Para conocer su futuro más inmediato, después de que trascendiera su condena por defraudar a Hacienda, hubiera bastado con que Màxim Huerta recordase quién se sienta a la izquierda del presidente Sánchez en el Consejo de Ministros. Josep Borrell ocupa el lugar que, por la relevancia de su cartera de Estado, se reserva al titular de Exteriores. Pero, en su caso, esa proximidad muestra además una influencia que quizá fuera decisiva para apuntillar al exministro de Cultura. El de Borrell, quien apuntaló a Sánchez cuando su intento de recuperar el liderazgo del PSOE parecía un viaje a ninguna parte, fue el primer nombre del nuevo Ejecutivo que trascendió y al amparo de esa designación, bien acogida incluso por la oposición, desfilaron las del resto del gabinete, hasta cerrarse, en un efecto muy buscado, con la sorpresa de Huerta.

La carrera de Borrell tiene ya muchas capas, pero su primera decisión de amplio eco fue una medida ejemplarizante en el ámbito fiscal: llevar a Lola Flores al banquillo por sus incumplimientos tributarios. Ocurrió en su etapa como Secretario de Estado de Hacienda, a mediados de los 80, en el primer Gobierno de Felipe González. Aquella no sería la única ocasión en la que los asuntos impositivos iban a dejar huella en su trayectoria pública. En mayo de 1999, trece meses después de hacerse, contra todo pronóstico, con la secretaría general del PSOE, en las primeras elecciones internas del partido, Borrell renunció al cargo por su cercanía personal con Josep María Huguet y Ernesto Aguiar, antiguos colaboradores suyos en la etapa de Hacienda, procesados ambos por fraude fiscal. Aunque no existía ningún vínculo de intereses con los dos, Borrell decidió renunciar por lo que consideraba un error personal al confiar en ellos.

Huguet, que en el momento de su caída era el jefe de la inspección tributaria en Cataluña, ingresaría en prisión, tras un largo proceso judicial, en 2014 por haber aceptado dinero de notables empresarios catalanes para suavizar la revisiones de sus compañías. Estaba en el centro de una trama que involucraba incluso al expresidente del Barça, Josep Lluís Núñez, condenado a dos años de cárcel. Aguiar, también inspector, fue exonerado y salió libre.

La severa doctrina personal en asuntos fiscales de uno de los ministros con mayor ascendiente sobre Sánchez era un disparo en la línea de flotación de Màxim Huerta, cuya inicial resistencia a dimitir se debilitó de forma progresiva con el paso de las horas.

Ajeno al ámbito de los asuntos públicos, el exministro no llegó a calibrar en ningún momento el impacto de la condena por fraude fiscal en su incipiente trayectoria política. Incluso al anunciar la renuncia, Huerta trató de autoexonerarse de toda responsabilidad. amparándose en lo habitual de la práctica por la que fue sancionado entre profesionales y gente del espectáculo. Pese a su proclamación de inocencia, uno de los dos fallos del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid en contra del periodista, de mayo del año pasado, establece que su conducta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable", sin que los jueces lleguen a "apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Entre 2006 y 2008, Huerta ingresó casi 800.000 euros, de los que hizo constar como rendimientos del trabajo personal algo menos de 150.000, por los que abonó a Hacienda 21.860 euros. Por el grueso de sus percepciones tributó como si fueran generadas por la actividad de Almáximo Profesionales de la Imagen SL, sociedad de la que era único accionista y administrador. Mientras que sobre esos ingresos se aplicaba el tipo del 25 por ciento que rige para el impuesto de sociedades, la declaración de sus cobros como rendimientos del trabajo personal le hubiera supuesto tributar al 48 por ciento. Huerta hubo de abonar 366.000 euros a Hacienda para liquidar los 218.000 euros que dejó de pagar entre 2006, y 2008 más las sanciones correspondientes. Al no alcanzar las cantidades defraudadas los 120.000 euros anuales, el exministro está libre de delito fiscal.

En contra de lo dicho en su despedida, la inspección de Hacienda al que fuera titular de Cultura no responde a ningún cambio normativo sino a una intensificación de la vigilancia sobre prácticas defraudatorias al amparo de las sociedades instrumentales. Aunque con una cuantía sensiblemente menor, Huerta acabó en la misma picota fiscal que Messi o Cristiano Ronaldo por ingresar sus derechos de imagen a través de firmas pantalla. El actor Imanol Arias y su compañera en la serie Cuéntame Ana Duato también están en esa nómina aunque par ellos el coste fue cuantioso pero limitado a lo económico, sin impacto político.