De verdad que todo consiste en invertir y gastar mejor, como quien se afeita mejor por las mañanas, o que la gestión política radica en establecer un impuesto a cada problema o en cada actividad, o que se trata de disponer de buena voluntad y de un reparto de culpas cuasiteológico para que la prosperidad llegue a todos? Es posible, pero improbable. Canarias padece un conjunto de problemas estructurales generados en parte (no pequeña) por su geografía y en parte (mucho mayor) por lo que han sido las características de su desarrollo histórico y por las opciones que han tomado las élites del poder económico. Los que en el pasado nos mató el hambre ahora puede matarnos de gastroenteritis. No es nada extraordinario: los sistemas económicos cambian, los ciclos terminan convirtiendo ventajas en óxido, surgen nuevos marcos, problemas y oportunidades. Pero lo que no existe es un diagnóstico básico consensuado que impregne las administraciones públicas, el debate político y la sociedad civil. Desde luego que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía y el REF -y en ambos casos bajo el liderazgo del Gobierno autónomo- pero cabe recordar el retraso que acumularon ambos instrumentos jurídicos y normativos en su debate y tramitación. Ocurre, sin embargo, que las fuerzas políticas no extraen consecuencias de los logros conseguidos y prefieren eludir obviedades incómodas y cuya superación es compleja y exige amplios acuerdos, estrategias compartidas, determinación y continuidad.

Canarias es un país, comunidad autónoma o nacionalidad (táchese lo que no proceda) cuyo tejido empresarial está compuesto abrumadoramente por pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Es difícil crear muchos puestos de trabajo a un ritmo sostenible sin grandes y medianas empresas, que son las únicas que, por sus dimensiones, sus ingresos y sus posibilidades crediticias, pueden invertir en investigación e innovación. Un tejido de microempresas no conseguirá nunca el pleno empleo ni contribuirá a un nivel salarial razonable, con su consiguiente impacto en el consumo. Entre 2012 y 2013 se llegó a una situación espeluznante: el empleo público, más pensionistas y parados con seguro, superaban al empleo en el sector privado. ¿Menos impuestos? En 2012, 2013 y 2014 la recaudación total de las Haciendas estatal y canaria no llegó al 50% del presupuesto general de la Comunidad autónoma.

Y al menos tanto el empleo como el mercado laboral o la fiscalidad forman parte del discurso político de las islas. Algo tan decisivo como la productividad de empresas y trabajadores, en cambio, no se cita jamás en entrevistas ni titulares. La productividad lleva cayendo en Canarias desde antes de la crisis financiera en 2008: una evidencia de la falta de eficacia y eficiencia. Con una productividad declinante el crecimiento económico estable, expansivo y creativo queda en entredicho. Y a medio plazo, el Estado de Bienestar.

Todas estas circunstancias, tendencias históricas y modelos de comportamiento no desaparecen con una docena de decretos, un nuevo reparto de consejerías, bajando tributos o creando subsidios. Exigen un proyecto básico de país que compartan las fuerzas políticas, las organizaciones empresariales, los sindicatos y los profesionales, las mujeres, los jóvenes. Citaré, según mi (mala) costumbre, a Finlandia, que en 40 años se transformó en un nuevo país, moderno, con una amplia y sólida democracia, pujanza económica y unos potentes servicios sociales, a través ideas claras, sentido del riesgo y un programa compartido por socialdemócratas, liberales y conservadores. Los finlandeses, a principios del siglo XX, gozaban de una fama de gentes melancólicas, poco resolutivas, bastante resignados, encerrados en una nostalgia incurable de sí mismos. No sé si les suena.