La partida para sanidad en el proyecto de presupuesto de Canarias para el próximo año alcanza los 3.007 mil millones de euros, lo que supone aproximadamente 1.430 euros de gasto público por habitante/año, que se acerca al record del año 2009 que fue de 1.494. El objetivo declarado por el gobierno se sigue pareciendo mucho al que se repite en las últimas décadas, luchar con las listas de espera, las urgencia, la coordinación entre subsistemas, más atención primaria etc. Sin embargo me alarma que sigamos en un coche viejo con pintura nueva para que nos lleve adonde mismo estábamos, mientras las compañías aseguradoras médicas y la mercantilización de la salud se siguen instalando en nuestras vidas y en nuestro sistema sanitario público. Lo que más me sigue preocupando es el qué, el donde y sobre todo el cómo y el con quien, se va a gastar ese dinero.
En los últimos veinte años hemos podido identificar aproximadamente siete intentos o declaraciones de pactos, acuerdos o planes incumplidos. Entre ellos, destacaría el frustrado excelente plan estratégico del Servicio Canario de la Salud realizado en el año 1998-1999, con Román Rodríguez como Director del Servicio Canario de Salud. El consejero de Sanidad siguiente, José Carlos Francisco -presidente del Consejo Económico y Social de Santa Cruz de Tenerife- no quiso saber nada de aquella Visión de Futuro, que es como se le llamó al documento y del que nunca más se supo. Tampoco las directrices de sanidad contempladas en el Eje 5, Cohesión Social y Pleno Empleo, del proyecto de Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo del año 2003. Este eje fue eliminado en la fase de proyecto. O el II Plan de Salud de Canarias 2004-2008, que introdujo cambios importantes en relación al primero (1997-2001), pero aunque no consiguió culminar su tramitación parlamentaria por el rechazo de la oposición.
A pocos meses de finalizar esta legislatura, iniciada por un consejero de sanidad de otro partido político (Jesús Morera, PSC), Sanidad continúa anunciando las adhesiones de nuevas asociaciones y entidades al Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias: "?busca recuperar y poner en valor la importancia de la sanidad pública, garantizando el mantenimiento de un sistema canario de salud de calidad ?". Pero lo absurdo e indignante es que la intención de desarrollar este Compromiso fue realizado cuando se sabía que contabamos con otro "pacto", el del III Plan de Salud de Canarias 2016-2017, que había sido aprobado por consenso hacía menos de un año; por un Parlamento que era consciente de que legitimaba un novedoso plan con una vigencia temporal de más de un año.
Este Plan de Salud Canarias 2016-2017 fue realizado con una colaboración técnica del más alto nivel y contando con 116 profesionales designados para trabajar en cinco comisiones de trabajo procedentes de los servicios centrales del SCS; de todos los hospitales, de las gerencias y direcciones de atención primaria; de las direcciones de las áreas de salud y externos de las universidades o ámbitos como la salud laboral, que formularon las líneas estratégicas fundamentales del plan (up-down), para luego ser contrastada por 1.525 personas en las etapas local e insular de las Conferencias Insulares de Salud ( bottom-up).
Como "plan de planes", éste, que necesitó para su elaboración de ocho años con cuatro equipos directivos de consejerías de sanidad diferentes, proporcionaba una hoja de ruta perfectamente trazada. Pero se optó por iniciar "su plan", ignorando al Parlamento y, como otros gobiernos anteriores, la obligación del cumplimiento de la Ley. Prueba de que se optó por "su plan" es que la evaluación del Plan de Salud 2016-2017, que acaba de darse a conocer en la web, revela que no ha podido aplicarse tal y como fue formulado, por unas razones metodológicas que no nos convencen. El Compromiso por la Sanidad Pública ha servido para desactivar el sentido estratégico de una propuesta de cambio y reorientación de modelo asistencial actual acorde a la normativa vigente y de paso deslegitimando al Parlamento: ¿fraude de ley?
Consideramos que aún cabría tiempo para la prórroga del Plan de Salud 2016-2017, enriqueciéndolo con nuevas aportaciones que ofrece el Compromiso y que no contiene el Plan de Salud, en cuanto a política de recursos humanos y a la inversión, con la que no se contaba en 2014.
Nos preguntamos el por qué no se quiso apoyar este modelo del III Plan de Salud de Canarias y su aplicación a los nuevos planes como el de Salud Mental. Nos inclinamos a pensar en que puede ser visto como un enemigo que modifica las correlaciones del poder de la consejería de sanidad, porque pone el proceso de la toma de las decisiones importantes de la sanidad en manos, no solo de los políticos, sino de los profesionales; gestores; ayuntamientos; cabildos y de la ciudadanía como pagadora de impuestos y que usa y sufren la gestión del sistema en cada una de las islas. La clave es que las estructuras de poder actuales, dejarían de ser las únicas participantes en el destino del 40% del presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma. Porque se refuerza y le construye viabilidad a la gestión participativa y a la activación, de verdad, de los órganos colegiados de dirección y de participación a nivel de cada isla, hospital y centro de salud, tal y como establece y señala más de veinte veces nuestra Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias 11/1994.
