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OBSERVATORIO

Cambio de rumbo

Una moción de censura conlleva la propuesta programática de un candidato que aspira a recibir el apoyo parlamentario. Al menos, así debiera ser y va más allá de la intención de apartar del poder a un presidente. Como presentación de su candidatura, Pedro Sánchez defendió en el Congreso una hoja de ruta de su futuro equipo de gobierno, basándose en tres pilares: recuperar la normalidad política, atender las urgencias del país y, finalmente, convocar elecciones generales. Apenas han sido necesarias tres semanas para cambiar de rumbo y evidenciar que engañó a sus señorías. O quizás no, porque es posible que el objetivo común no fuera tanto el de recobrar el rumbo del país, sino tan solo el de conformarse con ver a los populares en la oposición. Si el engaño fuera consentido, el pronóstico de la política española aún sería más oscuro del que aparenta.

Recobrar la normalidad política es una meta deseable, pero compleja con los mimbres actuales. Difícilmente puede aspirarse a la normalidad con un parlamento fraccionado en exceso y muy alejado de la realidad social que apuntan los estudios demoscópicos. Menos aún con una amalgama de ideologías contrapuestas que constituyen este tótum revolútum que da soporte al gobierno. ¿Es el PNV un partido de izquierdas? ¿Acaso Bildu, PDeCat o ERC tienen el mismo concepto de Estado que sus socios constitucionalistas? ¿Cuál es el peso de las distintas facciones territoriales del PSOE, representadas en el Congreso? Es evidente que el único punto de confluencia fue la oposición al PP y, no en menor medida, la preocupación por ese renovado centro-derecha que emerge desde Ciudadanos. Razones hay de sobra para bajar el listón y entender que, esa pretendida "normalidad", se reduce a darle puerta a un Partido Popular condenado por corrupción. Si así fuera, la meta ya se habría alcanzado e, incluso, superado con creces. La guerra intestina que van a sufrir los populares irá para largo, asegurándoles una penosa travesía por el desierto. En consecuencia, primer objetivo alcanzado.

Tras la caída de Rajoy, era lógico esperar que Sánchez cumpliera su palabra con relación a los otros dos ejes centrales de su propuesta de gobierno. Ojo, que en esta ocasión no se trata de un simple programa electoral -ya saben, siempre papel mojado-, sino de los compromisos adquiridos en el Congreso de los Diputados para recibir la confianza de esta cámara. Mentir o, cuando menos, engañar debería ser considerado como falta grave en este contexto. Sin embargo, el presidente ha preferido modificar radicalmente su discurso. Pidió el voto en el Congreso, comprometiéndose a alcanzar un acuerdo que permitiera convocar elecciones generales. "Para que lo españoles y españolas decidan el rumbo que dar al país con su voto", Sánchez dixit. Pues no habrá necesidad de consenso alguno, ni capacidad de decisión de los electores, porque el rumbo lo ha decidido ya y no es otro que agotar la legislatura. Vaya, que mintió como un bellaco. Fíjense si sus decisiones habrán pillado con el pie cambiado a todos, que en la web de su partido aún no han tenido tiempo de descolgar la transcripción de su discurso. Ya tardan.

España seguirá siendo un país con marcados desequilibrios territoriales. Así lo ha decidido Pedro Sánchez, anunciando que no habrá nuevo sistema de financiación autonómica. En su opinión, no hay tiempo para ello, ni aún después de haber decidido agotar la legislatura. De nada ha servido que sus barones territoriales se echen las manos a la cabeza. Ximo Puig, Susana Díaz o Emiliano García-Page se verán ahora obligados a decidir entre su lealtad al territorio o al partido. Mientras tanto, algunos de sus socios y cómplices de los engaños de Sánchez le advierten que se deje de milongas porque los trabajos técnicos ya están realizados y el sistema de financiación puede empezar a definirse. Podrá ser una misión compleja, pero no por falta de tiempo sino, como bien apunta Mónica Oltra, por desinterés. Solo resta sentarse en la mesa y negociar, una virtud de la que el madrileño alardeaba antes de sentar sus reales en La Moncloa.

Pedro Sánchez considera que el sistema de financiación autonómica no es una necesidad urgente y que su actualización puede ser demorada. No parece ser consciente de que toda necesidad individual pasa obligadamente por una equidad presupuestaria. De hecho, no hay mayor desigualdad que la que se atreve a perpetuar con su decisión. Si las comunidades autónomas no disponen de los medios necesarios para atender la dependencia, la sanidad o la educación, los derechos prometidos quedan en cantos de sirena. Sin ese marco de estabilidad, tampoco será posible atender al pago del apoyo parlamentario que ofrecen vascos y catalanes. Para ello es necesario disponer de un modelo de Estado del que, parece evidente, carece el actual gobierno socialista.

De un presidente capaz -extremo que, obviamente, aún está por demostrar- cabe esperar que sea consciente de las enormes diferencias existentes en este país, no solo con relación a la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, sino también a la distribución de la riqueza. Coincidiendo con la decisión presidencial de dar carpetazo a un nuevo sistema de financiación, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer las últimas tasas de riesgo de pobreza por comunidades autónomas. Entre las más castigadas aparecen, como es lógico, las que salen peor paradas del reparto económico: Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. También aquellas otras que, bajo el principio de solidaridad interterritorial, precisan mantener una aportación por encima de la media nacional, pero que sigue siendo insuficiente. Es el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias. Con su decisión, Sánchez y sus socios siguen condenando a los pobres a serlo más aún. No hay otra realidad.

Decía Schopenhauer que cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa. Y Pedro Sánchez va perdiendo el recuerdo de aquello que defendía desde la oposición. Demasiado rápido, por cierto.

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