La IX legislatura parlamentaria ha dejado muchas particularidades, una de ellas, ha sido la preocupación de sus Señorías y de todas las fuerzas políticas por la atención psiquiátrica y la salud mental, circunstancia que se ha puesto de manifiesto por el número de preguntas, proposiciones no de ley y declaraciones que se han realizado. Los que llevamos años comprometidos con la mejora de la asistencia sanitaria a la población canaria - después de más de diez años de parón institucional y crisis social por reajuste de la economía especulativa- observábamos esta legislatura con grandes esperanzas. Pero han pasado ya tres años y en un año, la legislatura se habrá consumido. Todo se ha ido aplazando, con un año de retraso del compromiso adquirido en la resolución del III Plan de Salud de Canarias (BOCA, 2016) para la elaboración y aprobación de un Plan Integral de Salud Mental, se envió a diferentes entidades por email, a finales de abril del año en curso, un borrador, para su validación (léase trámite). Un documento de 560 páginas con 12 líneas estratégicas con su banco de acciones y medidas. En el plazo de un mes había que presentar alegaciones en un formato determinado. Por nuestra parte, las mismas se hicieron, pero a fecha de hoy, no sabemos si han sido aceptadas o rechazadas. Ningún espacio se ha abierto para dialogar sobre la pertinencia o no de estas. En el III Plan de Salud de Canarias participamos y podríamos comparar ambas experiencias, y afirmar que el Plan de Salud Mental Canarias (PSMC, 2018-2023), no presenta ninguna conexión con aquel, ni en las formas, será porque los redactores del PSMC estuvieron ausentes en el III Plan de Salud.
Las hemerotecas son testimonio del compromiso de la asociación que tengo el honor de representar. Profesionales comprometidos desde hace casi cuarenta años, en la defensa y empujando hacia una atención psiquiátrica sin muros, en la comunidad, e inclusiva y por un sistema sanitario público y universal. Por ello, ante el rumbo de los acontecimientos, decidimos realizar una rueda de prensa con otras entidades del sector, con valores similares, para que, a hurtadillas, no se vendiera, ni se aprobara un plan, sin la responsabilidad del resto de las fuerzas políticas del Parlamento, y no quedara sin respuesta a nuestras alegaciones. La intención gubernamental, según la información de la que disponíamos - frente a lo que se comprometió la Consejería en la comisión de sanidad del Parlamento - era aprobarlo en Consejo de Gobierno por la vía de urgencias. Nos parecía que el debate de algo tan crucial para el bienestar de nuestros hombres y mujeres de todas las edades y condición, merecía un amplio análisis y consenso, pues la salud mental es un asunto de todos. Una incongruencia más, que algo que a bombo y platillo se canta como participativo, no fuera debatido por la opinión pública y sus representantes, y más aún, una vez analizado el estilo relacional de los gestores, valoramos que nada se movía sobre sus compromisos inmediatos, para no molestar a los superiores. Precisamente, a un año de las elecciones, se corría un alto riesgo de que lo avanzado cayera en saco roto al hurtarse un amplio consenso y sólo fuese un elemento instrumental más de campaña electoral. Esperamos que las fuerzas parlamentarias se hagan eco.
Por las limitaciones de espacio, centraremos nuestra posición crítica en tres aspectos. La participación, la financiación, y las prioridades. Un Plan de Salud Mental debe ser asumido y debatido por los propios órganos de participación del sistema de salud, cuestión ausente. En este caso, la Comisión Asesora Regional de Salud Mental lleva casi dos años sin convocarse, y los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial de cada Área de Salud, ni tan siquiera conocen un Plan, ni este órgano ha debatido un decreto de modificación del Consejo que se incluye en el propio Plan y que debería incluirse y debatirse con otro procedimiento. Lo mucho y lo poco participativo puede valorarse en función de los 600 profesionales que conforman la red pública de salud mental, con porcentajes diferentes en las categorías profesionales. Y además, es más que un indicador, que a una asociación comprometida con la asistencia como he explicado, no se le invite formalmente a participar desde la propia concepción inclusiva del PSMC, o que, a una asociación de primera persona (usuarios) se le limite e imponga dónde deben participar, como ha manifestado la Presidenta de Espiral. En un asunto tan complejo como la asistencia psiquiátrica y Salud Mental, se debió incorporar la transversalidad, en la filosofía de la participación desde la propia naturaleza y concepción del plan, pues hay muchos sistemas: empleo, justicia, educación y los Cabildos Insulares, con los que se ha debido compartir este espacio biopsicosocial para que fuera visto como un bien común y no solo como un problema médico biológico, o como unos invitados tardíos a la fiesta, o una zona de depósito. Y los voluntarios que participaron en el PSMC con buena fe y que no se duda de su profesionalidad en cada una de sus líneas, para nada sabían lo que había ocurrido en las otras. Es más, en alguna conversación con los colegas, ni siquiera sabían que como principio en el PSMC, en su página 18, se había incluido de forma complementaria la gestión privada de los recursos sanitarios en salud mental.
Es significativo, que al definir el propio PSMC, lo que incluye un Plan según la OMS, se dice textualmente, que "un plan incluye habitualmente las estrategias, los plazos, los recursos necesarios, objetivos, los indicadores y las actividades" (OMS, 2006)". Los propios redactores del PSMC en una amnesia lectora y de comprensión, no señalan para nada en el PSMC los plazos de ejecución de las acciones, sus compromisos ejecutivos ordenados temporalmente, y menos aún, los recursos humanos, financieros y de infraestructuras, que acompañarán la viabilidad de este PSMC. Este PSMC, eso sí, como banco de acciones e ideas, que puede comprobarse en el sobreabuso de términos, sin precisar fechas de ejecución, como "analizar" "elaborar" "estimar" "estudiar" "actualizar" dicho desde una administración, cuyos gestores han administrado durante muchos años el área sanitaria, nos parece insultante para los profesionales, los usuarios, las familias y para los ciudadanos de las islas. Este PSMC no servirá para profundizar en una reforma psiquiátrica inconclusa, deja las manos libres a los gobernantes y los pies atados a los administradores. Por ello, como mínimo, consideramos que una ficha financiera anual debe ser incorporada para ser factible la ejecución de sus objetivos y acciones, o bien, fijar el incremento de porcentaje anual del presupuesto para la salud mental en el PSMC, que la OMS ha estimado el 5% del presupuesto sanitario. Las prioridades anuales de cada acción y por islas, con sus criterios para cada uno de los años de vigencia del PSMC, sin que ello signifique una variación justificada de acuerdo a las demandas y necesidades. Y también para hacer viables los programas y servicios que se sugieren en el PSMC, es necesario incorporar los cálculos de las ratios de los diferentes profesionales necesarios, así como, el número de plazas clínicas y de rehabilitación (CRPS, Alojamiento, empleo, y ocupacionales), de acuerdo a la población y al óptimo deseable. Esto entonces sí sería un Plan no una estrategia de salud mental.
Si esto, al menos, no se incorpora, seguiremos años a dispensa de nuestra fuerza de la propia ciudadanía. Se repite la historia. Se debe saber, lejos de cortinas de humo.
