Si se concediera el Premio Nobel de Derecho probablemente Bryan Stevenson ya lo habría ganado, no por el libro que aquí comentamos sino por la obra de la que da cuenta en Por compasión. La lucha por los olvidados de la justicia en Estados Unidos (Península, 2018). Stevenson, después de graduarse en Derecho en Harvard, promovió en 1989, en Montgomery (Estado de Alabama), la creación de la entidad Equal Justice Initiative, una organización no gubernamental que tiene como objetivos proporcionar asistencia legal a los presos que pueden haber sido condenados erróneamente, a los que carecen de recursos para una defensa efectiva y, en general, a integrantes de grupos vulnerables (menores, personas con discapacidad mental) condenados a cadena perpetua o, hasta la declaración de inconstitucionalidad para ellos, a la pena capital.
Uno de sus primeros casos fue el de Walter McMillian, un afroamericano condenado a muerte, en un proceso espeluznante y plagado de irregularidades -fue recluido en el "corredor de la muerte" cuando todavía era un preso preventivo-, por el supuesto asesinato a tiros de una mujer blanca. Walter, que había vivido siempre en el condado de Monroe (Alabama), nunca había oído hablar de Harper Lee ni de Matar a un ruiseñor, mucho menos de Atticus Finch. Los avatares vitales y judiciales de McMillian están presentes a lo largo de todo el libro y sirven como hilo conductor para describir el terrible panorama del sistema judicial y penitenciario en buena parte de Estados Unidos cuando una persona de raza negra se enfrenta a un proceso penal por haber, presuntamente, cometido algún delito -no necesariamente con resultado de muerte- contra una persona blanca. También nos recuerda que durante muchísimos años se ha condenado a centenares de niños de 13 y 14 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y que la privación del derecho de sufragio como pena adicional a una privativa de libertad ha excluido del censo al 10% de la población negra de varios Estados, lo que, además, ha servido para configurar jurados con composición mayoritaria blanca incluso en localidades con mayoría de población negra y eso a pesar de varias sentencias del Tribunal Supremo que trataron de poner coto a estos abusos (por ejemplo, Batson v. Kentucky, de 1985).
Stevenson no se centra en la asistencia legal a "inocentes" y ha defendido a personas culpables de delitos terribles pero que, en ningún caso, merecían la tortura de pasar años en condiciones terribles en los "corredores de la muerte" ni la pena de muerte, aplicada en no pocos casos de forma especialmente cruel y dolorosa. "La cercanía me ha enseñado algunas verdades básicas y aleccionadoras, incluida esta lección vital: cada uno de nosotros es algo mejor que lo peor que hayamos hecho".
Otra de las aberraciones de las que se da cuenta es el caso de Michael Lindsey, una de las decenas de personas que luego de haber sido condenadas a reclusión perpetua vieron cómo los jueces que presidían los juicios por jurado cambiaban ese veredicto por la pena de muerte, algo especialmente frecuente en años en los que se renovaban los cargos judiciales en votaciones populares. Esa práctica judicial fue avalada en su día por el Tribunal Supremo (Spaziano v. Florida, de 1984).
Resultan conmovedoras la tenacidad y entereza de Stevenson y todo el equipo para sobreponerse al dolor de asistir a ejecuciones de sus defendidos, a las trabas e incomprensiones sociales y judiciales, a un trabajo extenuante, a los problemas económicos, a las enormes dificultades para conseguir reparaciones cuando se ha constatado la comisión de un error del que ha derivado que una persona inocente pasara décadas encarcelada. También a los cambios en la jurisprudencia, como el que supuso el caso Payne v. Tennessee, de 1991, donde el Tribunal Supremo revocó una doctrina anterior contraria a tener en cuenta, a la hora del veredicto, información sobre el carácter, la reputación o la familia de la víctima, basada en el principio de que "todas las víctimas son iguales"; dicho cambio redundó en castigos más duros para ciertos delitos y en procesos más emocionales. Y, todo ello, a pesar de estar documentado que, en ciertos Estados del Sur, la combinación "acusado negro-víctima blanca" aumentaba exponencialmente las condenas a muerte.
Con todo, y haciendo caso al consejo que en su día le dieron a Stevenson de "seguir tocando el tambor de la justicia", no son pequeños los triunfos que se nos cuentan en el libro: en primer lugar, ser capaz de preparar a los presos y a sus familiares para lo peor al tiempo que se les anima para esperar lo mejor, y prueba de que, a veces, se consigue, si no lo mejor, lo menos malo, son los asuntos que la entidad promovida por Stevenson consiguió llevar al Tribunal Supremo Federal: en el caso Nelson v. Campbell (2004) ese órgano acogió, por unanimidad, las tesis de Stevenson en el sentido de que los condenados a la pena capital debían poder presentar recursos en defensa de sus derechos cuando los protocolos de aplicación fueran contrarios a la Constitución; en el asunto Sullivan v. Florida (2010) el Tribunal Supremo concluyó, al tiempo que lo hacía en Graham v. Florida, que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional para todos los menores de 17 años en los casos en que no había habido homicidio eran inconstitucionales; desde esa fecha, Equal Justice Initiative ha proporcionado asistencia legal a decenas de menores a lo largo de Estados Unidos para lograr nuevas sentencias a partir de la doctrina Graham. Stevenson también participó en los asuntos Miller v. Alabama y Jackson v. Hobbs, de 2012, donde el Supremo sentenció que, incluso cuando los casos habían implicado homicidio, las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores de 17 años eran inconstitucionales, fallo que afectó a las leyes de 29 Estados.
En 2015 Stevenson consiguió "atrapar otra de las piedras que nos lanzamos" en forma de libertad para Anthony Ray Hinton, un hombre negro que había estado en el corredor de la muerte en Alabama durante casi 30 años tras haber sido condenado injustamente por doble asesinato. Hoy Hinton forma parte del equipo de la organización no gubernamental y, como concluye Stevenson, "el trabajo sigue adelante".
