Hace 40 años España cambió el rumbo de su historia con un acto de concordia y acuerdo que fue la aprobación de la Constitución del nuevo estado democrático, tras un proceso constituyente en el que, con las luces y sombras propias de todas las obras humanas, se convirtieron en palabras la voluntad y los anhelos de los españoles para su marco de convivencia.

La Constitución, entre otras muchas cosas, encajó en nuestro marco legal los servicios públicos como expresión práctica de algunos derechos fundamentales. Porque los servicios públicos de los que una sociedad se dota, definen su voluntad de civilización. La excelencia de la prestación de esos servicios y del acceso a los mismos, da fe de los niveles de democracia y equidad de esa sociedad.

En los últimos 40 años los progresos de España en estos dos ámbitos han sido fundamentales en la transformación de nuestro país en una democracia avanzada, con unos índices de calidad de vida homologables con los de los países más desarrollados. En un país avanzado como España, la redistribución de la riqueza se produce en, aproximadamente, un 80% por transferencia vía prestación de servicios públicos de todo tipo. Por lo tanto la eficiencia en el desempeño de esos servicios es fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo social y sus derechos asociados, cuya vigencia y protección dependen de la voluntad política y del esfuerzo económico colectivo de los ciudadanos, sujetos y objetos de esos servicios y derechos. Muchos de esos servicios son de competencia municipal y otros son también complementados por los ayuntamientos.

En particular los servicios municipales configuran nuestra vida cotidiana, los espacios públicos y privados en los que vivimos, nuestra movilidad real, el metabolismo y la higiene colectivos; en definitiva, aquello de lo que se alimenta la pequeña felicidad de cada día desde que nos levantamos hasta que volvemos a descansar, porque estamos seguros de que todo seguirá funcionando. ¿Estamos seguros? Deberíamos estarlo y no hay otra forma de saberlo que monitorizando esos servicios técnicamente y en relación con la satisfacción de los usuarios, que no son otros que el conjunto de los ciudadanos que, como contribuyentes, hacen posible la existencia de esos servicios. La Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos a través de su Observatorio de Servicios Urbanos-OSUR está desarrollando estudios y herramientas para conocer con fiabilidad el funcionamiento de los servicios públicos en España, y su percepción por parte de los ciudadanos.

Con ese último objeto se ha creado el Barómetro OSUR, la primera encuesta de carácter anual centrada en medir los índices de satisfacción y la evolución de la valoración ciudadana, en su rol de contribuyentes y usuarios de los servicios públicos municipales en nuestro país. La muestra, de alta representatividad, contempla residentes en las 30 ciudades más pobladas del país (entre las que se encuentra Las Palmas de Gran Canaria), correspondientes a 13 comunidades autónomas, en el mes de julio del año 2017, a los que se les preguntaron sobre Agua y Saneamiento, Recogida de Basuras, Limpieza Viaria, Cuidado de Parques y Jardines y sobre Transporte Público. El desarrollo técnico fue realizado por IPSOS, bajo la dirección de los expertos de OSUR.

La pasada semana tuvimos ocasión de presentar los resultados de nuestro barómetro, particularmente los correspondientes a Las Palmas de Gran Canaria, en Las Casas Consistoriales de esa ciudad.

Nuestro interés por la capital canaria responde a motivos diversos en relación con nuestra encuesta. Las Palmas de Gran Canaria es, de entre las ciudades turísticas encuestadas, la que ofreció mejores registros. Es un dato más importante de lo que pudiera parecer, porque esas son ciudades con alto estrés estacional de los servicios públicos, y eso se traslada a la percepción de los ciudadanos. Pues bien, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en todos los servicios por encima de la media nacional, 65 frente a 62, con algunos resultados más que notables. Así en la recogida de basuras y tratamiento de residuos Las Palmas de Gran Canaria ocupa el 4º lugar de entre las 30 principales poblaciones de España, el 5º en el transporte público y el 6º en limpieza viaria. Este último dato es muy significativo pues este es el servicio peor valorado por el conjunto de los españoles, pero muy significativamente en los municipios turísticos, lo que nos habla de una gestión excelente. En suministro de agua la satisfacción en la capital grancanaria alcanza al 65% de los encuestados frente al 59% en el total de la encuesta, ello en uno de los territorios más áridos del país. Igualmente en el cuidado parques, jardines y otros espacios públicos, el segundo servicio más criticado por los españoles, la ciudad queda dos puntos por encima de la media nacional y alcanza el duodécimo mejor registro, lo que teniendo en cuenta el clima canario, bueno para las personas pero muy duro para la vegetación, tiene indudable mérito. La encuesta también nos muestra que la percepción de todos los servicios ha ido mejorando en los últimos dos años, particularmente la del transporte y la de los parques y jardines. Evidentemente el modelo de gestión de los servicios públicos en Las Palmas de Gran Canaria pone al ciudadano en el centro, sin prejuicios ideológicos, consiguiendo excelentes prestaciones mediante gestión directa, mixta y concesionada, según el servicio.

De camino del aeropuerto a mi hotel, junto a Las Canteras, le comenté al taxista que veía la ciudad muy limpia, y le pregunté si estaba de acuerdo o si eran cosas de turista contento con las vacaciones. El taxista me dijo que no era ilusión, que era la verdad, que le parecía a él que se estaban gestionando bien las cosas de la ciudad, que se iba mejorando. Egoístamente pensé que el barómetro había acertado.