La crisis, la económica, claro, la última, la que dicen que comenzó en 2008, hizo de nosotros avezados economistas. Seguimos con sumo interés las evoluciones de una cosa que llaman "prima de riesgo" sin saber cómo se calcula ni qué significa exactamente. Sabemos, eso sí, que es malo si sube y bueno si baja, sin entrar en sutilezas de si hay un techo o un suelo que no debe ser traspasado. En esas seguimos. Para ser sincero, en esas sigo, como sigo sin entender bien las variedades de deuda (pública, exterior, autonómica, total, empresarial) ni con qué hay que compararlas para saber si las cosas van bien o mal y, por supuesto, sin tener claro cómo se calculan tales cifras o si son inventadas. Algunas de las cuales alcanzan niveles de fetichismo, como sucede con el Producto Interior Bruto (PIB) del que tampoco sabemos en qué consiste exactamente aunque sí sabemos que es bueno que aumente y malo que disminuya, sin entrar en sutilezas como el peso que la prostitución y el narcotráfico (estimados, no observados) pueden tener en tal exaltada cifra. O el peso positivo que puede tener una guerra, para exagerarlo del todo. Ahora pasa algo parecido con la crisis judicial que atravesamos y que, como todas estas crisis, tuvo su día de referencia: el pasado día 23 de mayo con la huelga de todas las asociaciones de jueces y fiscales como la de las pensiones lo había tenido el 17-M y el feminismo el 8-M. Esta compleja mezcla de noticias, datos, ideologías e intereses políticos es lo que ha llevado a lo que puede considerarse como crisis del sistema judicial con también, como la otra, muchos factores que la han producido (como el del intervencionismo de los gobiernos) y una proliferación de expertos que, con mayor o menor pericia, han intervenido en las discusiones que las noticias planteaban. Supongo que en las llamadas redes sociales la discusión habrá sido todavía más acalorada, pero ahí confieso que solo supongo, ya que no sigo ninguna de ellas. Me di de baja hace años. Un caso claro fue lo producido en torno a la primera sentencia llamémosle de La Manada. Expertos todos, discutimos sobre la interpretación correcta que había que dar a algunas palabras de las leyes vigentes o, mucho mejor, discutimos sobre la palabra que había que usar, dijera lo que dijera la ley (violación, abuso, maltrato, agresión etcétera). En vano los realmente expertos en la materia intentaron introducir un mínimo de racionalidad en la discusión: la ideología lo arrasaba todo y llevaba a interpretaciones de lo más pintorescas tanto en un sentido como en el otro. Pues de bandos iba la cosa. Los expertos a la vinagreta se han multiplicado también en torno al procés, a las complejas relaciones entre el gobierno de Madrid (incluyendo parlamento y senado) y el de Barcelona (también parte de su parlamento) de confusa evolución predecible como se ha encargado de exponer hasta la llamada "CIA en la sombra", la Agencia Stratfor. De entrada, ambas partes se reclaman portadoras del cumplimiento de la ley y del comportamiento democrático. Casi por definición, lo que cada una hace es correctamente democrático, característica que, cada una de ellas, niega a su contraria. Obvio que por lo menos una de las partes, si no las dos, tendría que estar equivocada. Y ahí entran los exegetas de leyes que no habían leído (como tampoco habían leído la sentencia de La Manada muchos de aquellos expertos). Esta era la cuestión de fondo, pero cuyas ramificaciones llegaron hasta la toma de posesión del gobierno del presidente Torra. Los expertos en derecho (y siempre que escribo experto me refiero a los que se autoadjudican el título, no a los profesionales, a los que respeto igualmente) salieron en defensa de uno y otro bando de manera que se notaba que sus opciones previas era determinantes de su supuesta exégesis de los textos legales que muchas veces desconocían. Cierto, siguiendo con el procés, que tampoco los verdaderos expertos conseguían ponerse de acuerdo en un tema tan particular que acababa incluyendo a los tribunales (que se supone que no están formados por falsos expertos) de otros países como Alemania o Bélgica. Es comprensible esta proliferación de enterados, sobre todo si están guiados por una determinada ideología (conservadora, progresista, feminista, nacionalista -estatal o subestatal-, anticapitalista o lo que sea en cada caso). Al final, todo es según el color del cristal -ideológico- con que se mira. Respetable, pero no por eso creíble a pie juntillas.
