Si quiere ver las debilidades de la democracia española, analice los sucesos de esta última semana. Esto le diría a quien pretendiera defender que ya somos una democracia perfecta. Ésta nunca existe. En condiciones de modernidad, la esfera política no es ni intensiva ni extensivamente total. Eso significa que un ámbito político con serios defectos permite un ancho campo de vida cotidiana normalizada. Así es más difícil percibir las debilidades específicas del sistema político y más complicado exigir su reforma. La gente tira para adelante y hace lo que puede. Los demás sistemas sociales (el económico, el familiar u otros) despliegan su lógica de manera más o menos autónoma. Pero cuando una sociedad tiene problemas evolutivos, cuando se encuentra ante grandes decisiones históricas, entonces la carencia de ese sistema político directivo, impide disponer de un plan de futuro.
Que España está ante una situación de bloqueo evolutivo apenas tiene discusión. Esa es la razón de las expectativas ante el Gobierno de Sánchez, que nos abre cierta posibilidad de superar problemas históricos. Pero alrededor de esa línea de problemas, también se perfilan opciones regresivas que, de alcanzar el respaldo popular, no harían sino agravar los problemas estructurales de nuestra democracia. A un lado de ese eje se mueven Ciudadanos y Casado, cuyas aspiraciones pasan por desplegar la agenda del aznarismo: liberalismo imperial despiadado y nacionalismo español acorazado. En el otro lado se mueven todos los demás, dejando al PSOE la posición de centro. Por eso, del tacto que genere Sánchez para resolver esos problemas históricos dependerá que España pueda desatascar una situación endemoniada.
Los demás partidos, por supuesto, mantendrán posiciones más radicales, pero falta por saber si plantearán sus opciones de tal modo que el PSOE no pueda asimilarlas y quede de nuevo preso de las fuerzas conservadoras y reactivas, o bien propondrán sus opciones de tal manera que el PSOE tenga margen de elaboración. Por lo que sabemos, todos están inclinados a conceder al PSOE una prima de centralidad a condición de que él responda con algo diferente a un no reseco a sus demandas. Lo que él no pueda elaborar, no podrá llevarse adelante; pero elaborar significa eso: transformar, no rechazar.
Dos asuntos nos ha dejado la semana. Primero, la no extradición de Puigdemont por el delito de prevaricación. Aquí la parte dura del PP y de Cs han insistido en producir abismos entre la percepción europea y la española. Con fiereza, pesos pesados como Casado y González Pons casi llaman a la insurrección contra el espacio Schengen. No han querido entender el argumento central del asunto: que allí donde un juez interviene, no lo está haciendo una máquina. No hay automatismo, ni un tipo de trabajo que pueda hacer un ordenador; ni siquiera esa atención escrupulosa a la letra, que caracteriza el ethos de un funcionario. Un juez no puede dejar de tomar decisiones singulares tras una pormenorizada apreciación de los hechos, de las circunstancias y de las leyes. Puesto que ninguno de los dos sistemas nacionales es subalterno del otro, la decisión corresponde al sistema que ejecuta la extradición.
Es obligación de los políticos saber esto y hacer la pedagogía debida, que es más que respetar la decisión judicial. Asumir que vivimos en sistemas de división de poderes implica que puede haber percepciones diferentes. Exigir que el otro juez deje de tener su propia voz y que se pliegue sin razones ante la nuestra, es un tic autoritario, y muchos de nuestros políticos y tertulianos muestran una debilidad democrática al situarse más acá de la época de la crítica, que exige someter todo a un sopesado examen. Eso es lo que ha hecho el tribunal alemán. Reconocerle legitimidad para hacerlo así es el primer paso para contemplar que nuestra percepción puede no ser la adecuada y estar abierto a cambiarla. Por supuesto, los juristas lo dicen con mejores criterios técnicos.
El segundo tema, o más bien sobresalto, han sido las declaraciones de la señora Corinna Larsen, que todavía usa el apellido Zu Sayn Wittgenstein de su exmarido. En este asunto se implican varios aspectos, todos ellos relacionados con defectos que arrastramos desde nuestra transición política, algo propio de un régimen democrático inmaduro. Primero, desde luego, la necesidad de clarificar las actividades económicas del anterior jefe del Estado, algo que jamás se hizo. Como otros personajes de la transición (Jordi Pujol de forma paradigmática), el anterior jefe del Estado ha sido objeto de persistentes rumores sobre su creciente fortuna personal. Y estos rumores deberían ser clarificados.
El asunto concierne a la comprensión de la propia monarquía. La clave de legitimidad monárquica es tradicional y hereditaria. Sólo se puede justificar que la Jefatura del Estado recaiga en una familia si, y solo sí, es una garantía de representación digna, de espíritu de servicio, de independencia de la lucha partidista y de ejemplaridad para el resto de la población. Pero si lo que un jefe de Estado transmite a otro es una herencia dudosa, con amplias sospechas de ilegalidad, entonces todo se desmorona. El argumento de que los hechos corresponden a un jefe de Estado anterior, como dijo la portavoz del Gobierno, no es de recibo. La monarquía hace pie en la transmisión intergeneracional y encontró su mejor expresión en la tesis del doble cuerpo del rey, uno mortal y otro en cierto modo eterno. La ilegalidad cometida se transmite y se instala así en el seno de la propia institución y la mancha, y no solo a la persona que cometió el acto.
La monarquía española superó con el referéndum constitucional la designación de Franco, basada no en su voluntad arbitraria, sino en el reconocimiento de la tradición. Pero su legitimidad actual deriva de aquella legalidad. La sospecha de que se viole la ley en la Monarquía parlamentaria es letal. Es fácil pensar que la mentalidad del anterior jefe del Estado tuviera un sentido relajado de los rigores y complejidades de una democracia madura. Es incluso verosímil pensar que comprendiera su reinado como una compensación de las penurias y desgracias históricas. En realidad, el sistema se comportó sin rigor y eso cubrió muchos males. Los ciudadanos actuales no comparten aquellos hábitos. Por eso necesitan saber con claridad la verdad mediante una investigación parlamentaria. Aquí el PSOE no puede pronunciar solo un no.
Esto tiene que ver con otra parte del asunto. Todo procede de grabaciones de un policía que durante años llevó a cabo actuaciones sistemáticas de confección de dosieres para coaccionar, chantajear o destruir carreras políticas. Esta tarea tiene como supuesto la corrupción del mundo político y social y la existencia de un mercado criminal; pero también el mantenimiento de sectores de la policía que no se someten a la ley. Eso conecta con los casos de viejos policías torturadores, que no han sido depurados como corresponde a un Estado democrático. Esos métodos, que sospechamos que siguen funcionando en la batalla política, y que quizá hayan descabalgado al presidente Feijóo de la lucha por presidir el PP, no pueden tolerarse en un democracia solvente. Y el Gobierno Sánchez no puede ni debe limitarse a pronunciar un no.
