En el Boletín Oficial de las Cortes Generales se publicó en agosto el Informe de la ponencia del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de modificación del REF. Se trata de la reforma de la parte económica de una institución cuyo origen se remonta a las medidas económicas y fiscales que los Reyes Católicos adoptaron temporalmente en 1487, después de la conquista de Gran Canaria, perpetuadas en 1507, y que hoy conocemos como Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Se basaron en un objetivo claro y diáfano: incentivar el desarrollo económico y social del archipiélago.
La reforma de la parte fiscal del REF se aborda sistemáticamente cada seis años, cada vez que es necesario acoplar las denominadas ayudas de Estado que recibe el archipiélago a las directrices comunitarias de la Unión Europea, pero la parte económica no se había modificado desde 1994 por diversos motivos, entre los que destaco, la falta de consenso político, la crisis económica, la ausencia de ideas innovadoras y cierta pasividad de parte de las autoridades implicadas en su renovación en el pasado.
El Informe de la ponencia es de calado y afecta principalmente a la parte económica del REF, pero también incorpora algunos cambios sutiles en la parte fiscal con el objeto de lograr una mayor operatividad en la aplicación de los principales incentivos fiscales. No obstante, en este artículo voy a ocuparme solo de uno de los aspectos novedosos: el de la incorporación de las universidades canarias al REF, que se hace creando un nuevo art. 22 bis en la ley del REF con cinco breves apartados.
En julio de 2012, en plena crisis económica, tuve el privilegio de presidir una comisión de expertos constituida por el Consejo Social de la ULPGC para que elaborase un documento con los aspectos más importantes que deberían incluirse en la reforma del REF para el periodo 2014-2020 y que se centrara en la posibilidad de dar cobijo institucional dentro de él a la financiación de las universidades canarias y otros organismos de investigación en el marco de las regiones ultraperiféricas. He de recalcar las circunstancias especiales que se daban en ese año: por un lado, la dura crisis económica en que se hallaba el archipiélago, que mermaba directamente los presupuestos de las dos universidades públicas canarias y de otros centros de referencia científica como el Astrofísico de Canarias o El Museo Canario; y por otro, las medidas tributarias de supervivencia económica aprobadas por el Gobierno del archipiélago para que los servicios prestados en la Comunidad Autónoma no sufrieran un menoscabo importante, entre las que sobresalían el notable incremento del IGIC del 5 al 7% y la supresión de la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Ante la negativa realidad económica que permitía pocas o ninguna alegría a la hora de arbitrar alternativas de ayuda o financiación adicional para las universidades, pero siempre con el importante apoyo moral de Lothar Siemens, presidente del Consejo Social, comenzamos en marzo de 2012 la labor encomendada un equipo de expertos en el REF de las dos universidades canarias y reconocidos profesionales del Derecho tributario, que dos años después constituyó el núcleo principal del comité científico de la Cátedra del REF creada en 2014 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el patrocinio económico del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y del propio Consejo Social. Precisamente redactando estas páginas en plenas vacaciones leí en la prensa digital la noticia del fallecimiento de Sergio Alonso, otro de los grandes empresarios que con tesón defendió la creación de la Cátedra en 2014 y con anterioridad muchas otras acciones en pro de la universidad. Desde aquí aprovecho para expresar públicamente mi reconocimiento a su fructífera labor.
El reto era grande, conscientes de la merma importante de los recursos públicos y de la escalada en la tributación en el archipiélago decretada por el propio Gobierno de Canarias, pero en nuestros planteamientos teóricos e introductorios pudimos apoyarnos en las recomendaciones de dos estudios de gran relevancia en ese año: el Informe del Instituto de Investigación Ismeri-Europa (2011) y el del exministro Pedro Solbes (2011), que prestaban especial importancia al Estatuto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP); al desarrollo de sectores de formación en ámbitos de gran interés para el conjunto de estas regiones, como la logística, economía verde, salud, servicios a la persona (dependencia, turismo sanitario) y telecomunicaciones, y a la existencia de dos universidades públicas en Canarias con un número importante de alumnos. Aprovechando esos mimbres trazamos el camino a recorrer en cuatro meses de intensos estudios y debates.
Nuestro trabajo pretendía cumplir dos objetivos fundamentales: a) situar a las universidades canarias dentro del REF como referentes inexcusables en el campo del conocimiento e investigación, incluyendo por supuesto a los centros de investigación de excelencia en el archipiélago: Instituto Astrofísico de Canarias, organismos dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del propio Gobierno de Canarias (ITC), y de los cabildos insulares (ITER/Taliarte); y b) que la reforma del REF para el periodo 2014-2020 se plantease en paralelo con los avances logrados en la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas, en otras palabras, que dichos avances se incorporasen al REF.
En el Informe finalizado en julio de 2012, la comisión concretaba las propuestas de carácter económico relacionadas con las universidades en el REF con mayor amplitud que lo hace la redacción del art. 22 bis ahora aprobada por la ponencia, pero en el texto del proyecto de ley se recogen las cuestiones fundamentales que planteamos en su día para, por un lado, consolidar la suficiencia financiera de las universidades públicas canarias y fortalecer la equidad del sistema universitario canario desde la perspectiva institucional, y por otro, fomentar la promoción de la formación, la movilidad universitaria y los intercambios de experiencia con ayudas económicas específicas. Quedaron otras cuestiones pendientes de incluir, como el impulso de la empleabilidad de los estudiantes y el fomento del emprendimiento y la creación de empresas basadas en la innovación, pero no deja de ser un buen comienzo para que poco a poco vaya incrementándose el papel de las universidades en el REF.
Todos sabemos que por una causa u otra las propuestas de modificación de la parte económica no se incorporaron al REF en la normativa aplicable al periodo 2014-2020, sino que quedaron relegadas para el futuro. No por ello dejaron de evaluarse por los partidos políticos y agentes económicos la idea y la concreción de que las universidades canarias se incorporasen al REF, siendo asumidas dentro de las propuestas que las propias universidades, Catpe y organizaciones empresariales elevaron al Gobierno de la nación y que se aprobaron por unanimidad en el Parlamento canario. Entre enmiendas y debates se fue perfilando el texto final aprobado por la ponencia encargada de redactar el Informe sobre la modificación del REF, publicado el 2 de agosto de 2018.
En el preámbulo del proyecto de ley se recoge que "en el ámbito de la formación, se introduce un nuevo artículo en la Ley 19/1994 dedicado a las Universidades de las Islas en el que se destaca su importancia como centros de referencia vinculados a la economía productiva de Canarias, potenciando el desarrollo económico y social del Archipiélago". Su claridad no exige explicación alguna, motivando la incorporación del nuevo artículo al texto legal en la idea que siempre aplico para delimitar el REF: cualquier medida que pretenda potenciar el desarrollo económico y social de Canarias.
El nuevo artículo 22 bis recoge en cinco apartados de redacción concentrada y difícil de digerir, el hito económico y jurídico del reconocimiento de las universidades dentro del REF como centros de referencia, y su vinculación a la economía productiva de Canarias por medio de la investigación, innovación, formación y aplicación del conocimiento de excelencia. Tanto la Administración estatal como la comunitaria se obligan grosso modo a incluir en el futuro medidas para incrementar su competitividad y focalizar los esfuerzos en investigación e innovación, fomentándolas como centros de referencia en acciones y programas específicos. Y como medida más concreta y a corto plazo se obliga al Gobierno de la nación a acordar ayudas económicas suplementarias para compensar los costes adicionales de la lejanía tanto a estudiantes como a profesores, así como otras medidas complementarias relativas a la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.
A pesar del evidente retraso (va para siete años) en concretarse las propuestas realizadas por la comisión del Consejo Social en julio de 2012, la comunidad universitaria y la sociedad en general han de congratularse de que al fin las universidades se hayan incorporado sustancialmente al REF. No solo las dos universidades públicas, sino también las privadas que se han promovido o consolidado en los últimos seis años. Y ello a pesar de que gran parte del texto del nuevo art. 22 bis pueda considerarse un simple brindis al sol, pero así comienzan a consolidarse las ideas innovadoras, las que abren brecha en el páramo de hielo o en la jungla de normas para delimitar a posteriori una senda más ancha y practicable, por lo que esperamos que a corto plazo se conviertan en medidas eficientes para la sociedad del conocimiento.
Es la tercera vez que nuestra universidad se incorpora de una forma u otra al REF. La primera fue en 2003 con la posibilidad de que los proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica afectos a la RIC pudiesen certificarse desde las universidades canarias; la segunda en los años 2003 y 2004 con la construcción del edificio de uso administrativo financiado íntegramente con fondos RIC en un innovador y exitoso proyecto, y finalmente la que hoy he explicado. En el pensamiento de los tres rectores con los que he colaborado directamente, Manuel Lobo, José Regidor y Rafael Robaina, siempre prevaleció la idea de que la universidad prestase un mayor servicio a la sociedad, por lo que es una buena ocasión para revalidar ese sentimiento.
Serán ahora los rectores de las dos universidades públicas y de las privadas, con sus respectivos equipos, quienes velen e impulsen que de una forma concreta se aprueben las ayudas económicas suplementarias para compensar eficientemente los costes adicionales de la lejanía tanto a estudiantes como a profesores. Después de ese paso, intentaremos entre todos que la colaboración universidad-REF se incremente al dictado del nuevo artículo.
Desde la Cátedra del REF de la ULPGC nos sentimos orgullosos de que las propuestas del Informe de la comisión constituida en el seno del Consejo Social en 2012, auténtico embrión del actual comité científico de la Cátedra, hayan sido reconocidas en el texto del proyecto de ley, siendo conscientes que han sido muchos los partidos políticos, centros de estudios, asociaciones empresariales y sindicales que las apoyaron y que en sus debates hicieron posible la redacción final que incorpora cada vez más a las universidades canarias al REF.
