Tras el dramático hundimiento del puente Morandi en Génova, el Gobierno italiano ha cargado duramente contra la concesionaria de la autopista así como contra Bruselas.
Acusa a la primera de haber descuidado durante años el mantenimiento de la autopista en busca sólo del beneficio privado de sus accionistas.
Culpa al mismo tiempo a la Comisión Europea de haber obligado a su Gobierno a hacer recortes en detrimento de todo tipo de infraestructuras.
El informe que ya se ha encargado establecerá las causas por las que se desplomó un tramo del famoso puente y causó en su caída numerosas víctimas mortales en esa ciudad encajonada entre la montaña y el mar.
El Gobierno de la Lega y Cinco Estrellas es de sobra conocido por su populismo y su demagogia, por lo que tendrá que probar sus acusaciones.
Sin embargo, con independencia de lo que averigüen finalmente los investigadores, sí es alarmante lo que ocurre con harta frecuencia con concesiones y privatizaciones de servicios públicos.
Ocurrió también en el Reino Unido con la privatización de la red de Metro y la del ferrocarril, de cuyas infraestructuras tuvo que hacerse otra vez parcialmente cargo el sector público en vista de los continuos desastres.
Las empresas privadas van lógicamente a lo suyo, que es el negocio, y anteponen por lo general el valor para el accionista a otras consideraciones con las consecuencias que todos sabemos.
Y por lo que respecta a la Comisión Europea, la política del déficit cero impuesta por Berlín y aceptada por sus socios europeos está provocando, eso también es cierto, el deterioro en muchas partes de los servicios públicos.
Ocurre en la propia Alemania, donde la oposición de derechas y de izquierda no se cansa de denunciar el mal estado de escuelas, carreteras nacionales y autopistas por culpa de esa política de austeridad a toda costa.
La concesionaria de la autopista italiana tendrá tal vez que pagar una multa millonaria, si se demuestra su culpabilidad, pero a las decenas de muertos nadie podrá devolverles ya la vida.
