El PP ha revolucionado el concepto de la militancia política hasta convertir en un dogma de fe el mantra de que cuenta con más de 860.000 afiliados. Para los populares tienen carnet del partido personas ajenas a su vida interna incluso en momentos críticos como el proceso abierto para elegir a un nuevo líder. Y de pagar cuotas ya ni hablamos.
El censo de inscritos para cribar por votación directa a los seis aspirantes, que tras las urnas del 5 de julio quedarán reducidos a dos, desvela la pérdida repentina de 800.000 militantes. De la lista no se borraba ni a los muertos. Los cerca de 65.000 que han manifestado su intención de votar coinciden con los que participaron en la renovación de las direccions regionales hace un año y se aproximan a la implantación real del partido.Redimensionado en esa cifra, que sí tiene el soporte contrastable de los hechos internos, el Partido Popular pierde su falsa primacía en tamaño, pero su militanciaduplica a la Ciudadanos. Eso sí, está muy alejada de los más de 390.000 inscritos en Podemos, que opera con normas distintas a las de los partidos clásicos, y que necesitarían también una poda porque en la consulta sobre el chalet de los Iglesias-Montero -la de mayor participación, con diferencia, entre las últimas- votaron 188.000. Tras sucesivas y severas menguas, el PSOE declara algo menos de 190.000 militantes, de los que en torno a 150.000 participaron en las primarias en las que Sánchez recuperó el liderazgo del partido.
Dolores de Cospedal, reina del mundo orgánico popular en su condición de secretaria general, era sobrada conocedora, cuando se abrió el proceso interno, de que los militantes al día en sus pagos no llegaban ni al 10 por ciento de los que afirmaba tener. Sáenz de Santamaría, siempre ajena a los asuntos del partido, reprocha ahora a su contricante -y por extensión a Pablo Casado quien también formaba parte de la cúpula- que no haya resuelto tan crucial asunto desde una cargo al que se aferró con bravura en el congreso del año pasado. Tanto fue el empeño que incluso forzó una modificación de la estructura de la dirección para incorporar a Fernando Martínez Maíllo como coordinador general, destinado a cargar con parte de los cometidos que desbordaban a la secretaria general, presidenta del partido en Castilla-La Mancha y además ministra de Defensa.
Pero la persistencia en mantener la ficción de los 860.000 afiliados no es sólo un problema derivado de la mala gestión de las cuestiones internas. En esa cifra vuelcan sus propios números las organizaciones de cada comunidad y sobre ella se sustenta el actual reparto de poder territorial del partido. El número de compromisarios que cada región envía al congreso es proporcional a los afiliados que declara, aunque haya claros indicios de que se trata de números irreales. Y los compromisarios son quienes tienen la última palabra, también en estas falsas primarias, en las que se pronunciarán sobre los dos candidatos que pasen el corte de las urnas abiertas. Una actualización de los censos podría traer un cataclismo y descubrir que algunas de las fuerzas antaño decisivas, como Valencia, ahora ya no lo son tanto.
Tras la apariencia de que el Partido Popular pueda estar haciendo trampas al solitario o que se defrauda a sí mismo al mantener una cifra de afiliados que, en apariencia, sólo sirve para sacar pecho lo que se oculta es la persitencia del mismo poder interno de siempre. Nada cambia aunque el procedimiento parezca distinto.
Los populares se enfrentan a las consecuencias de introducir innovaciones que por falta de convicción no son tales. El proceso interno viene a poner en cuestión sus propias normas, como dejan en evidencia las reclamaciones de algunos de los aspirantes a la presidencia. Es otro de los factores que acrecienta las probabilidades de que todo acabe en una sucesión fallida.
Las salida en falso de las crisis graves están en la historia de todos los partidos, incluso en la del propio PP. Un tal Hernández Mancha fue el interino que preparó la llegada del aznarato.
