Está escrito que la aplicación del 75% de descuento a residentes en los vuelos a la Península lleva la polémica inscrita desde su nacimiento cuando se puso en marcha a mediados de julio tras la entrada en vigor de los actuales Presupuestos Generales del Estado. Desde los primeros compases de esta histórica medida para los canarios, lograda gracias a una enmienda de Nueva Canarias (NC) como consecuencia de su apoyo a las cuentas estatales elaboradas por el Gobierno del PP pero aprobadas ya bajo mandato del actual Ejecutivo socialista, las dificultades y las incertidumbres sobre su aplicación han marcado su corta trayectoria. Si al principio las dudas surgieron sobre si se fijaba sobre la tarifa real o la bonificable enseguida surgió la amenaza de retrasarla durante un periodo de seis meses por los errores de redacción y la racanería inicial del Ministerio de Fomento para arbitrar una solución a un problema ridículo de tipo técnico-administrativo.

Sin embargo, pronto se pudo comprobar que el verdadero fondo de las dudas que suscitaba estaba en su aplicación práctica por parte de las compañías aéreas y su efecto real sobre el bolsillo de los viajeros residentes en los territorios extrapeninsulares. Las sospechas de que el porcentaje de descuento adicional se trasladaría a las tarifas, falseando así el sentido y objetivo de la medida, fueron advertidas desde el primer momento, y pronto muchos viajeros pusieron ejemplos de cómo los precios de los pasajes se incrementaban automáticamente cuando en las reservas online se identificaban como residentes.

De momento, no se dispone de datos oficiales en relación con los vuelos desde Canarias a la Península y al resto del territorio nacional que confirmen estas denuncias particulares, muy extendidas en las redes sociales, pero sí se han oficializado ya en el caso de Baleares, donde en los últimos días las agencias de viajes de esa comunidad autónoma han presentado un informe, asumido como válido por el Gobierno balear, que demostraría claramente que, lejos de abaratarse los vuelos entre agosto y octubre por efecto de la nueva subvención, se habría incrementado en torno al 28% respecto al mismo periodo del año pasado. Y si es verdad que el mercado de las rutas baleares con el continente es muy distinto al de las canarias, lo lógico es pensar que la dinámica en la aplicación del descuento para residente puede ser muy similar dado que muchas de las compañías operan en ambos archipiélagos.

El Gobierno de Canarias insiste en que no tiene constancia de que el 75% de descuento haya provocado una subida de precios más allá de las circunscritas a las que tienen lugar en determinadas fechas donde la demanda se dispara, como lo están siendo ahora para el puente de la Constitución y para las próximas vacaciones navideñas. Las agencias de viajes nacionales asociadas a la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) tampoco ven incrementos significativos. Pero en un asunto tan sensible como este para los canarios, y ante los datos que se trasladan desde Baleares y las dudas entre los usuarios, no cabe otra en este momento que llevar a cabo una acción preventiva y abrir una investigación en profundidad que despeje toda sospecha. Bien está que el Ministerio de Fomento haya empezado a implantar un nuevo sistema de reserva de billetes con una mayor garantía de que la tarifa no estará condicionada al hecho de que el usuario se identifique al principio como residente, como ocurre en la actualidad, pero seguramente eso ya no será suficiente a estas alturas.

Si las compañías aéreas quieren demostrar que no se están quedando con una parte de la bonificación no tienen más que eliminar esa práctica incomprensible de preguntar a los viajeros si son residentes o no desde la primera pantalla del sistema de reservas. La operadora no tiene por qué saber ese dato más que para, una vez el viajero conozca el coste de ese billete con los complementos correspondientes, aplicar el descuento a la parte bonificable, es decir, la tarifa real exceptuando las tasas aeroportuarias.

La historia reciente de la aplicación de los descuentos aéreos ha estado salpicada de demasiados episodios como para no suponer a estas alturas que parte del esfuerzo de la Administración para atender esta justa medida puede estar en realidad engrosando las cuentas de resultados de las compañías aéreas a cuenta de las subvenciones públicas. Esa historia llena de episodios y sospechas es la que alimenta las crecientes reticencias de determinados sectores del Ministerio de Fomento para sostener el actual sistema de aplicación de ayudas, sobre el que se ciernen problemas y riesgos cada vez que políticamente el partido gobernante en Madrid se libera de ataduras políticas canarias en el Congreso.

Los nuevos indicios sobre el aprovechamiento indebido de las subvenciones por parte de las aerolíneas tendrían menos justificación si antes no se hubieran producido episodios como los fraudes en las liquidaciones de los billetes ante la Administración, presentando cupones superiores a los precios de venta abonados por los pasajeros, es decir, cargando al Estado un precio superior al se había cobrado al viajero para recibir una mayor cantidad de tarifa bonificada. De aquellos polvos, estos lodos.

La propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha reconocido que el sistema de aplicación de las subvenciones al transporte aéreo en Canarias y demás territorios extrapeninsulares sufre "fallos regulatorios" que lo hacen vulnerable a las prácticas fraudulentas y a la picaresca, por lo que recomienda un mayor control o una revisión del mismo. El organismo regulador y de vigilancia se pronuncia tajante sobre el riesgo de "apropiación" por parte de las operadoras de los descuentos a los residentes, e incluso de falseamiento de la competencia si como consecuencia de las ayudas no se traduce en menores tarifas. La CNMC está ya advertida y analizando la situación, y el propio Ministerio de Fomento ha anunciado que se ha puesto en contacto con la misma comisión para "poner en marcha mecanismos de colaboración en la detección de comportamientos contrarios a la normativa sobre competencia".

A todo ello se suma la reclamación del Gobierno de Canarias, como también lo han solicitado algunas formaciones en el Congreso, de que el Ministerio haga públicos los datos sobre evolución del coste de los billetes de que dispone el Observatorio de Conectividad y Precios, dependiente de la dirección general de Aviación Civil. También propone el Ejecutivo regional una acción concertada con Baleares, Ceuta y Melilla para actuar unidos en todo este frente y presionar a la Administración y, en su caso, a la CNMC para que actúen y garanticen que la bonificación tiene efecto real sobre el coste del billete. Para reducirlo, no para incrementarlo. Y si se detectan irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes. Canarias y los demás territorios beneficiarios de esta justa compensación no pueden estar siempre pendientes de estas sospechas y exigen un descuento aéreo sin trucos ni picaresca.