Estimado Augusto Hidalgo, alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Por correo certificado, como debe ser, he recibido una multa por exceso de velocidad en una vía capitalina según un aparato que registró la infracción aunque no al infractor. Por ello acudí al Ayuntamiento para reconocer que fui el autor de los hechos: culpable y confeso. Las leyes están para cumplirlas y quien se salta la Ley la paga (¿o también es sólo un anuncio como el de 'Hacienda somos todos'?). Aunque en este caso sea muy caro: 300 euros y dos puntos por conducir a 63 km/h.
Tras la amargura inicial, acudí al Ayuntamiento y me atendieron correctamente en Información, el que da el número de espera y la persona que me identificó y entregó la propuesta sancionadora. Las tres personas coincidieron en señalar que eran tantas las multas que se habían impuesto en el mismo lugar y otro punto en el Sebadal que tuvieron que designar a una administrativa para atender a los afectados/as. Por ello, porque no es un caso excepcional, creo necesario manifestarle mi opinión al respecto y plantearle que revise el protocolo que perjudica a demasiados ciudadanos y ciudadanas por una aplicación desproporcionada de la norma.
Le repito que conducía a 63 km/h por una vía en la que el límite es de 40 km/h y por ello, lo dice la normativa, se me impone una multa de 300 euros y me retiran dos puntos del carnet. Pero ¿por qué se establece ésa limitación en la 'Carretera del Norte a la altura del número 40'? (donde el Centro de Formación Profesional Cruz de Piedra). Supongo que es porque a un lado está el Instituto y al otro lado un supermercado de gran actividad en la zona. Por ello, en esa vía, justo donde está la señal de limitación de velocidad, existe un semáforo con paso de cebra que comunica la zona de Cruz de Piedra con la zona comercial e industrial de la ladera de Lomo Apolinario, separadas por esta carretera de dos carriles en cada sentido y dos vías menores a sus lados, paralelas... O sea, un viario de enormes dimensiones y perfecta visibilidad. Aún así, me parece correcto que se controle y limite el tráfico. Más vale prevenir. Pero 40 km/h me resulta un poco exagerado y, por tanto, una multa de 300 euros y retirada de dos puntos resulta excesivo. Y más exagerado aún es colocar un radar en un horario en el que ni había estudiantes ni clientes, ni trabajadores, ni profesorado, ni tan siquiera peatones. Normalmente, antes de las 21.00 horas ya están cerrados los comercios, industrias, institutos y demás. Y las multas, la mía es así, se produjeron a las 22.30 horas, cuando no había un alma en esos siete carriles de la larga recta perfectamente iluminada y sin vegetación ni obstáculos para la vista.
O sea, que ir a menos de 40 km/h por ese lugar a esa hora tenía que ser obligado, pero da hasta miedo conducir a esa velocidad de noche. Incluso, creo que si hubiera un agente policial -y no un radar- pararía a quien lo hiciera por sospechoso de cualquier cosa. Curiosamente, la calle del Ayuntamiento tiene ese límite y al salir de las oficinas vi al concejal de Movilidad saliendo en un Citroen gris con conductor adelantando un taxi a unos 60/70 km/h, a las 10.15 de la mañana del 26 de julio (supongo que podrá visionarlo en las cámaras de la calle). Algo importante y urgente les llevaría a saltarse la norma y arriesgarse a 300 euros de multa y dos puntos.
Pero vuelvo a mis disquisiciones sobre si las administraciones públicas deben actuar evitando la arbitrariedad o la prevaricación (faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia) y por ello no puedo dejar de dar mi opinión al respecto porque considero que a mí, como a muchos otros ciudadanos y ciudadanas -demasiados- se nos está convirtiendo en víctimas de una injusticia que no debe continuar.
En definitiva, creo que el Ayuntamiento ha utilizado recursos públicos para perjudicar conscientemente y premeditadamente a los ciudadanos y ciudadanas, a muchos de los cuales les ha amargado la vida porque el importe y efectos de las sanciones son desproporcionados, al aplicar la norma en situaciones contrarias al objeto de la limitación de velocidad.
Espero que considere imponer el sentido común en la aplicación de las normas o pueda aclararme si estoy equivocado porque sigo sin entenderlo.
PD y le ruego que no use el dinero de mi sanción para patrocinar casposos concursos de Mister Gay en el Orgullo de Madrid.
Míchel Jorge Millares. Periodista
