Se cumplen cuarenta años desde que el pueblo español en referéndum otorgase un contundente sí a la Constitución Española. Cuatro décadas desde que las Cortes Constituyentes la aprobasen por amplísima mayoría. Durante todos estos años ha servido para construir sobre ella un modelo de convivencia basado en los principios democráticos y en la consolidación de los Derechos Fundamentales. Quienes me conocen saben muy bien que el Constitucionalismo es para mí algo más que la asignatura que imparto en las aulas de la Universidad. Constituye la esencia de mi ideología, de mis creencias y de mi forma de entender el Derecho. Nada puede representar mejor mis ideales que la expresión del punto uno del primer artículo de la Carta Magna, donde se proclama un "Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
Y es justamente porque me defino como un constitucionalista entusiasta y convencido por lo que defiendo que ha llegado el momento de revisar algunos aspectos esenciales de nuestra Constitución. No existe objetivo más alejado de los principios y valores que representa una Norma Suprema que el de pretender petrificar y sacralizar su letra porque, pese a sus innumerables aciertos y bondades, evidencia una falta de adaptación al siglo XXI y pide a gritos la necesaria revisión de algunas instituciones. Sin embargo, y aunque tales defectos se reconocen de forma mayoritaria, son numerosas las voces que argumentan que ahora no es el momento adecuado para abordar una reforma constitucional. Algunos manifiestan que a día de hoy no existe el consenso deseable. Otros afirman que el clima político se encuentra excesivamente crispado. Y otros más, que las posiciones están muy distantes y que no reina la calma social necesaria para ponerse a la labor.
Cuando escucho tal diversidad de excusas me retrotraigo a aquella época de la Transición cuyo aniversario celebramos estos días. ¿Acaso cuando se constituyeron las Cortes en el año 1977 existía un amplio consenso previo? ¿No se defendían a finales de los años setenta posturas políticas radicalmente opuestas? ¿El ambiente social se caracterizaba por una apacible calma en las calles? Evidentemente, no. Es más, si por aquel entonces se hubiera aguardado para empezar a redactar el texto constitucional a que los posicionamientos fueran coincidentes y las diferencias ideológicas se disiparan, a buen seguro ahora no estaríamos celebrando el cuarenta aniversario de su promulgación. Ni siquiera el primero. "Buscar el momento adecuado" es un subterfugio, porque ese contexto ideal no existe ni existirá.
Aun así, es justo reconocer que tras la muerte de Franco los diputados y senadores disponían de un elemento común que ahora ha desaparecido. Antes, pese a las diferencias de ideas y a los enfrentamientos partidarios, todos aspiraban a un mismo objetivo y la labor parlamentaria se desarrollaba dentro de cierto respeto al adversario. En estos momentos, no se alza ninguna meta compartida sobre la que aglutinar a las diferentes formaciones políticas, y la rivalidad ha dado paso a una animadversión que hace imposible el debate y el encuentro. El hemiciclo ha dejado de ser un foro donde confrontar discursos para convertirse en una sede en la que el grito, el insulto y la descalificación campan a sus anchas. Prima más el postureo simplista de una camiseta reivindicativa que el esfuerzo serio y riguroso para cambiar las cosas. Se promueven las imágenes provocadoras para encender las redes sociales y las frases hirientes para ilustrar las portadas de los periódicos. El debate parlamentario se ha rendido a las reglas más burdas del marketing comercial con el objetivo de trasladar a los futuros votantes la publicidad que, supuestamente, desea ver. Se nos trata como a unos consumidores más a los que engañar para que compremos su producto. Si esto es así, cabe concluir que no procede comenzar en este momento ninguna reforma de la Constitución, pero no porque no sea necesaria, sino porque estamos huérfanos de líderes capacitados para llevar a cabo una tarea tan esencial.
De todos modos, y en honor a la verdad, nuestros representantes no son los únicos culpables de esta situación. De hecho, están ocupando sus puestos porque han recibido el respaldo de los votos de cientos de miles, incluso millones, de ciudadanos. Por lo tanto, su incapacidad política también refleja en cierta medida la incapacidad de sus votantes. No es presentable dedicarse a criticar exclusivamente a diputados y senadores sin, de rebote, encajar gran parte de los mismos reproches. Son demasiadas las personas que consumen discursos basados en el rugido más que en la palabra, en el desplante más que en la negociación, en el espectáculo más que en el trabajo, en la descalificación más que en la generosidad.
Y, mientras algunas normas quedan desfasadas y los problemas reales permanecen arrinconados, el tema de conversación es si hubo o no escupitajo de un diputado a un ministro. Se pierde un tiempo precioso comentando las llamadas al orden de la presidenta del Congreso ante unos desplantes de patio de colegio en el Pleno. Se enquista una guerra absurda de lazos de colores. Se perpetúa la utilización de las lenguas para establecer distancias entre unos de otros. Visto lo visto, la cuestión no es tanto si se debe reformar o no la Constitución -que está claro que sí-, como si la sociedad y su clase política están a la altura de los valores que el Constitucionalismo representa.
