Una noche de hace ya algunos años, mientras trataba en vano de encontrar algún programa mínimamente interesante en la pequeña pantalla, me topé con la emisión de un reportaje acerca de una trama de compraventa de bebés que fueron arrebatados a sus familias durante el periodo comprendido entre los años cincuenta y noventa del pasado siglo. Los testimonios de aquel documental me impactaron profundamente, al punto de que su efecto ha permanecido en mi memoria. Poco tiempo después fueron las páginas de La Opinión de Tenerife las que informaron de la investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de cuarenta y dos denuncias por presuntas desapariciones de niños en centros hospitalarios y de acogida de la capital tinerfeña que tuvieron lugar en décadas pasadas.
Todo parece indicar que en España son miles y miles las personas que pueden estar viviendo una mentira sin saberlo, habida cuenta que la forma de actuar de las manos ejecutoras de estos delitos fue muy similar en todos los casos. Contactaban con matrimonios de edades bastante avanzadas que no podían tener hijos. En una reunión inicial, les indicaban la ciudad de recogida del bebé y el dinero necesario para su entrega. En la fecha convenida, acudían al lugar de destino y cerraban la operación. Finalmente, una matrona se desplazaba a la población de los compradores y falsificaba un certificado de alumbramiento con el que aquellos acudían al Registro Civil para inscribir a la criatura como propia.
Estas horrendas prácticas tuvieron como escenario clínicas y hospitales de toda España durante un periodo de tiempo cercano a las cinco décadas. En la actualidad existen millares de denuncias interpuestas, de las que han prosperado tan solo unas pocas, ya que la mayoría o han sido archivadas o languidecen víctimas de la enorme dificultad de su investigación.
Hasta la fecha, las reclamaciones ante los juzgados apenas han dado frutos, si bien el Ministerio de Justicia se comprometió a poner a disposición de los afectados diversos recursos adicionales, como por ejemplo el Banco de ADN. Por su parte, la Fiscalía General del Estado también emitió en su momento un informe instando a la unificación de criterios y a la búsqueda activa de pruebas, con el fin de dar un nuevo impulso a la vía judicial en lo relativo a esta materia tan delicada.
Personalmente considero que es lo mínimo que podemos exigir como sociedad para preservar nuestra moral colectiva, máxime cuando las evidencias de que se ha cometido una escandalosa injusticia con tan ingente cifra de conciudadanos son tan patentes. Unos fenómenos tan estremecedores no pueden quedar impunes y es preciso que el Poder Judicial se encargue de tan sensible tarea con diligencia y celeridad.
Es obvio que la responsabilidad directa recae sobre los numerosos intermediarios que se enriquecieron con estas imperdonables conductas, algunos de los cuales todavía siguen en activo. Seguramente pensaron que nadie iba a creer nunca a aquellas parturientas a las que tachaban de locas, pero no contaban con el hecho de que un drama vital de semejante intensidad no tiene fecha de caducidad. Por ello, asociaciones como SOS Bebés Robados sigue recomendando a las familias afectadas por posibles casos irregulares de adopción que denuncien y que se armen de paciencia, pues las asiste su derecho a saber la verdad y a no caer en el olvido.
Sin ir más lejos, ahora mismo se está juzgando en la Audiencia Provincial de Madrid al doctor Eduardo Vela, para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión por el robo de un bebé en el año 1969. Va a ser el primer caso de estas características que se enjuicie en España. Confío en que, aunque sea tarde, se pueda demostrar que estos delincuentes desaprensivos e inmorales destrozaron tantísimas existencias ajenas con la abyecta finalidad de lucrarse económicamente jugando a ser dioses. Y que paguen por ello.
