Hoy, en el serial Organismos fantasmagóricos que sufragas para que te joroben tenemos el placer de presentarles a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. Se dice independiente y se supone que vigila los mercados y la competencia, velando por los derechos de los consumidores, pero no se le sabe responsable de que alguna de las facturas de gas, teléfono o electricidad que llegan a nuestra cuenta corriente con puntualidad se hayan reducido jamás, nunca en la vida, por efecto de su comprometida labor. No se le ha escuchado levantar la voz para algo que no afecte sino a las empresas del Ibex 35. ¿Te parece que todas las compañías aéreas han subido los precios sospechosamente a la vez? Serán imaginaciones tuyas. La CNMC se mueve en otra atmósfera, pero chupa de la única teta posible, el dinero público. Pues bien, el organismo ha abandonado el letargo agosteño para impugnar ante los tribunales las normativas de Madrid, Bilbao y San Sebastián por las que los respectivos ayuntamientos de estas ciudades regulan el alquiler turístico, y se cree que en breve hará lo propio con las de Barcelona y Valencia. Socorro. Como cuando vemos las barbas de nuestros vecinos cortar, ponemos la nuestras a remojar, y puesto que el alcalde de Palma tiene barba, y encima ha sido pionero en la prohibición de alquilar pisos a visitantes, cabe esperar que el citado ente recóndito la ponga pronto en su diana. Me indigna el simple hecho de pensar que una millonésima parte de mis impuestos irá a pagar a quienes justificarán ante las altas instancias judiciales la conversión de nuestras ciudades en parques temáticos, de nuestras viviendas en paradores de andar por casa. CNMC, a mí no me representas, con tu idea de que el piso de enfrente ha de poder competir con la cadena hotelera de turno para que el mundo sea justo. Y si no me defiendes a mí, tal vez estás defendiendo a inversores cuyos domicilios están muy lejos del ruido y las molestias que patrocinan.
Dudo que los inquilinos desahuciados por la vía de triplicarles el recibo, las familias que han de abandonar sus barrios porque los ocupan extranjeros de alto poder adquisitivo, los jóvenes que no encuentran manera de independizarse o los ancianos que se han de conformar con compartir habitación vayan a pedir cuentas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. Protestarán ante su administración cercana, su ayuntamiento, que es el competente. Por eso los consistorios se han propuesto, con mayor o menor acierto, con más o menos imaginación, imponer limitaciones al alquiler turístico para paliar las consecuencias negativas que apareja: la gentrificación, la falta de vivienda para los menos favorecidos, los arrendamientos disparatados. Los ayuntamientos, elegidos para resolver lo que los ciudadanos consideran un problema grave, se han convertido en el contrincante a batir por la CNMC. Que supuestamente trabaja en beneficio de los consumidores. Será de los consumidores daneses o alemanes, que buscan piso cuqui para sus vacaciones, y sobre todo para los anfitriones que les vacían los bolsillos. Minorías que ponen la rentabilidad por encima de cualquier otra consideración.
