La reciente victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas debería de hacernos reflexionar a todas y todos. En uno de los países más poblados del mundo, con una extraordinaria riqueza cultural gracias a una población formada por personas de distintas razas venidas de varios continentes, el candidato Bolsonaro ganó las elecciones con un discurso xenófobo (uno de sus candidatos hablaba de "blanquear Brasil"), cuestionando las políticas que respetan los derechos humanos y criminalizando a los sectores más empobrecidos de la población brasileña.
La ultraderecha brasileña (como ha ocurrido ya en diferentes elecciones en Europa y en Estados Unidos con Donald Trump) se alimenta de un discurso xenófobo construido sobre mentiras en torno a las personas empobrecidas. En ese discurso el enemigo externo (el migrante pobre, porque las estrellas de fútbol o los visitantes ricos no reciben ese tratamiento) es un privilegiado que se queda con las ayudas sociales y logra beneficios que no tienen locales, algo que es falso. Bolsonaro también empleó la vieja estrategia de usar el miedo al extranjero para justificar el cierre de fronteras y limitar los derechos de la ciudadanía.
Por eso desde el colegio profesional de Trabajo Social de Las Palmas queremos hacer un llamamiento a todos los responsables políticos de las instituciones públicas (Gobierno estatal, cabildos y ayuntamientos) para que haya más diálogo y menos bronca política en torno a los recursos destinados a atender a las personas migrantes que huyen de situaciones de guerras o persecuciones y en muchas ocasiones llegan a Canarias poniendo en riesgo sus vidas. Para el colectivo profesional es fundamental la coordinación entre todas las instituciones públicas para que estas personas tengan un trato digno, y para ello es necesario que se aumenten los recursos para garantizar siempre el respeto a los derechos humanos.
Sería bueno que los responsables políticos escuchen a los profesionales que trabajan con las personas migrantes (del trabajo social, la abogacía, psicología, etc), también a las personas migrantes, para que se tengan en cuenta sus necesidades, en especial de los menores, y se garanticen sus derechos. Nos preocupa que las propias instituciones puedan reconocer que no cuentan con recursos suficientes para atender, por ejemplo, a menores y ante ello lo que se produzca sea un cruce de declaraciones en las que se utiliza el fenómeno migratorio como arma arrojadiza.
Estas polémicas públicas entre responsables políticos lo único que hace es aumentar los problemas y trasladar a la opinión pública una imagen de las personas migrantes asociadas al conflicto, cuando en realidad los problemas los ocasiona la falta de planificación porque existen recursos. Un ejemplo es el presupuesto estatal para el CÍE de Fuerteventura de 4,1 millones de euros desde 2013 cuando ese CIE se encontraba vacío. Por tanto, es necesaria más coordinación y solidaridad entre instituciones y que cuenten con los profesionales que atienden a las personas migrantes, porque conviene recordar que son personas con derechos que huyen de sus países por situaciones de guerra, persecución política o hambre buscando un futuro mejor, y que han llegado a nuestras islas arriesgando sus vidas. ¿Quién no lo haría?
