El pasado viernes 5 de octubre Teresa Ribera, la nueva ministra para la Transición ecológica, anunciaba su intención de derogar el "impuesto al sol", de modo que el autoconsumo quede consagrado como derecho para la UE en todas sus formas: derecho a generar energía, consumirla, almacenarla y vender el excedente producido, así como a instalar y explotar sistemas de almacenamiento. Además, los particulares podrán recibir una remuneración por la electricidad vertida a la red.
La nueva regulación impulsada por el Ejecutivo se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y esto se hace sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado "impuesto al sol".
Así fue que, este miércoles, el Congreso de los Diputados dio un paso histórico, al aprobar con 336 votos a favor -tan solo la abstención del exministro Nadal, fiel defensor del impuesto al sol- la Proposición de Ley sobre Generación de Energía Eléctrica Renovable para Autoconsumo. La importancia de esto no es solo el avance para España en materia de autoconsumo, al empezar a equipararnos a países como Alemania y Noruega, sino la seguridad jurídica que da en un futuro para los inversores, ya que ha sido aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas. Ya era hora de que los usuarios solo tengan que pensar qué tipo de energía utilizar en sus viviendas en vez de el temor a qué fuerza política nos gobernará y pueda cambiar la ley.
El autoconsumo está reconocido por la Unión Europea como uno de los elementos más importantes, junto con el almacenamiento, para una transición hacia energías más limpias. Canarias cuenta en la actualidad con 72 instalaciones energéticas de autoconsumo y 60 más en trámite, según el consejero del área, Pedro Ortega. Es decir, el 0,009% de los hogares, aproximadamente. Es evidente que no se han hecho los deberes en nuestras islas con respecto al autoconsumo, y estando Canarias exenta del impuesto al sol, tampoco se ha informado ni promovido.
Todos los estudios demuestran que en Canarias, los beneficios del autoconsumo se multiplican más que en cualquier otro territorio, pudiendo ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica. Hace tan solo unos meses, el debate en nuestras islas era "gas sí o gas no", para disminuir el consumo de fuel oil en las centrales eléctricas, sin mirar desde una perspectiva europeísta y de futuro como es el autoconsumo, que no solo incentiva el uso de energías limpias, sino que además disminuiría considerablemente el consumo de energía fósil y contaminante.
Sin duda, esta ley puede ser una gran revolución en el campo de la generación eléctrica y cambiar nuestro concepto tal y como lo conocemos en la actualidad. No solo por el ahorro en las facturas de la luz, sino porque por fin se va a democratizar la energía. Pero de verdad. Podremos quizá poner fin a la pobreza energética y, además, impulsar nuevos modelos de negocios. Porque la verdadera transición energética tiene que venir impulsada y en coordinación con los ciudadanos.
De la clase política depende la rapidez para implantar este nuevo sistema, que no permitan como hasta ahora, que los grandes lobbys eléctricos nos marquen el paso a la ciudadanía. Y se faciliten los trámites y los costes para la instalación de sistemas de autoconsumo en los hogares. Las condiciones están dadas, es tiempo de ponerse manos a la obra.
