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El ábaco

Ni la manada, ni la turba

Acabo de empezar y tengo la impresión de que este artículo ya lo he escrito. Con otra excusa, pero con la misma tesis. Aun así, siento anunciarles que volveré a hacerlo. Porque hay asuntos tan capitales en una democracia que -cuando están en peligro- nunca los defenderemos lo suficiente. Y yo tengo la oportunidad de que ustedes me lean. Antes que nada, les voy a contar que a mí también me llevaron dos chicos a casa de uno de ellos -afortunadamente, respetaron mi no- en las fiestas de mi pueblo, que yo también tuve miedo de ir a la piscina cuando era adolescente porque un viejo verde intentaba quedar conmigo, que yo también me he sentido incómoda cuando un marido y padre de dos hijos se pone baboso cuando sale. Así que no voy a aceptar que, desde una atalaya de presunta superioridad moral, nadie me diga que me da igual lo que le pasara a la chica víctima de la Manada. Si me encontrara por la calle con cualquiera de esos energúmenos, tendría que reprimir mucho mis deseos de cortarles los huevos.

A Al Capone le condenaron por fraude fiscal. Quiero decir que no es suficiente con imaginarnos lo que pasó en ese portal: hay que poder demostrarlo. Y lamento recordarles que la realidad está compuesta de una amplia escala de grises, aunque sea más fácil verlo todo en blanco o negro. Yo sí me leí la sentencia. Resulta que el tribunal cree a pies juntillas el relato de la víctima: palabra por palabra. Así que el #YoSíTeCreo lo podrían haber firmado ellos. Nadie discute que no hubo consentimiento. Lo que se analiza es si hubo o no violencia o intimidación, que es lo que separa el delito de abuso del de agresión.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la violencia tiene que ser física (golpes) y la intimidación previa e inmediata grave (un cuchillo, una amenaza de muerte). El sentido común nos dicta que cinco cabestros en un cubículo sin salida son suficientemente intimidatorios. De hecho, algunos juristas creen que, con los hechos que se dan por probados, cabría una condena por agresión. Ahí entran los grises, los matices interpretativos. Tal vez podrían haber considerado que existía intimidación suficiente y confiar en que el Supremo revise su propia jurisprudencia. Pero el caso es que la actuación del tribunal se ajusta perfectamente a Derecho. Son sólo trabajadores públicos que han intentado hacer su trabajo. Con el Código Penal y la jurisprudencia que tienen, que precisamente intenta limitar la discrecionalidad en las interpretaciones de los hechos. Ellos han visto las pruebas, escuchado a las partes y a los peritos. Ser juez no te libra de ser misógino, o racista. Precisamente, el Estado de Derecho se ha encargado de que sean tres los magistrados que valoren las pruebas en lugar de uno solo, que podría haber sido el del voto particular. Y para eso también existen los recursos. Pedir que se les inhabilite es una indecencia.

Con esto quiero decirles que si consideramos que cualquier relación sexual no consentida es, en sí misma, violenta e intimidatoria -cosa en la que probablemente estamos todos de acuerdo- nuestras iras no deberían dirigirse contra los jueces de este tribunal, sino contra quien tiene la potestad de reformar el Código Penal, es decir, el poder legislativo. Así que me resulta deleznable -por ser suave- escuchar a una clase política que con suerte ha pisado una universidad criticar a los jueces a quienes tienen trabajando sin personal, un sistema informático de mierda y con unos órganos de gobierno politizados. Intentando dar lecciones sobre cuál debería haber sido el resultado de una sentencia dictada de acuerdo con sus propias leyes. Qué irresponsables.

Nos ha costado siglos de evolución pasar de la Inquisición a un Estado de Derecho. Claro que el poder judicial puede someterse a críticas. Pero no cualquier reproche es igual de válido. ¿Por qué la turba se cree con derecho a insultarles a los dos minutos de publicar una sentencia de 371 páginas? La protesta es necesaria para avanzar contra cualquier tipo de discriminación, pero sería conveniente saber en base a qué hay que quejarse. Y dónde. Las sentencias ejemplarizantes nos asimilarían a Arabia Saudí. ¿Es eso a lo que aspiramos? Los jueces deben ser imparciales; insinuar que los movimientos feministas -o cualquier otro- tienen que influir directamente en las resoluciones judiciales es demencial.

Los mismos que hace un mes pedían no legislar en caliente y no querían ni oír hablar de la prisión permanente revisable desean ahora que la manada no vuelva a ver la luz del sol y pretenden promover un cambio rápido del Código Penal. Proponiendo barbaridades como que el relato de la víctima no se discuta: eso es hacer saltar por los aires la presunción de inocencia. Con periodistas y medios de comunicación desinformando y alentando a la multitud en lugar de intentar desentrañar las dificultades desde la honradez intelectual. Qué irresponsables. Nada hay más peligroso que sustituir la justicia por la turba, el linchamiento o la venganza. Me niego a echar por la borda un sistema de garantías legales que es el resultado de años de discusión racional, aunque tenga sus fallos. Me niego a creer que sería mejor una justicia en la que se te presume culpable, porque también hay hombres buenos. Nos convendría a todos pasar de la turba revolucionaria a la crítica racional y argumentada. Y empezar a poner el ojo en la educación.

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