Y a tenemos gobierno del PSOE y es de la máxima urgencia y por decreto ley (no por pactos) modificar en la enseñanza lo que no funciona, lo que es un clamor social, lo que lleva al malestar en las aulas y distorsiona los centros. Lo que comenzó ZP lo terminará ZPedro dando jaque (no puede mate) a la Enseñanza Concertada y a las Clases de Religión. La ministra Isabel Celáa subraya: La Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media, esta materia no ha de contar con alternativa y, al tiempo, anuncia una asignatura de valores cívicos y éticos que no será optativa. La cosmovisión religiosa, que es voluntaria, hay que arrinconarla y sin embargo la cosmovisión del "progresismo laicista", que no es de toda la sociedad, tiene que ser obligatoria y con valor académico.

Con una muy peculiar interpretación de los principios democráticos, los sectores más radicales del "progresismo" español se empeñan en tratar de impedir que los padres ejerzan el derecho que le reconoce la Constitución Española. Si con los pensionistas, con las sentencias judiciales a cuenta del caso de La Manada, y hasta con el secesionismo catalán hay que escuchar "la demanda social" de la población ese mantra vale para todo menos para dejar que los padres decidan la educación que quieren para sus hijos (si los padres quieren llevar a sus hijos a colegios concertados hay que decirles que no, y si el 68% de los alumnos optan por religión en la escuela hay que devaluar la asignatura).

Sin embargo es a los padres o tutores, no al Gobierno, a quienes la legalidad les otorga y reconoce la capacidad para tomar decisiones en cuanto al modelo de educación y, en particular, lo relativo a la formación moral y religiosa de sus hijos. Mal que les pese a los ultras (a la izquierda catolofóbica y a la derecha islamofóbica) ese derecho lo ejercen por igual en España quienes eligen para sus hijos una formación moral y religiosa confesional (católica, evangélica, islámica o judía) y quienes eluden esas opciones, acogiéndose desde la LOMCE a otra materia a la que se le ha dado consistencia para que sean, las dos, equiparables al resto de asignaturas.

Ante las leyes defensoras de este derecho, que asiste a padres y tutores, y la imposibilidad del gobierno de ZPedro de quitar la asignatura, pretenden debilitarla haciendo otra vez lo de antes, esto es, que no sea evaluable, y ya se sabe, lo que no se evalúa se devalúa. Ya empezarán de nuevo en las redes sociales y en los colegios con lo de: "No se puede evaluar la fe", "la catequesis, fuera de la escuela", "el Estado no puede consentir el adoctrinamiento religioso en los centros públicos" "a rezar, a las iglesias"? Estas, y algunas otras frases, siempre despectivas y zahirientes, intentan desacreditar ante la opinión pública la disciplina académica que la mayoría de los padres en derecho han elegido para sus hijos, y al mismo tiempo, degradan y atentan contra los profesionales que imparten esta materia. Quien ataca el trabajo, ataca al trabajador.

No hay un colectivo de trabajadores más desprotegidos que los profesores de religión y resulta curioso que la lucha emprendida en contra del acoso en los centros educativos no se aplique a estos profesionales. El mobbing por razón de religión es una constante en los centros educativos cuando se promueven iniciativas como las que propugna la Ministra Celáa. Me he encontrado en un centro como a la profesora de Religión se le llamaba "Reverenda", y como el autor de la mofa se ofendía cuando le dije "Lenguarón" por ser el Jefe del Departamento de Lengua. También he escuchado a algunos profesores referirse al aula de religión como "la capilla", o atacar las creencias de los alumnos en otras asignaturas y recriminar que eligieran la materia; hasta en un claustro intervino un profesor para solicitar que se quitara la obligatoriedad del centro de ofertar la asignatura.

Estos son los únicos trabajadores que los "sindicatos de clase" dejan en la indefensión y a los que las leyes educativas recortan en horario y en salario. El que exista este personal laboral docente no se justifica, más bien al contrario, por el beneplácito de quien gobierna, ni tampoco como una concesión "graciosa" a las confesiones religiosas. La asignatura de Religión es obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, es decir, elegida cada año escolar por los alumnos o sus padres, por lo que obedece a una "demanda social" y da cumplimiento al derecho que tienen las familias de elegir en libertad.

En toda Europa los alumnos de Teología reciben becas por parte del Estado y los títulos expedidos por esas Facultades tienen el mismo reconocimiento civil que cualquier otro. Como requisito para dar clase de Religión en los centros públicos el Estado exige al profesorado la misma titulación que al resto de docentes. Muchos compañeros de Religión, como no podría ser de otra manera, se presentan sin ninguna traba legal a oposiciones de otras ma-terias.

¿Para qué esta exigencia académica por parte del gobierno a los profesores de religión si no los trata como profesionales de la enseñanza sino como catequistas de parroquia? ¿Cómo se les puede contratar como personal laboral docente si no hay un seguimiento del grado de asimilación de los alumnos a los que les imparte clases? Todo docente sabe hasta qué punto resulta inadmisible que no se evalúe el trabajo que los alumnos realizan en el aula. De hecho, nadie ha planteado tal pretensión en relación con ninguna otra asignatura dentro del sistema educativo, ya que si esto se produjese la asignatura dejaría de ser "fundamental y equiparable al resto" y se convertiría no ya en una actividad complementaria, sino en algo extraescolar que se imparte en el Centro y dentro del horario lectivo.

Creo que estamos ante un claro caso de prevaricación, ya que hay jurisprudencia del TS y del propio TC, e incluso a la derivada de una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en dirección contraria a lo que el PSOE quiere hacer: "Considera la Religión como "materia fundamental" y determina que su calificación ha ser tenida en cuenta en los expedientes académicos". Igualmente aclara que "los centros de enseñanza han de ofrecer otra asignatura alternativa para los alumnos que no la elijan por respeto al principio de igualdad, no es admisible que algunos alumnos cursen más asignaturas que otros."

Como se puede comprobar hay argumentos legales contundentes, sin tener que hacer referencia a los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede y que son de obligado cumplimiento.

No entiendo como en una sociedad tan plural y multicultural ha de ser precisamente solo lo relativo a las creencias lo que debe quedar relegado a la esfera de lo íntimo y suprimir este saber fenomenológico y cultural. La escuela pública debe ser de todos, y por tanto, aconfesional, neutral, y no favorecer a la parte que aboga por la supresión o devaluación de la asignatura de Religión e impidiendo que los alumnos que lo deseen puedan hacer la síntesis fe/cultura en un proceso de formación integral. Esta es la "demanda social" del 68% de familias y que contraviene la Ministra de Educación.