Canarias no ganará más turistas en los próximos años. Todo lo contrario, comenzará a perderlos. Tal constatación no es en sí misma mala, ni debe llevar al alarmismo. Los años de sucesión de récords, hasta alcanzar los 16 millones de turistas, no podían prolongarse mucho más en el tiempo y, como todos sabemos, la tendencia ha comenzado a cambiar este año. Se ha iniciado por tanto un nuevo ciclo que requiere, a su vez, nuevos ajustes estratégicos para mantener la competitividad del destino.
Ante esta tesitura, Canarias necesita ganar la batalla de la calidad turística, que es la mayor de las ventajas competitivas que puede exhibir frente a la recuperación y pujanza de algunos de sus competidores. La seguridad ha sido en estos años su mayor fortaleza, en combinación con otros de sus grandes activos: el clima y la distancia. También sus infraestructuras, construidas a lo largo de décadas de experiencia turística. Pero el nuevo escenario que se avecina no deja lugar a dudas. No hay otro camino que apostar por un aumento significativo de la calidad de sus instalaciones y servicios, incluyendo la cualificación de los recursos humanos, así como por la diversificación de la oferta.
La altura del reto abre una interrogante: ¿cuánto ha aprovechado el sector turístico su última edad dorada para avanzar en la senda de la calidad? Y responderla requiere una evaluación de diversos factores, entre ellos el marco normativo y su capacidad o incapacidad para impulsar los proyectos de mayor calidad. Hay que recordar en primer lugar que el anterior gobierno aprobó una ley turística, promovida por un sector empresarial de Tenerife, basada en una premisa errónea: había que parar los alojamientos de nueva construcción de alta o altísima calidad, para propiciar una renovación de la planta obsoleta. El tiempo, además de los tribunales, ha puesto en evidencia que era un dilema falso. La renovación que se ha producido no ha sido a consecuencia de los incentivos incluidos en la ley (algunos ficticios), sino de la propia rentabilidad del sector por la bonanza. Tampoco ha tenido el alcance esperado, sobre todo en islas como Gran Canaria, la más afectada por el bloqueo de las inversiones.
Aún sin reformar la legislación turística, la Ley del Suelo ha tratado de dar respuesta, en esta legislatura, a la necesidad de impulsar los proyectos de gran calidad. Y en Tenerife son ya una decena los hoteles de cuatro o cinco estrellas que se han abierto o están en fase de construcción para una próxima inauguración. En Gran Canaria sin embargo sólo uno se ha incorporado al mercado en Mogán, mientras en San Bartolomé de Tirajana las inversiones siguen paralizadas desde hace más de una década.
Ante ello, estas semanas se han producido significativos movimientos para tratar de desbloquear, de una vez por todas, esta inexplicable parálisis inversora en uno de los destinos turísticos más importantes no ya de Canarias, sino de España. En número de pernoctaciones, San Bartolomé de Tirajana encabeza de hecho la lista de los ochos principales municipios turísticos españoles. De ahí la importancia de la coordinación de su Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, que se han marcado como objetivo desatascar las diversas inversiones claves para la revalorización del destino. Y que afectan no sólo a la mejora de la calidad de sus alojamientos sino también a su oferta comercial y de ocio.
La Confederación Canaria de Empresarios también ha dado un paso al frente y se ha ofrecido a mediar ante los diversos conflictos de intereses que se han convertido en auténticos tapones a la inversión. Es cierto que es tiempo de alumbrar soluciones, más que de buscar culpables. Pero sí es necesario hacer un llamamiento a la realización de un ejercicio de responsabilidad compartida de todas y cada una de las partes implicadas en este despropósito, que supone tener paralizados en torno a mil millones de inversiones y bloqueada la creación de puestos de trabajo, imprescindibles para cientos de familias. No es de recibo seguir atendiendo a argumentos justificativos que esconden bien empoderamientos funcionariales (a veces por exceso de celo, pero en ocasiones por inaceptables extralimitaciones de funciones), bien pugnas empresariales y políticas que perjudican al conjunto de la sociedad. Quizá no estaría de más recordar a políticos, empresarios y funcionarios que con las cosas de comer no se juega y que, como motor de la economía canaria, el freno a las inversiones perjudica no solo a San Bartolomé de Tirajana, sino a Gran Canaria y Canarias en su conjunto.
