Lo último que he escuchado desde el zoco madrileño es que don Pedro Quevedo exige, para que la investidura de Pedro Sánchez cuente con el voto de NC, que sean respetados los presupuestos negociados con el Gobierno de Mariano Rajoy y que ahora mismo se encuentran en el Senado. Es razonable, pero se recordará cómo hace un par de días Román Rodríguez aseveraba estentóreamente que Nueva Canarias estaría ahí, al pie de la tribuna de oradores, no solo para votar la moción, sino para ofrecerle una piña de plátanos a Sánchez si necesita energía suplementaria. Esquerra Republicana también aprovechó ayer para comenzar a deshojar una flor de malestar por las maneras del secretario general del PSOE, que no le parecen las más correctas. Arnaldo Otegi, en nombre de Bildu y de algunos centenares de asesinados, ha explicitado que sí, que ya han tomado una decisión sobre la moción de censura, pero que no la van a hacer pública, a ver lo que dicen los otros. Eso sí, Otegi no ha querido dejar de aclarar que el PSOE no representa ninguna "alternativa democratizadora". "Sánchez y Rajoy", ha resumido el estadista filoetarra, "son lo mismo".

Es muy comprensible que el infinito y asqueado hartazgo que producen Mariano Rajoy y el sistema de corrupción institucionalizada que ha engordado las arcas del PP -según sentencia de la Audiencia Nacional- lleven a cualquiera a anhelar una moción de censura inmediata. Rajoy y el Gobierno en pleno debieron haber dimitido ayer lunes convocando elecciones generales. Como el presidente se aferra al sillón como un percebe la moción deviene imprescindible. Y como nadie quiere pactar con nadie en estos momentos -como por razones de expectativa electoral no son posibles mayorías amplias sobre un programa consensuado- lo más razonable es que la moción de censura adquiera un carácter instrumental: consistiría en apoyar a un candidato cuya única misión sería convocar elecciones en un plazo de sesenta días. Un candidato que podría ser cualquier diputado, incluso Pedro Quevedo o Ana Oramas; las responsabilidades ministeriales serían asumidas provisionalmente por secretarios o subsecretarios de Estado. A principios de agosto se celebrarían elecciones y se dispondría de un nuevo Gobierno en septiembre.

Con todas sus dificultades esta estrategia para desembarazarse del PP es más razonable que la asombrosa pretensión de Pedro Sánchez: gobernar un año, quizás año y medio, merced al apoyo parlamentario de las fuerzas políticas catalanas que han decidido quebrar el orden constitucional y abrogar el Estatuto de Autonomía en Cataluña, para impedir lo cual el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la carta magna. Algunas almas de cántaro -esos buenistas irredentos que consideran su desprecio por el principio de realidad como una conquista moral- piensan que Sánchez podría abrir una negociación exitosa con los independentistas catalanes. Los independentistas catalanes no quieren otra cosa que la independencia y hacer depender la gobernabilidad de toda España de una negociación imposible, tramposa y frustrante en sí misma, es de una irresponsabilidad intolerable. Negociar desde una extrema debilidad política con fuerzas secesionistas, un suicidio estúpido. La moción de censura debe empezar y terminar con unas elecciones anticipadas, no anunciar un consenso improvisado y milagroso que no oculta otra cosa que una torpe y miedosa ambición.