Rajoy negó una vez más la evidencia de la corrupción de su partido. Los inscritos de Podemos votaron que su líder puede comprarse una casa, mientras éste decide por ellos provocar la caída del Gobierno. Pedro Sánchez justifica la moción por calidad democrática sin citar a los afiliados, con los que se comprometió a contar
La crisis política que arrastra la sociedad española desde hace casi una década no ha dejado de empeorar. Los españoles vamos perdiendo la esperanza de volver en un plazo razonable a un funcionamiento normal y estable de nuestro sistema político. El episodio judicial de esta semana, precedente de otros similares que le sucederán, nos ha situado de nuevo a un paso de un gran desbarajuste, por utilizar una palabra sin excesiva carga dramática. La responsabilidad de toda la clase política es compartida e indeclinable. La crisis que siguió al fin del régimen de Franco tenía sin duda una envergadura mucho mayor, se trataba de sustituir una larga dictadura por una democracia, y fue resuelta en tres años con un éxito que causó admiración en todo el mundo. Los actuales dirigentes políticos han convertido la cuestión catalana en un conflicto agónico y se muestran incapaces de garantizar la gobernabilidad del país. No se ocupan como debieran de los problemas pendientes, que continúan a la espera, y todo lo hacen con la vista puesta en la reacción de los votantes. La política española, por lo que se refiere al comportamiento de los partidos, no es hoy más que una carrera que nunca se acaba, plagada de oportunismos y fraudes.
La situación se describe por sí misma. Basta reparar en unos pocos hechos observados en los últimos días. Rajoy ha negado una vez más la evidencia y se desliga de la corrupción a escala practicada por el partido que preside, que es el principal componente de su gobierno. Pablo Iglesias, nada más tener noticia de la sentencia, sin tiempo material para haberla leído, anunció su apoyo incondicional a una moción de censura. Lo hizo sin reunir antes a la dirección de Podemos, ni reparar en que hace un año otra moción con él mismo de candidato fue rechazada en el parlamento. No obstante, lo más definitorio del caso es que los inscritos de Podemos votaron precisamente que su primer dirigente puede comprarse una casa, mientras éste toma por ellos la grave decisión de provocar la caída del gobierno.
Pedro Sánchez compareció a primera hora del viernes para justificar por razones de calidad democrática el registro de la moción, justo antes de que la ejecutiva de su partido diera carácter formal a la decisión, sin mencionar en esta ocasión a los afiliados, con los que se comprometió a contar siempre cuando reclamó su apoyo para regresar a la secretaría general.
Todos los partidos coinciden de manera implícita en dar por concluida una legislatura que empezó ya muy renqueante. El pronunciamiento judicial, cierto es, inhabilita políticamente al PP para gobernar. Su implicación probada en repetidos casos de corrupción tiene una gravedad política extrema. El partido está abocado a una refundación y su supervivencia es incierta. Pero, aún así, el resto de partidos no consigue ponerse de acuerdo para dar una salida a la crisis. El PSOE y Ciudadanos, que se presentaron como socios de gobierno en 2016, actúan como duros adversarios, subrayando las diferencias, procurando adelantarse al otro y obtener así cualquier ventaja en la competición política. La complicidad inicial de Podemos y Ciudadanos para introducir reformas políticas se ha ido transformando en un desencuentro permanente y crispado. Visto el panorama, el jefe del ejecutivo se ha sentido invitado a no abandonar el puesto.
La presencia de Rajoy y el PP en Moncloa es muy problemática y se antoja difícil que pueda mantenerse por mucho tiempo en un gobierno en minoría, completamente aislado y con una presión muy fuerte alrededor. No es esta la mejor opción, pero tiene posibilidades de abrirse paso durante los próximos meses. El relevo en el gobierno de Rajoy por Pedro Sánchez, de no contar con el apoyo de Ciudadanos, generaría una incertidumbre añadida, quizá más de la que pueda soportar el sistema político, porque necesitaría el voto de los partidos independentistas. Estos confían mucho o poco en que un gobierno socialista, con la ayuda de Podemos, sea más receptivo a sus aspiraciones, pero sobre todo quieren aprovechar la oportunidad de un ejecutivo débil y obligado a hacerles concesiones. La cuestión catalana atraviesa la crisis política española en distintas direcciones como se podrá comprobar en la próxima campaña electoral.
En las circunstancias actuales, descartada la dimisión de Rajoy, lo más conveniente es celebrar elecciones. A la importancia del asunto que se dilucida corresponde el procedimiento democrático más elevado, que es el electoral. Es probable que la sentencia y la situación sobrevenida alteren decisivamente las preferencias electorales de los españoles. Resulta impensable, por tanto, que dentro de un año tengamos elecciones locales y aún no se hayan celebrado las generales. En fin, convocar elecciones es lo que debe hacerse cuando los políticos se bloquean y no encuentran una solución eficaz. Y este es el caso. Los españoles han utilizado más de una vez el voto para deshacer entuertos de los políticos. Aunque después de las dos últimas elecciones generales y los avatares del proceso catalán son tantos los desaguisados, que muchos de ellos ya solo esperan que una carambola lo resuelva todo.
