Eran los grises los que entraban con un jeep por la puerta de garaje de la calle Murga, con sus correspondientes metralletas, y ordenaban parar la tirada del Diario de Las Palmas en la rotativa Marinoni para que no saliese una noticia que no interesaba al búnker franquista, que acababa de enterrar al dictador. Me lo contaba Pepe Sánchez, corrector en el año de autos, en la ahora sala de arte del Club LA PROVINCIA, lugar donde se había producido el sablazo (o asalto) a la libertad de expresión y al derecho a la información. Décadas y décadas después, entre los fastos -una coincidencia singular- de los 40 años de la Constitución, va un juez y nos retrotrae a esa época de secuestro de publicaciones, frenazos en seco de las tiradas, sellos de la censura, autorizaciones previas, multas y juicios. El magistrado, nada menos que con el visto bueno de la Fiscal General socialista, envío a varios agentes a la redacción del periódico Diario de Mallorca y se incautó de las herramientas informáticas y móviles del colega Kiko Mestre para conocer sus fuentes de información en el caso del empresario de la noche Cursach. La resolución judicial esgrimida por los sabuesos es determinante: saber quién es el autor de la filtración de un informe. Un interés que pisotea la Constitución por violar el secreto profesional, pero que sienta además un precedente que afecta al meollo de la profesión periodística: la investigación, el ejercicio de la crítica al poder, que no es omnímodo, sino que tiene en la libertad de información una de las piezas básicas para su control. Hablamos de Vox y de las consecuencias de su ideario fascista, pero también contemplamos asombrados la ligereza con la que un juez actúa contra los pilares de la democracia apoyado por el brazo judicial del Estado. A estas alturas sería recomendable ver Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg. Un logro tan alto no puede ser vapuleado por un mindundi.
