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análisis

La naturaleza militar de la Guardia Civil

La Guardia Civil, como la España definida por el eximio historiador Claudio Sánchez Albornoz, es un enigma histórico. La historiografía no ha podido explicar cómo es posible que la Guardia Civil haya celebrado los 170 años de su fundación en la España invertebrada, y haya sobrevivido, con heroica y ejemplar entrega a sus obligaciones constitucionales, a los enfrentamientos civiles unas veces violentos y otras larvados de las dos Españas. Desde su fundación la Guardia Civil ha servido disciplinadamente a todos los gobiernos y regímenes políticos de España, muchos de los cuales intentaron infructuosamente disolverla o desmilitarizarla, aunque, sin excepción, no vacilaron en acudir a ella para mantener el orden público y el imperio de la Ley. El día que se consolide orgánica y jurisdiccionalmente la naturaleza militar de la Guardia Civil, habremos preservado y legado para las nuevas generaciones de españoles la institución más eficaz de la España contemporánea. La polémica sobre la naturaleza y dependencia orgánica y funcional ha sido una de las características históricas de la Guardia Civil desde su fundación hasta nuestros días, así como el debate entre los que apostaron por un modelo anglosajón, de naturaleza civil, y los que han defendido el modelo francés de la Gendarmería, de naturaleza militar, vinculado al ejército, que Napoleón había instaurado.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, define a la Guardia Civil como cuerpo de naturaleza militar dependiente de los Ministerios del Interior y de Defensa, en consonancia con la concepción que de su naturaleza había establecido el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y de la Organización Militar: "En tiempo de paz, el Cuerpo de la Guardia Civil dependerá del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza se le encomienden, y del Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones relativas al orden y a la seguridad pública", y el artículo 39 de la misma Ley que dispone que "en tiempo de guerra, y durante el estado de sitio, la Guardia Civil dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa". He venido sosteniendo que el marco legal anterior, promulgado durante la etapa de Gobierno socialista de Felipe González, y apoyado unánimemente por todas las fuerzas del arco parlamentario, no debe ser modificado, porque entronca perfectamente con las raíces históricas y con la mejor tradición de la Guardia Civil. El futuro del Instituto pasa necesariamente por terminar de consagrar su inequívoca naturaleza militar, que para consolidarla creo que, con el necesario consenso parlamentario, se debe sustituir el citado artículo 38.1 de la Ley 1/1984, por el texto del artículo 35 del proyecto de la misma que desgraciadamente no pudo aprobarse en la etapa de la transición: "La Guardia Civil es un cuerpo militar que, como tal, forma parte del Ejército de Tierra, dependiendo en los aspectos militares del Ministerio de Defensa, y en sus funciones de Orden y Seguridad Pública, del Ministerio del Interior", que en manera alguna altera lo dispuesto en los artículos 8.1 y 104.1 de la Constitución.

El decreto fundacional de la Guardia Civil de 13 de mayo de 1844 la vinculó claramente al Ministerio de la Guerra, en detrimento del de Gobernación, como quería su fundador el Duque de Ahumada, a quien Narváez le negó, sin embargo, la integración de la Guardia Civil como un cuerpo más del Ejército, al igual que la Gendarmería francesa, mucho más antigua que la Guardia Civil -su Carta Fundacional data del 17-4-1798-, fruto de la filosofía sobre la seguridad y la defensa nacional de la Revolución Francesa, moldeada por el genio militar y político de Napoleón Bonaparte. Por eso se mantiene como una de las instituciones más veneradas y respetadas de Francia. La Gendarmería depende exclusivamente del Ministerio de Defensa, tiene atribuida la defensa operativa del territorio, está dotada de armas de guerra, de aviones de combate en sus funciones de Gendarmería Aérea, de embarcaciones especializadas en sus funciones de Gendarmería Marítima -precedente de la Guardia Civil del Mar-, de Unidades de policía judicial al servicio de los Jueces y del Ministerio Fiscal, y de Unidades de Seguridad ciudadana para actuar cuando sean requeridas para esa finalidad por las autoridades competentes en la materia; esto es, una fuerza militar que en tiempos de paz preste inestimables servicios a las instituciones democráticas y a la seguridad pública y que, al mismo tiempo, constituye un ejército profesional operativo y eficaz, tal como ahora se propugna. Así lo entendió Weyler, el general español, junto con Prim, demócrata medular y liberal por antonomasia, en su etapa de Ministro de la Guerra, que acometió la elaboración de un proyecto para suprimir la Dirección General de la Guardia Civil e incardinar su estructura en dicho Ministerio, sin detrimento de su vinculación funcional con el Ministerio de la Gobernación.

La izquierda política española debe desterrar sus perjuicios contra la naturaleza militar de la Guardia Civil. La Guardia Civil o es militar o no es nada. No se debe olvidar que la II República se pudo proclamar pacíficamente por el Gobierno Provisional el 14 de abril de 1931, cuando el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, la puso a disposición de la República -aunque luego se alzó contra ella- en casa de Miguel Maura, en la que estaba Niceto Alcalá Zamora, que fue luego utilizada para aplicar la Ley de Defensa de la República de Octubre de 1931. El primer gobierno de la República intentó disolver a la Guardia Civil, pero se opuso enérgicamente Miguel Maura, ministro de la Gobernación, sin valorar los cientos de conflictos laborales en los que intervino con prudencia y eficacia a pesar de que prestaba los servicios con arma larga y sin que se le dotara de medios antidisturbios incruentos.

Franco también pretendió disolver a la Benemérita, a lo que se opuso el Ministro de la Gobernación, el catedrático canario de Derecho Civil Blas Pérez González, que admiraba a la Guardia Civil. El 66% del Cuerpo había permanecido leal a la República, -sólo uno de los siete generales de la Guardia Civil se sublevó contra esta- pero cuando el régimen franquista tuvo graves dificultades para reprimir a los maquis, recurrió también al Instituto Armado, muchos de cuyos números murieron, o fueron expulsados y condenados en Consejos de Guerra por no emplearse más cruentamente en dicha represión. En la causa 130/1936 se dictó sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales el cinco de marzo de 1938, que condenó por el delito de rebelión militar al teniente coronel de la Guardia Civil Emilio Baraibar Velasco, al comandante de la Guardia Civil Joaquín Laureano Pérez y al comandante de la Guardia Civil José García Silva, los tres jefes de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, por no haberse sumado a la insurrección militar, aunque se inhibieron de toda acción contra el ejército, lo que le salvó la vida al teniente coronel, condenado a muerte, y a la expulsión del cuerpo, corriendo la misma suerte que los generales de la Guardia Civil Escobar y Aranguren, fervientes católicos, que permanecieron leales a la República, por lo que fueron condenados a muerte y ejecutados terminada la guerra. La Guardia Civil fue depurada por el caudillismo retirándose a 150 jefes y oficiales, expulsando a más de mil guardias civiles y ocupando la Dirección General un teniente general del Ejército, y su estado mayor por oficiales del Ejército, situación que duró hasta los gobiernos de Felipe González, que posibilitó que el Estado Mayor estuviera integrado por oficiales del Cuerpo.

La Guardia Civil ha sido un pilar fundamental para la consolidación de la democracia surgida de la Transición y de la etapa histórica de mayor estabilidad y progreso de la España contemporánea, por la que se sacrificaron 236 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA, la mayoría muy jóvenes, con la secuela de muertes de sus hijos y familiares inocentes en los sangrientos atentados contra la Guardia Civil y sus casas, a los que el pueblo español debe rendir permanente homenaje y agradecimiento para no olvidarlos nunca. La Guardia Civil ha mantenido inalterablemente su lealtad al pueblo español aun en las etapas más dramáticas de su historia, y cuando media España se enfrentó a la otra media en la guerra civil, la Guardia Civil se sacrificó por las dos, por las que dieron sus vidas 2.700 guardias civiles (el 83% por el bando republicano). Ni la República ni el franquismo apoyaron ni dotaron a la Guardia Civil de medios personales y materiales a la altura de su misión histórica. Como se dijo, certeramente, en el diario Hoy durante la II República: "La Guardia Civil no ha claudicado; no ha claudicado nunca. El deber los mantiene firmes, sometida al Estado, sea socialista, liberal o católico, según la voluntad del pueblo. Pero el tricornio no puede cambiar, y sirve siempre al Estado, llámese como sea".

Han sido, precisamente, dos ilustres socialistas los que mejor han definido la trascendencia histórica de la Guardia Civil: Benito Pérez Galdós, presidente de la Conjunción Republicano Socialista desde 1907 a 1913, que en El Imparcial (13 de mayo de 1910), había escrito: " Voy a irme con Pablo Iglesias. Él y su partido son lo único serio, disciplinado, admirable, que hay en la España política. [?] ¡Es por el socialismo por donde llega la a aurora"; y Pi y Margall, socialista catalán, fundador del Federalismo Español, y uno de los presidentes de la Primera República. La Orden Circular de 18 de junio de 1873 firmada por Pi y Margall, decía: "La Guardia Civil ha sido, como debía, el brazo de todos los gobiernos, el firme escudo de las leyes de los partidos y los vaivenes de los tiempos. En épocas normales ha prestado grandes servicios defendiendo los caminos y asegurando en los campos la propiedad y las personas; y en luchas como la presente no ha escaseado ni su actividad ni su sangre por acabar con las facciones y sosegar los tumultos de los pueblos. El Gobierno tiene en esta guardia completa confianza y así desea que la tengan V. S., porque no se debe jamás juzgar de un cuerpo por las faltas que hayan podido cometer algunos de sus individuos". En sus Episodios Nacionales, la principal y fundamental novela historiada de nuestro convulso siglo XIX, remata genialmente don Benito Pérez Galdós la etapa de Gobierno de González Bravo subrayando la creación de la Guardia Civil como la gran excepción positiva de su mandato, con estas palabras: "...Y no fue su Gobierno de cinco meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a las coacciones, de perseguir al partido contrario y de mover, sólo por hacer ruido, los podridos telares de la Administración, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil". Galdós comprende la entraña institucional de la Guardia Civil y la expresa de forma bellísima e insuperable: "Fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil". Estas afirmaciones las hacía don Benito a finales de 1900, con su perspectiva del tiempo y su proverbial capacidad para analizar críticamente la España de su tiempo. Al celebrarse los 174 años de la fundación de la Guardia Civil el pronóstico de Galdós se ha cumplido plenamente.

Eligio Hernández.

Magistrado jubilado

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