necesidad teníamos de que la justicia española pareciera homologable a la europea, la sentencia de La Manada lanza otro jarro de agua fría sobre nuestra institucionalidad. Los observadores han podido comprobar que no se trataba de que los independentistas catalanes sembraran dudas de recibir un juicio justo. Ahora han podido ver cómo gran parte del país salía a la calle a protestar contra un acto incomprensible de nuestro sistema judicial. Es un fenómeno sintomático, e implica una escalada de la degradación institucional que sufrimos con el Gobierno Rajoy.
Las asociaciones de jueces han acusado al ministro Catalá de irresponsable y de contribuir al desprestigio de las instituciones. Tienen razón. El gabinete Rajoy somete al Estado a la crisis más grave de su existencia. Ahora vemos sus consecuencias. Con su judicialización de la política, con sus recursos al Tribunal Constitucional, con la Ley de cadena perpetua revisable, con la Ley mordaza, el Ejecutivo instrumentaliza el poder judicial. Con ello pervierte su independencia, genera un clima de confusión e impide la normal cooperación de poderes, de lo que pueden derivarse patologías del Estado de derecho.
En efecto, Rajoy ha impuesto al poder judicial solucionar problemas que el Ejecutivo no sabe o no quiere resolver; agita las pasiones en un populismo jurídico que pone a los jueces en el centro de la profunda división de la opinión pública; eleva el poder judicial a poder soberano de última instancia, lo que expone sus decisiones a valoraciones políticas que dificultan su trabajo; y su legislativo no atiende sus tareas propias, dejando que los jueces trabajen con leyes antiguas que ignoran el estado de opinión y el sentido de lo justo en la sociedad actual.
Cuando los jueces se contaminan con los asuntos políticos candentes, es lógico que sean vistos por la ciudadanía como un poder politizado más. Si la gente profesa un desprecio elevado a la clase política, tenderá a lanzar la misma valoración sobre una judicatura demasiado implicada en la lucha ideológica. Si además la ciudadanía padece una radicalización y un antagonismo creciente de puntos de vista, entonces es probable que algunos jueces simpaticen con posiciones altamente ideologizadas. Si esas posiciones parecen minoritarias y sus sentencias implican un desafío a la opinión pública, la consecuencia será algo inédito: una fulminante y desconocida protesta popular.
Esta es la lógica de la sentencia de La Manada. Tenemos una sociedad muy antagónica, y más en Navarra, con polos ideologizados enfrentados y con una parte de la sociedad bien relacionada con la judicatura presionando a favor de visiones altamente tradicionales. En esa situación es fácil que un juez se atreva a desinhibirse leyendo los hechos y las leyes de una manera que no solo no comparte los valores mayoritarios de su ciudadanía, sino que parece desafiarlos. No creo, como nos sugería Soledad Gallego, que se trate de una "anomalía mental". Se trata de una posición ideológica que en la sentencia se refleja de un modo que causa estupor y escándalo, pero que tenía razones para esperar que algún sector de la opinión pública hablara de él en términos de un "héroe cívico".
La condena por abuso es injusta. Sin embargo, está dictada desde la ley, tan clara como intolerable en su ideología. Pero en el texto del voto particular del juez que ha solicitado la absolución se aprecia no la ideología de la ley, sino la extrema ideología del juez. Al leer los hechos de un modo subjetivo, ni siquiera ha podido aplicar una ley arcaica. Es una doble cuestión: una ley impropia de un país moderno, y un juez que da voz a una parte de la sociedad española con mentalidad extrema que reclama regresiones. Esta sentencia envalentona las posiciones machistas de quienes todavía las defienden de forma vergonzante en comentarios del lumpen intelectual hispano. El voto particular instala ese lumpen en el corazón de las instituciones.
Lo primero es lo arcaico de una ley que distingue entre violencia y abuso y que se centra en el consentimiento. Basta una pequeña reflexión para darnos cuenta de que todo este lenguaje de la ley procede de una imagen de la mujer anclada en un mentalidad arcaica. Se supone que la mujer tiene que consentir, no desear. La posición pasiva es lo decisivo. La mujer no puede ser activa y todo es normal si deja hacer. Esto viene reforzado por el asunto del abuso. Ya este concepto supone que puede haber uso, y que sólo en el caso en que se desvíe de él, entonces hay abuso. Una vez más, pasividad, carencia de criterio o libertad propia como condición, consideración instrumental de la persona. Las relaciones entre seres humanos, regidas por el imperativo categórico, imponen que el otro sea su propio fin en sí mismo, y no mero medio. En suma, una ley que se expresa en esos términos no está a la altura del sentido moderno de la dignidad humana.
Si la mujer fuera considerada en sus relaciones con otra persona como fin en sí, no debería hablarse de ella en términos de abuso o de consentimiento, sino de libertad. Las relaciones sexuales, que conciernen a nuestro sentido de la autonomía y de la dignidad, parten del deseo propio. Encuentro de dos libertades, están sometidas a la fragilidad y a lo misterioso de esa lógica y no están aseguradas más que por el cuidado recíproco. Claro que el "no" puede surgir en cualquier momento. De aceptarlo incondicionalmente dependerá nuestro respeto a la libertad de una mujer. Por tanto, la ley debe ser simplificada. Si una relación no se realiza desde la libertad, entonces atenta contra la dignidad humana. Y eso hace violencia sobre la sustancia moral de esa mujer, con independencia de que se dé o no la violencia física.
Esa violencia moral y física se dio en los hechos: eran cinco hombres, la chica apenas tenía 18 años, fue rodeada y conducida a un lugar sórdido, como reconocen los propios jueces; sobre todo la cuadrilla tenía experiencia en estos actos, los planificaba con esmero, había reincidido en ellos, se sentía impune para grabarlos y editarlos y ofrecerlos a sus redes. Por lo demás, la violación fue altamente ritualizada, incluso mecánica, con un proceder calculado, con un protocolo interno de manada ordenada. Fueron a la caza del cuerpo de una mujer, como si se tratara de un animal, y se cobraron el trofeo de exhibirlo. Todos estos elementos, que implican una ideología de la bestialidad, una regresión a una brutalidad animal imaginada, no han sido valorados por el tribunal. Todos ellos buscan producir una violencia tan intimidatoria que tiene prevista una reacción de trauma.
Sabemos que el miedo permite un tiempo deliberativo mínimo para decidir entre la huida, la defensa o el ataque. Pero el trauma, cuya huella simbólica se ha depositado en las imágenes de esos sueños en los que no podemos movernos, ni atacar ni huir ni defendernos, genera la parálisis. El trauma impone una pauta de conducta que cortocircuita el principio de autoconservación, que se entrega a una ciega inercia. Confundir esta actitud con el consentimiento es un despropósito. Creer que esa impotencia abandonada, derivada del trauma, implica una violencia menor es un error. Pero confundir esa actitud bloqueada y traumática con el goce, eso es una proyección del observador sádico ante la vida humillada y sometida. Ciertamente que el sadismo puede connotar la vida sexual. Pero cada vez más es el hábito que rige la radicalización ideológica y la forma del tratar al otro. Con suma facilidad se aplica a la mujer, pero en general lo aplicamos a quien no es como nosotros. Protestar contra esa sentencia es defender a la víctima y a las mujeres como víctimas potenciales. Pero es una lucha política común para que no crezca este clima sádico y bárbaro en España.
